Los eventos criminales en Texcaltitlán en el Estado de México y en Salvatierra Guanajuato expresan el tema fundamental: no se ha procedido a una reconstrucción completa de la inteligencia nacional que comprenda, no cuestiones de orden administrativo, sino por departamentos especializados en cada región del país conforme a la incidencia delictiva y los pormenores de la actividad de las estructuras criminales, sus emplazamientos territoriales, sus disputas con organizaciones rivales y las complicidades detectadas en las instituciones de la República. Es decir, un cambio basado en un nuevo concepto de inteligencia estratégica y operativa acorde al momentum criminal que confrontamos, las instituciones y los ciudadanos.
Obviamente el tema es macro complejo, aquí sólo adelantamos unas cuantas ideas. Emito mis opiniones con gran respeto a quienes están en la primera línea de fuego en esta increíblemente difícil tarea de combatir al crimen transnacional organizado. Estas masacres se han producido en dos de los cinco estados con mayor incidencia delictiva, por la presencia y disputa entre grupos criminales organizados, como son el estado de Guanajuato y el Estado de México.
Si la inteligencia de Estado, civil, policial o militar no logra adelantarse a los eventos para neutralizar los riesgos y/o amenazas, no tiene el atributo de relevancia coadyuvante que de ella se necesita. Ya sabemos la gran complejidad de ello, pero estamos hablando de que en dichas áreas existen profesionales de la actividad que tienen varios o muchos años en ella, y poseen una base humana de miles de personas involucradas y recursos materiales, tecnológicos y financieros nada despreciables. Necesitamos una base de 70% de especialistas y 30% de personal administrativo. Un servicio ultra especializado no reactivo.
¿Quién alzará la mano para decir vamos a una reestructuración a fondo de la inteligencia nacional para darle mayor efectividad? Lo he dicho en otras ocasiones: en el gobierno de la transformación nacional este tema se dejó de lado. Mis expectativas se ubican ya en el próximo gobierno, pero podríamos hablar de un proceso de transición que se eche a andar en las próximas semanas si hubiera consenso de esta necesidad imperiosa. El presidente debe estar consciente de ello.
No podemos partir, con relación a los enfrentamientos habidos en el Estado de México, como se dijo en conferencia de prensa, de una llamada recibida en el 911 que avisaba de la violencia desatada, después convertida en masacre. Pero antes, hubo dos reuniones de negociación de habitantes del municipio con los criminales que trataban de pactar una renta por derecho de piso lo más alta posible, sin que la autoridad se hubiera enterado de ello. En la inteligencia no sólo está el trabajo de campo de los agentes profesionales, los grupos de tarea y la base de informantes o el intercambio de información con otras agencias, sino la planificación de la actividad permanente de la autoridad central conforme los “focos rojos” detectados, la vigilancia y el monitoreo, la intervención constante.
¿Los ciudadanos negociando con los criminales su subordinación con dinero de sus bolsillos sin que la autoridad se entere de nada? No puede ser.
La hipótesis de la Fiscalía del Estado de Guanajuato es que se trató de un evento “ocasional” o un tanto circunstancial, no planificado por la estructura criminal, a partir de gente que desalojan de una fiesta y regresaron a asesinar a mansalva a todo el que estaba enfrente. Ello “conforme a 35 entrevistas realizadas a testigos que sobrevivieron al ataque. ¿Dentro de las personas expulsadas de la fiesta había un alto personaje criminal con la capacidad para ordenar y generar una represalia de tal magnitud? En su caso, ¿un personaje así tiene necesidad de andarse tratando de infiltrarse en una fiesta ordinaria? No se ha explicado nada al respecto. A la hipótesis formulada sobre la masacre se agregó “que podía ser el responsable un grupo delictivo que actúa en la zona”.
Me parece también una muy débil respuesta de la autoridad competente ante la masacre consumada, aunque puede ser que no se quiera revelar, tanto para el Edomex como para Guanajuato, más información sobre los eventos por razones de secrecía. Ojalá que sea así, porque lo manifestado públicamente expresa mucha sorpresa y desorientación, una ausencia de información de inteligencia que la hace prácticamente inexistente. Esperamos estar equivocados.
