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El Poder Judicial del Estado de Jalisco está atravesando por una crisis de credibilidad por los continuos atropellos contra personal que labora en la institución y los continuos actos de corrupción que se están dando en la impartición de justicia de la entidad federativa.
Hace unos días la Dra. Fanny Lorena Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, publicó un desplegado donde denuncia los atropellos de los cuales están siendo objeto por parte de los integrantes de la junta de administración, los magistrados, Avelino Bravo Cacho, José Ramón Jiménez Gutiérrez y Horacio León Hernández, quienes el pasado 15 de enero destituyeron a personal que contaba con nombramientos aprobados, en un acto arbitrario del ejercicio de su función jurisdiccional y con un total abuso de los derechos humanos consagrados en la Constitución en lo que se refiere a la impartición de justicia.
La decisión de los magistrados de despedir al personal es a todas luces ilegal y está afectando a personas confiables, preparadas y honestas que desde hace muchos años prestan sus servicios en el órgano judicial del estado.
La intención de los magistrados al despedir a los colaboradores es la de poner en esos puestos a personas de su completa confianza con fines absolutamente sospechosos de corrupción, y para ello han amenazado de forma violenta a la magistrada presidenta Jiménez Aguirre, misma que, además de ser titular del Tribunal de Justicia Administrativa jalisciense, es presidenta de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, A.C.; miembro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y de la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.
Las denuncias interpuestas por la Dr. Lorena Jiménez Aguirre ha provocado que la magistrada haya sido objeto de amenazas y solicitudes para que renuncie a su cargo como impartidora de justicia por parte de políticos de muy baja moral y ética que defienden oscuros intereses.
La magistrada ha sido presionada desde octubre del año pasado, cuando ya venía la ratificación de su nombramiento, pero el Congreso encabezado por Movimiento Ciudadano omitió pronunciarse sobre el tema.
La Dra. Fanny ya presentó denuncias ante la justicia federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía del Estado, entre otras dependencias.
Los actos de corrupción en el órgano de justicia jalisciense no son nuevos; en mayo de 2019 el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ese momento Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que existía un problema de corrupción al interior del poder judicial, y en especial en el estado de Jalisco.
El Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) indagan a 12 impartidores de justicia de Jalisco por presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado.
Desde finales de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió un mapa en el que se identificaron los estados del país donde hay indicios de corrupción por parte de jueces y magistrados federales.
En un documento entregado al pleno del CJF por el entonces ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, se detalló que las entidades señaladas como “focos rojos” eran Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas.
En donde se puso más énfasis fue en el circuito de Jalisco, que fue considerado como foco rojo desde la administración del ministro en retiro Juan Silva Meza (2011-2014), quien ante los constantes reportes de casos de corrupción ordenó investigar a funcionarios judiciales.
El pasado mes de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del magistrado Isidro Avelar por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los casos de corrupción, colusión de funcionarios con delincuencia organizada, nepotismo, acoso sexual y hostigamiento laboral, entre otros, han hecho del circuito judicial de Jalisco el dolor de cabeza del Poder Judicial de la Federación y un infierno para los jaliscienses que buscan justicia en su estado.
La impartición de justicia en el estado de Jalisco está en entredicho debido a los actos de corrupción en el organismo impartidor de justicia de esa entidad federativa, por lo que es necesario que la federación intervenga para cambiar el estado de cosas en el poder judicial estatal.