Para los que provenimos del mundo sindicalista en este país, sabemos que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión social se encuentra en el ojo del huracán; ese lugar donde todo parece estar en calma, pero dados unos pasos, en cualquier dirección, te encuentras irremediablemente con la tormenta.

¿Cuál es esa tormenta?, la de poder llevar a cabo la Reforma del 2019 de Andrés Manuel López Obrador (manufactura de Arturo Alcalde Justiniani) en lo referente a la “democratización de los sindicatos”. Tarea compleja, por decirlo de alguna manera, tan fácil y tan complicada al mismo tiempo.

En mi propia experiencia, al acudir a denunciar las corruptelas de mi sindicato -ASSA de México, donde su padre es asesor jurídico- los trabajadores recibimos sistemáticamente la respuesta “no podemos entrometernos en sus asuntos internos”. Entonces la pregunta surge a flor de piel: si no es la Secretaría del Trabajo, ¿qué órgano gubernamental puede y debe velar por el respeto a las condiciones laborales y sindicales de los trabajadores?

Detesto las comparaciones “odiosas”, pero ese tipo de respuesta es la que en varias ocasiones nos espetó un secretario del Trabajo, entonces panista, el mismísimo Javier Lozano Alarcón, solo para lavarse las manos sin empacho, eludiendo su responsabilidad, y logrando que todo siguiera exactamente igual.

Es por ello que, en recientes días, tengo empatía con las denuncias de los trabajadores petroleros. Siento mías sus demandas y me lleno de rabia e impotencia al ver a la “autoridad” volteando para otro lado, haciendo lo mismo que el poco célebre (léase detestable) Lozano: lavarse las manos.

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En el caso de mi sindicato de sobrecargos, se ha denunciado en dos ocasiones la ilegalidad con la que se reeligió -dos veces- en 2016 y en 2019 el actual Secretario General. La autoridad pidió que se hiciera primero lo conducente en el interior del sindicato, esto es haciendo las “consignaciones” correspondientes en las áreas sindicales.

Sí, estoy consciente del principio jurídico de “agotar todas las instancias”, pero el problema surge cuando tanto en la Comisión de Vigilancia y el Tribunal de Honor y Justicia (las famosas áreas correspondientes) con cinismo rampante no te aceptan ni siquiera recibir las consignaciones. Así como lo leen, pusieron mil pretextos, algunos tan ridículos como inauditos, incluyendo “es mí hora de comida, falta la compañera de la comisión, no tengo el sello, etc…”, impidiendo iniciar el proceso que solicita la autoridad para explorar “sí puede hacer algo”.

La numeralia cambia dependiendo el medio de comunicación; para el Periódico Reforma suman 388 quejas en la reciente elección del Sindicato Petrolero, para El Financiero 374, para el Economista cerca de 400. Los trabajadores además han denunciado “terrorismo sindical”, forma de coacción que conozco de primera mano por ser víctima de él, que se logra manipulando todo el proceso electoral interno de los sindicatos, para favorecer a los mismos de siempre.

Aquí es donde el papel del Secretario del Trabajo es vital. La maestra Luisa María Alcalde no lo alcanza a dimensionar, o prefiere no entrarle de lleno al toro por los cuernos. Seamos puntuales y veamos cuáles son las principales obligaciones de Luisa María como Secretaría del Trabajo y Previsión Social del país:

“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es una de las veinte secretarías de Estado que conforman el gabinete legal del presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo federal encargado de la administración y regulación de las relaciones laborales entre trabajador y empleador. Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, las agrupaciones de trabajadores, los derechos laborales y los Derechos sociales emanados de los anteriores. Todo lo anterior deberá vigilarlo y operarlo en función de lo que determinan el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.”

En pocas palabras, la funcionaria no puede seguir con el cansino discurso de “no puedo entrometerme en la vida interna de los sindicatos”, pues en el caso del mío, resulta una total falacia tratar de ocultar el conflicto de intereses, pues su padre es el asesor legal de ASSA de México desde el año 2001, cuando llegó a trabajar ahí, después de que el entonces Secretario General finiquitara la asesoría del abogado contratado por Alejandra Barrales.

Por eso estas líneas son en apoyo a todos y cada uno de los agremiados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que están buscando una salida legal, estatutaria y sobre todo democrática; hermanos y compañeros trabajadores, estamos en la lucha por democratizar a nuestros sindicatos, neutralizar a los líderes sempiternos y que han visto al sindicalismo como un negocio personal y perenne. Siempre hemos requerido de representaciones sindicales comprometidas con los derechos laborales. Este es el momento de lograrlo y de gritar: ¡Basta ya de simulaciones!

Los sobrecargos de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación hemos dado un pequeño paso en las pasadas elecciones. Una de las grandes claves para lograrlo fue la solicitud y posterior implementación del “folio desprendible” en las boletas de votación, para garantizar algo que debe ser implícito en todo proceso electoral: la secrecía del voto.

Les deseo los mejores parabienes y que continúen en esta lucha, que es ardua, cansada y desgastante, pero al final, vale la pena compañeros. Va por ustedes, y por todos los trabajadores sindicalizados con espíritu democrático de nuestro país.