Las masacres nos remiten inmediatamente a dos aspectos centrales de la trama criminal en el México de nuestros días: nadie puede negar los avances logrados, pero estos son notoriamente (y desigualmente) insuficientes, porque estos eventos son de un altísimo impacto y costo social.
En múltiples ocasiones personalmente como estudioso de muchos años de la problemática de las organizaciones del crimen transnacional organizado, dentro de los pocos columnistas que escribimos sobre ello analítica y propositivamente, y como y de los procesos de reestructuración de los aparatos de inteligencia de Estado en otros países latinoamericanos, la pieza angular de un mayor avance está en la reconstrucción a fondo de los servicios de inteligencia con importantes cambios conceptuales que orienten la misma, como se ha ensayado en otros países, la cual incluya las actualizaciones normativas de orden constitucional y secundario. No es suficiente la coordinación cotidiana de los esfuerzos al más alto nivel, se requieren transformaciones de otro orden ¿por qué en distintos sectores de la institucionalidad pública se acepta ello sin mayor problema y en la inteligencia sobre esto ha habido tanta resistencia?
Creo intuirlo: porque tal proceso revisionista conllevaría un conjunto de ajustes que desembocarían en la revisión de la estrategia de seguridad y combate criminal misma, y obviamente no se desea abrir este frente al escrutinio político-social ante una oposición mezquina y sin propuesta que calumnia abiertamente. Y se ha considerado, además, que los flujos de información de inteligencia militar y civil es suficiente para desarrollar el combate a la criminalidad, y que los programas sociales están haciendo su parte. La evidencia, repito, nos exhibe avances insuficientes.
Pero el mayor compromiso de la máxima eficiencia y efectividad posible es con la sociedad, el decir y hacer de los liderazgos partidistas anquilosados y obsoletos que pretenden volver al paradigma de combate frontal contra las organizaciones criminales debe pesar muy poco o nada en los procesos de cambio indispensable en la materia. Porque desafortunadamente las masacres se vuelven a producir, no entre fuerzas federales y organizaciones criminales, sino en contra ciudadanos desde las estructuras de la delincuencia organizada, que es mucho peor.
En el caso del Estado de México desde los debates entre candidatas, no obstante que el formato pactado no era propiciatorio a referencias programáticas básicamente argumentadas, se apreció una clara debilidad respecto al tema de seguridad y criminalidad, con apenas algunas ideas, a pesar de que el tema es muy álgido. Algunos analistas avanzamos propuestas, pero la alta autoridad pública no escucha ni a los analistas ni a los académicos a pesar de sus fallas evidentes.
Articular la política criminal, la política de seguridad y la política de bienestar social, con la política anticorrupción, base central del nuevo paradigma, requiere una concepción de gobernanza especialmente integrada que se traduzca en políticas públicas dirigidas a lograr los objetivos concretos trazados, un mayor control de la autoridad pública del fenómeno criminal sin una montaña de cadáveres de por medio. No hay en distintos gobiernos estatales ni siquiera el enfoque conceptual mínimo que articule los esfuerzos. ¿Qué resultados se pueden obtener así?
En Edomex requerimos una política de ataque a la inseguridad diferenciada en las 12 regiones del Estado de México que comprenda los 125 municipios, conforme a las organizaciones criminales y sus disputas y alianzas, sus incidencias delictivas, pero integrada en una estrategia común. Inteligencia y más inteligencia especializada y con cuadros plenamente confiables. Depuración e innovación de cuadros, procesos, políticas y recursos de todo tipo estructurado dentro de un programa que pueda ser conocido por la sociedad. Y dentro de esa dinámica general planificar el trabajo de las Mesas de Pacificación, para actuar con efectividad, no con formalidad.
Es evidente la ausencia de un programa básico sobre estos campos de acción del gobierno. No sé cuánto tiempo más podamos estar así, improvisando, reaccionando y presenciando eventos de alto costo social con decenas de muertos y heridos. Esperamos no se repita, pero ya un cartel de los dos más poderosos en el país anunció recientemente su llegada al Valle de Teotihuacán y “una limpia” de adversarios en la zona de esta entidad federada. ¿Se están tomando providencias para esta eventualidad?
No obstante, muy feliz cena navideña para todos.