Pensé bautizar esta columna como “martes truculento” pero me abstuve para evitar que me tachen de alarmista. Sin embargo es imposible negar la importancia de este día, 5 de noviembre, para nuestro país.
Por un lado, las elecciones en Estados Unidos nos mantienen alerta, tanto por el tratado comercial que nos une con el vecino del norte, como por la posible crisis migratoria que podría ocurrir en caso de que Trump repita en la presidencia.
Estamos pendientes, mas no en pánico. La presidenta Sheinbaum dijo ayer en su conferencia mañanera que hay que esperar el resultado de la elección y así debe ser. Nuestro país ha sido respetuoso de las decisiones de aquel país y se espera sea recíproco.
Convencida estoy de que nuestra mandataria sabrá capotear los posibles arrebatos de un eventual Trump embravecido contra los migrantes. Preocuparse desde ahora no viene al caso.
El otro tema que está en la agenda y que desde septiembre ha metido mucho ruido es el de la constitucionalidad de la reforma judicial, ya que este martes al medio día la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá a discusión el proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá, que pretende invalidar la elección de jueces de distrito y magistrados, declarando inconstitucional que sean despedidos o que sus ingresos sean menores.
A raíz de la aprobación de la reforma al poder judicial los ánimos se han caldeado al punto que todos parecen tener cierta razón y todos, también, parecen no tenerla.
La presidenta ha dicho fuerte y claro que la reforma no se modificará y sin quedarse atrás Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, culpó a los y las ministras de pretender crear “temerariamente una crisis constitucional” y sentenció: “nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección”.
No hay que ser muy perspicaz para saber el resultado de la discusión que se llevará en unas horas en la Corte, donde con seguridad el proyecto de González Alcántara Carrancá será aprobado, aunque quizá, por prudencia, no deba ser así. Es buscarle mucho ruido al chicharrón, crear más encono y división. En lo que sí tenemos dudas es en lo que pasará después, aunque la presidenta ya aseguró que tienen previsto un plan. Esperemos.
La independencia del poder judicial es necesaria en nuestro país pues debe garantizar, al menos en teoría, los derechos de todas y todos los mexicanos, evitando abusos de poder, corrupción y muchos de los excesos que a la fecha hemos vivido y padecido.
Urgía, sin duda, una reforma judicial, lo que no ha gustado a ciertos sectores es específicamente ésta, alegando que además de costosa (13.2 millones de pesos), es inviable, pues los electores no podrían razonar su voto debido al número de cargos a elegir.
Como todo proyecto nuevo, hay dudas y es normal. La reforma al poder judicial es perfectible y solo con los años podremos ver si el resultado fue favorable o no.
Mientras eso ocurre, los pleitos están a la orden del día. Cada quien con su razón y la razón ausente. Cuánto trabajo nos cuesta ceder y de eso también estamos aprendiendo.
Pese a todo, y aunque muchos vaticinaron una caída en la aprobación de la presidenta Sheinbaum debido a estas disputas e incluso se saborearon su posible destitución por desacato, los resultados del tracking diario ClaudiaMetrics que mide la aprobación de Claudia Sheinbaum entre los mexicanos, demuestra que a un mes de llegar a la presidencia la jefa del ejecutivo federal, el 67.3% de los entrevistados confía en ella.
Esta confianza es una buena señal. Los ciudadanos estamos caminando hacia una nueva forma de gobierno y este lío de la reforma al poder judicial debe llegar a buen puerto.
Dije al inicio de estas líneas que pensé titular la columna como “martes truculento” precisamente por todo lo que se define el día de hoy, pero más que truculencia hablemos de definiciones, de ajustes y ¿por qué no? de esperanza.
El tira y afloje entre el poder judicial y el ejecutivo debe parar y este martes es clave. Estemos atentos.