Muchas opiniones se están vertiendo alrededor de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría son alarmistas y otras están centradas en aspectos más relacionados con las seguridades de los empleados del Poder Judicial de la Federación. Sin duda, el gran problema que plantea esta reforma es que los juzgadores sean elegidos por el voto directo de la población, lo cual, sin duda, es un problema real porque la función judicial del Estado es resolver problemas entre dos o más partes con la aplicación del Derecho (en mayúscula, pues es esa institución compuesta por normas, interpretaciones obligatorias, costumbres, derechos y obligaciones individuales y colectivas, y demás elementos que conocemos todos) y no resolver problemas en función de la popularidad de las sentencias que se generen.

En el mundo occidental, además, la función judicial tiene como objetivos prioritarios a defender, principalmente cuatro: la propiedad privada, por sobre todas las cosas, luego la vida, luego la libertad de las personas y, en un último lugar, los derechos humanos. No digo que eso esté bien, pero así están diseñados. Todo lo demás son objetivos secundarios. En la reforma planteada por el presidente en ningún momento se advierte que nuestro aparato judicial busque otros intereses. Habrá una sustitución de cuadros profesionales, sí, pero cada vez que una nueva administración entra a gobernar esta pretende ejercer y mantener la gobernabilidad, por lo que impulsa a los perfiles que le parecen mejores, ya sea por cercanía ideológica, afinidad política o de criterio. Otra cosa es que, en ocasiones, esos perfiles que son impulsados resulten no obedecer ciegamente a quien los propone, como lo fue el caso del ministro en retiro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea con el ex presidente Felipe Calderón, o los casos de los ministros actuales con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso sugiero al gremio jurídico, desde mi trinchera, que se concentre en apoyar y sumarse a los ejercicios de diálogo que la presidenta electa, doña Claudia Sheinbaum, está impulsando, sea desde sus clubes sociales disfrazados de barras de abogados, desde sus colegios de notarios, desde sus asociaciones de juzgadores, a través de sus representantes o de forma individual. Y, sobre todo, esas voces desesperadas que alegan que la República ya terminó y que estamos viviendo peores tiempos que los que enfrentaron los romanos a finales del siglo II d.C. con el emperador Cómodo., o que sienten un temor -fundado, sin duda- de que las personas que puedan ser elegidas como nuevos jueces, magistrados o ministros, busquen ellos mismos acceder a estos puestos y se vele por una aplicación justa de las leyes, como supuestamente dicen que hacen.