Por el Pordiosero
El jueves próximo, Luis Miguel Victoria cumplirá 8 años 6 meses al frente del sindicato del ISSSTE, con resultados adversos a los trabajadores: ese tiempo las condiciones generales de trabajo no han sido revisadas, desde 2019 no se entregan uniformes, ha sido cómplice del saqueo de la comisión de auxilios y del enriquecimiento súbito de la familia García Culebro y de Raúl Arellano y Francisco Alonso Jácome.
Y pese a que el semáforo epidemiológico en el país a partir de este lunes 1 de noviembre y durante los próximos 14 días situará a 29 estados -incluidos la Ciudad de México y el Estado de México- en verde, a 2 en amarillo y únicamente 1 en naranja, a él no le corre prisa por iniciar el proceso electoral de los próximos dirigentes sindicales.
La gestión -la segunda- del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) concluyó desde el pasado 4 de mayo, la que, sin tener sustento en su estatuto interno, fue ampliada hasta en tanto hubiese condiciones para convocar a congreso para introducir el voto personal, libre, secreto y directo, como forma de elección.
El pasado 22 de septiembre, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) realizó elecciones en las que resultó triunfador Aarón Ortega Villa como presidente, cuando la capital del país se encontraba en semáforo epidemiológico en naranja. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje le otorgó el reconocimiento gubernamental el viernes 15 de octubre, el mismo día en que se anunció que la ciudad pasaba al color verde.
Otros sindicatos nacionales, como el de Agricultura, han realizado elecciones en los últimos días, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores Servicio del Estado. Así, Pedro José Escárcega Delgado asumió el liderazgo de esa organización.
Victoria Ranfla fue electo presidente del SNTISSSTE en mayo de 2013, y cuatro años más tarde rompió una tradición mantenida desde la fundación de ese sindicato de no permitir la reelección del dirigente en turno, con el argumento que desde la dirección general del instituto, encabezada entonces por José Reyes Baeza, se lo pedían por ser el único que garantizaba estabilidad.
Previo al congreso electivo de 2017 garantizaba que no buscaría la reelección. Mi salud es primero, decía.
El pasado 29 de septiembre, en una entrevista afirmó que “no hay interés” en una segunda reelección. En un pleno de comité ejecutivo nacional sindical, recordó que en marzo sufrió un paro cardiaco.
Sin embargo, un día antes de esa declaración pública, impulsó un punto de acuerdo para solicitar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) autorización para realizar el congreso extraordinario de reforma estatutaria. Sólo dos días después la Ciudad de México y el Estado de México pasaron a verde en el semáforo epidemiológico.
Victoria Ranfla alarga los tiempos con la intención buscar dos objetivos: 1) que concluyan las licitaciones convocadas por el ISSSTE para la compra de vestuario y uniformes de trabajo en beneficio del emporio de Luis Francisco Molleda Cámara y Sergio “El pollo” Moreno, sus proveedores favoritos; y 2) generar condiciones que le permitan una nueva reelección.
Si tuviese voluntad, hubiera iniciado ya el proceso electoral. Las fracciones XXIV del artículo 70, XII del 75 y V del 96 del estatuto le otorgan la facultad exclusiva para convocar a pleno al comité ejecutivo nacional para discutir y someter a votación la convocatoria a congreso extraordinario de reforma estatutaria.
Al no hacerlo es para alargar los tiempos innecesariamente. El argumento que está a la espera de la respuesta del TFCyA carece de solidez. Tiene la certeza que si bien en varias secciones sindicales existe molestia por su ilegítima permanencia en la presidencia más allá de los tiempos estatutarios, tiene el control de la estructura y de las cuotas que le permiten acallar inconformidades. ¿Alberto Noé Berumen o Carlos Fermín García Culebro le negarían aplicar sanciones a quien tuviera la osadía de exigir elecciones? Sus manejos oscuros de dineros en gestiones pasadas penden sobre ellos como espadas de Damocles.
Incluso tiene la ventaja que controla el anteproyecto de reforma estatutaria para torpedear candidaturas indeseables. La cercanía con el magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la primera sala del TFCyA y-tío de su aliada incondicional, Erika Pérez Tovar y promotor de la precandidatura presidencial del canciller Marcelo Ebrard- le garantiza la toma de nota, aún cuando no se ajuste de manera escrupulosa a la legalidad.
El tribunal de conciliación no es muy pulcro en la aplicación de la ley -en el SUTGCDMX legalizó un directorio sindical no previsto por los estatutos para torpedear la elección democrática, la primera conforme a la reforma laboral, del 9 de enero de 2020-, y el magistrado León Tovar tiene influencia en la toma de decisiones.
La última parte de la fracción II del Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, prevé: “el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo el derecho de votar y ser votado”.
La última prórroga que el TFCyA otorgó al reconocimiento gubernamental a las dirigencias sindicales que concluyeron sus gestiones durante la pandemia, concluyó ayer domingo 31 de octubre. ¿Carece, a partir de hoy, de personalidad jurídica la gestión de Victoria Ranfla y el comité ejecutivo nacional del SNTISSSTE?
*Colaboración especial para SDPnoticias de Agendapropia, portal especializado en asuntos sindicales.
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