Pilar relevante de la legitimidad política es el consenso sobre las reglas del juego, esto es, normas, instituciones y valores. El sistema electoral mexicano es costoso, pero es eficaz, convincente y, además, con capacidad para conducir la competencia política, el mayor logro de la normalidad democrática. El presidente López Obrador dice que es caro y que requiere de mejora sustancial. No es la opinión de la población ni de los actores políticos; incluso, no es compartida por muchos de sus correligionarios.
¿La iniciativa de reforma electoral es para disminuir costos? No es creíble, por tres razones: primero, el ahorro que se pretende es menor en comparación al dispendio en las obras emblemáticas del régimen; de los programas sociales sin controles ni reglas de operación; del gasto en el sector castrense o de lo que significó la cancelación del AICM. Segundo, el valor de la pérdida de confiabilidad del órgano electoral sería considerablemente mayor al supuesto ahorro. Tercero, la propuesta es unilateral, no dio oportunidad a la opinión de otras fuerzas políticas, de expertos ni del propio INE para no comprometer su funcionalidad; se hizo a partir del prejuicio y del beneficio de una parte interesada.
La conclusión obligada es que no se trata del ahorro, tampoco se pretende la mejora de las instituciones electorales. ¿Venganza? Es posible. La elección de 2006 es una herida profunda en López Obrador. Las palabras del presidente de que no es una persona de enconos contradicen lo que hacen él y sus colaboradores. De hecho, se cambiaron las reglas en 2007 para conjurar las razones del reclamo obradorista. El que se haya sancionado a prospectos de candidatos de su registro por irregularidad en los informes de precampaña en 2021 también fue considerado y, por ello, la iniciativa de reforma cambia las reglas al respecto, para que cobre vida la impunidad.
La reforma B tiene un objetivo electoral a favor del partido gobernante. Primero, se debilita al INE y al Tribunal en sus atribuciones de control y sanción ante el abuso de autoridades y de prospectos de candidatos del oficialismo. Segundo, se altera la estructura del INE bajo el supuesto de ahorro para afectar su profesionalismo y la capacidad para llevar a cabo elecciones confiables en los términos constitucionales y consecuentes a los encomiables precedentes.
Si prospera la reforma las elecciones no serán iguales, al menos la capacidad del INE para organizarlas, y se altera sus atribuciones para evitar desviación de recursos públicos, actos anticipados de campaña y que funcionarios realicen actividades de abierto proselitismo, como está ocurriendo ahora y que ha llevado al órgano electoral a solicitar a los prospectos de candidatos que al menos se deslinden públicamente de lo que es una anticipada campaña nacional. Justo como aconteció con la consulta de revocación de mandato.
El fraude para la elección de 2024 ya inició. A la vista de todos y con actos ostensibles de campaña, desviación de recursos públicos y servidores públicos realizando actos político electorales, empezando por el propio presidente. El mismo senador Monreal es víctima de la campaña anticipada, como la exposición pública de Sheinbaum promovida desde la Presidencia. Ebrard se ha ido quedando a la zaga debido al piso disparejo y a la hostilidad contra Monreal, que le ha significado ser marginal en los sondeos de opinión y en la militancia morenista. Cabe subrayar que la competitividad no se mide con estudios de opinión, sino con competencias electorales justas, que López Obrador excluye como modalidad para la selección de los candidatos de Morena.
El Senado tiene a su responsabilidad la revisión de la propuesta del presidente. Es un cambio sustantivo bajo una visión parcial que daña la confiabilidad electoral. Mínimamente se requiere de un debate amplio y un estudio detenido para advertir las consecuencias de un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que López Obrador ha repudiado, al menos respecto a las modificaciones que promovieron el PT y el PVEM y que los diputados de Morena aceptaron. También debe revisar la inconstitucionalidad de varias disposiciones. Profundamente razonable sería llevar el debate, las consultas y las deliberaciones a un periodo de sesiones extraordinarias o al próximo periodo ordinario.