Lo siento por Norma Piña. A lo largo de su trayectoria en la vida pública de México, se ha convertido en un blanco de ataques, infamias, denuestos, insultos y tergiversaciones de sus hechos y dichos.

Ese rol no corresponde a un ministro de la Suprema Corte, y aun menos, a un personaje que ha ostentado el prestigiado cargo de presidente del máximo tribunal del país. Esta responsabilidad es quizás el sueño de cualquier jurista en el mundo.

El régimen que hoy gobierna ha acusado a Norma Piña de todo lo que un ciudadano puede ser objeto. Según se estima, la animadversión de AMLO y de sus corifeos inició aquel día que la ministra decidió permanecer sentada en el evento de Querétaro de 2024.

A partir de aquel momento, el obradorismo ha interpretado el acto como el más soez y altanero hecho realizado contra el presidente de la República. Como si se hubiese tratado de una ofensa criminal contra el monarca o Su Alteza Serenísima, el expresidente decidió emprender una serie de acciones políticas que conducirían eventualmente a la perniciosa reforma del Poder Judicial.

Sin embargo, no todo se limitó al acto de Querétaro. Las decisiones de la Suprema Corte de invalidar acciones del gobierno claramente inconstitucionales, como el traspaso de la Guardia a Sedena o la reforma electoral, condujeron a una exacerbación del odio obradorista hacia una mujer que, a la luz de cualquier criterio jurídico, no hizo mas que su deber.

El régimen ha aseverado que Norma Piña es corrupta y partidista, y ha hecho circular rumores sobre su supuesta reunión con líderes de la oposición. Si efectivamente lo hizo, habrá cometido un error. Sin embargo, la integridad misma del Estado mexicano y su orden constitucional no debían pagar las consecuencias.

Es una pena. Y lo es aun más si se considera que uno de sus detractores, un individuo de nombre Arturo Zaldívar, es hoy responsable de la dirección de las reformas en materia de justicia: un individuo cuya reputación está hoy en el fango y cuyo nombre difícilmente será olvidado rumbo a los próximos años.

Por último, la más reciente decisión de la presidenta Sheinbaum de no invitar a Piña a la ceremonia de aniversario de la Constitución es un signo más de la auto percepción del régimen como dueños de la Carta Magna, del Estado y del país.