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La decisión del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de llevar una férrea disciplina en sus finanzas públicas, ha provocado que se pronostique un superávit fiscal primario y que no se aumente más el servicio de la deuda para este año, esto a pesar de la crisis sanitaria y económica provocada por las medidas de confinamiento y aislamiento social que se tomaron en casi todo el mundo para frenar la expansión de la pandemia de Covid-19 y que hicieron que gran parte de la actividad productiva cerrara y, del incremento de las tasas de los bancos centrales de la mayoría de los países del orbe con el fin de frenar la inflación.
Las autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público pronostican para finales del presente año que,
“el balance primario se ubicaría en 29.9 mil millones de pesos, lo que equivale a un superávit primario de 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB) que se compara favorablemente con el déficit primario aprobado por el Congreso de 0.3% del PIB.”
Por otro lado.
“Se anticipa, además, que el déficit en su versión más amplia que toman en cuenta los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubiquen en 3.8% del PIB, lo que implicaría un ligero aumento en comparación con el nivel de 3.5% propuesto originalmente, lo anterior, como consecuencia de un mayor componente inflacionario de la deuda indexada y del uso de activos financieros”.
Es importante entender que el superávit fiscal primario es una noción contable. Sencillamente, es la porción de los ingresos fiscales por impuestos y contribuciones que el sector público destina a pagos financieros: intereses y amortizaciones de deudas y se incurre en un déficit cuando hay diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos. Es decir, recoge los gastos e ingresos públicos sin contar los pagos. Los gastos del sector público son más altos que los ingresos tributarios.
El superávit primario en el balance fiscal fomenta el crecimiento económico, favorece al incremento en el ahorro público e incentiva la oferta de fondos prestables en los mercados financieros cuales permiten al sector privado financiar sus actividades productivas y de inversión a una menor tasa de interés. El resultado a mediano y largo plazo es una mayor generación de empleo e ingresos para el estado.
Las autoridades hacendarias prevén para el 2023 un balance primario que alcance un déficit de 0.2% del Producto Interno Bruto, que es moderado si se toma en cuenta el incremento de las tasas de interés de referencia del Banco de México en más del 100% en los últimos 18 meses lo que encarece el costo de la deuda y provoca que aumenten los requerimientos presupuestales para el pago de intereses de los débitos del país. La mayor parte de los adeudos del gobierno no se contrataron en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en los sexenios pasados.
La forma en que el Gobierno de López Obrador hizo para contar con un superávit primario este año, así como en el 2019 y 2020 y no contratar deuda más allá del techo fiscal que impuso la Cámara de diputados se basó por un lado en que no se dio ninguna admitía fiscal y en que el gasto tributario para la reactivación económica solo fue 0.7 por ciento del PIB, mientras que en otras naciones como Brasil este gasto fue alto y tuvieron que incurrir en déficit primario y mayor endeudamiento.
“El balance primario (diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda pública) presentó el año pasado un déficit de 71.9 mil millones de pesos (0.3% del PIB), debido principalmente a los mayores gastos para impulsar la reactivación económica, sin relajar la disciplina fiscal. El resultado se compara con el superávit previsto originalmente de 6.2 mil millones de pesos (0.0% del PIB) y con el superávit registrado el año anterior de 29.7 mil millones de pesos (0.1% del PIB)”.
El Paquete Económico para el 2023 presentado al Congreso Federal hace unos días ha sido criticado por varios economistas opositores al Gobierno de la Cuarta Trasformación como Mario Di Costanzo y Isaac Katz que critican que el próximo año se incurra en un déficit primario, y un incremento de la deuda, pero no entienden que las tasas de interés de referencia del Banco de México se han incrementado en los últimos 18 meses en más de un 100% y que la mayor parte de la deuda que tiene contratada el país no se adquirió en este sexenio y tenemos como ejemplo el Fobaproa que es un debito de hace 24 años y que todavía se debe más de un billón de pesos.
Estos personajes apoyaron las políticas económicas de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y nunca se dieron cuenta del mal manejo de las finanzas públicas tuvieron estos expresidentes.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredó, a la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el mayor monto de endeudamiento en la historia mexicana, el cual alcanzó 10 billones 427 mil 506.1 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De esta manera, el endeudamiento creció el equivalente a 1 billón 123 mil 394.3 millones de pesos entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018. Así, el ritmo de endeudamiento del sector público fue de unos 3 mil 77.7 millones de pesos al día para completar sus gastos y requerimientos financieros y de inversión productiva.
El gobierno del expresidente Felipe Calderón fue muy irresponsable en el manejo de las finanzas públicas de acuerdo la Auditoría Superior de la Federación, en su análisis de la Cuenta Pública 2012.
De acuerdo con el documento, dos años antes de la salida del mandatario panista, durante el paso de Ernesto Cordero y José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda, hubo una desviación entre el déficit presupuestario solicitado, aprobado y ejercido, lo que condujo a un creciente endeudamiento.
El reporte consigna un “deterioro progresivo del indicador costo financiero-balanceprimario”; por ello estimó que en 2013-2014, el costo financiero de la deuda rebasó el déficit primario del gobierno en alrededor de 400 mil y 600 mil millones de pesos, respectivamente.
El Gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido un manejo responsable de las finanzas públicas.