He visto a millonarios siendo los patrones del despojo. Los he visto desfilando en los tribunales mientras gestionan sentencias favorables en sus casos de ocupación de predios o casas abandonadas que serán destruidas para hacer complejos residenciales de lujo, con medidas de cuarenta metros cuadrados y doce pisos.
Los he visto vestir de lujo, calzar de Ferragamo con discretas hebillas de Hermes. Su despojo es elegante, aunque sea despojo. No es como ese otro despojo, abusivo y tildado de “apestoso” por ser el que realizan colectivos de personas con bajos recursos, llamados “Okupa” en países como España. En México les dicen “delincuentes”, “vividores”, “paracaidistas” o “nacos” como última ofensa. El delito es el mismo, pero ni el sujeto ni la finalidad es la misma. Los primeros enarbolan y defienden la llamada “propiedad privada” mientras identifican viejas vecindades sin dueños ciertos para efectuar feroces desalojos ilegales acompañados de abogados caros y pactos con juzgadores, legisladores y hasta alcaldes, ocupándolas y dicen ellos, “recuperándolas” para especular. Los segundos tienen miles de historias entre las que se repite el factor de la desigualdad y el desplazamiento desde sus comunidades alojadas en el interior de la república para encontrar mejores empleos, huir de la violencia o de la pobreza; algunos de sus hogares comenzaron como “jacales” de lámina y madera, tras el paso del tiempo y a través de procesos de regularización, supieron que podían acceder a la prescripción positiva o adquisición de la propiedad por el paso del tiempo de aquellos sitios.
Pero hoy se preocupan varios porque una reforma a la Constitución capitalina reconoce la propiedad social y propiedad pública, además de la propiedad privada; hay terror y acusan haber dejado de ser dueños solo porque se ha aprobado una armonización con el articulo 27 de la Constitución federal y acusan que el interés social desplazará de sus hogares a los propietarios, como si no estuviese previamente establecida la expropiación junto con sus reglas, que por cierto, en contadas excepciones ha sido utilizada para despojar de casas-habitación a capitalinos, principalmente en casos de sismos y derrumbes. Se ha utilizado para reconstruir vivienda y entregarla a damnificados evitando problemas de acreditación de propiedad y posesión, siempre bajo indemnización a propietarios y por causa de utilidad pública. Es curioso que preocupa el mecanismo por el cual, se hace pública o social la propiedad vacante o la propiedad privada, que son los menos casos, mientras se calla sobre la chicanada a través de la que se hace especulativa la propiedad colectiva o la intestada.
Por cierto, ni dejaron de ser dueños los dueños, ni le van a quitar su casita o departamento, pues el interés superior de la nación y ahora de la ciudad siempre han sido el margen legal de la Constitución. En todo caso, debieron protestar por la extinción de dominio, esa herramienta que permite a la autoridad decretar la pérdida de los derechos sobre los bienes inmuebles, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal, solo porque hayan estado relacionados con cualquier tipo de actividad ilícita. Expedida en tiempos del presidente Felipe Calderón y su flamante guerra.
¿Es constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre en paro?
No lo creo. Como titulares y depositarios de un poder constitucional, declaran una forma de sometimiento al entrar en paro frente a ¿qué patrón?
Si el poder judicial está al mismo nivel que el ejecutivo y el legislativo, no hay justificación para que adopten formas del derecho del trabajo en el que existe una relación de supra-subordinación y aprueben un paro laboral como si fuesen once trabajadores más, cuando en realidad, no lo son.
Es grave que la Corte, en un acontecimiento sin precedentes, hubiera preferido declarar con sus actos que no son un poder constitucional sino un grupo de trabajadores del Estado sometido a algún patrón al que se pretende amagar con este acto. Peor siendo que a través de su presidencia, prometieron una propuesta alternativa de reforma al poder judicial que nunca llegó. Cada día hay menos argumentos para sostener una defensa ciega frente a lo que fue oportunidad para discutir profundamente sobre todos los vicios del poder judicial.
No pudieron construir una propuesta de reforma consensada entre las y los ministros, pero sí pudieron, con sus actos, disminuirse y subordinarse. El caso de las y los trabajadores, inclusive, de jueces y magistrados es distinto. Ellos son hijos de la carrera judicial en la mayoría de los casos y la reforma transgrede las reglas para el ascenso de quienes trabajan en aquel poder. Pero las y los ministros son ya los titulares de este poder, fueron propuestos por el presidente y votados por el Senado. Son depositarios de toda una soberanía, representada a través de una presidencia, pero con la máxima titularidad de este poder. Si es que, tras los diálogos organizados también por la SCJN, tuvieron conocimiento de todo lo que no funciona, pudieron utilizar su investidura para plantear alternativas viables de reforma que comenzara con los poderes judiciales locales. ¿Pero simplemente parar? Con todo y la solidaridad, no es muy republicano de su parte.
¿A quién beneficia el paro de labores de la Corte? Entre asuntos calientes, el de Salinas Pliego y su adeudo milmillonario al SAT, que apenas y se había turnado para su resolución después de que la ministra presidenta Norma Piña lo retuviera evitando asignarlo a alguna ponencia.
X: @ifridaita