El 26 de octubre llegó Julissa Chuc Haas al Hospital General Agustín O ‘Horan de Mérida en Yucatán para recibir atención médica durante el parto de su segundo bebé, una niña a la que decidió nombrar “Génesis” a pesar de nunca haberla podido registrar oficialmente. La razón que le impidió obtener el acta de nacimiento de su propia hija fue que, tras dar a luz, el personal del Hospital General impidió la entrega de la recién nacida, exigiéndole a Julissa una larga lista de documentos para acreditar que ella era idónea para el cuidado de Génesis.
Julissa pasó navidad sin su hija y apenas hace unas horas pudo reencontrarse con sus menores.
La primera en discriminarla por su cabello corto, piel morena y estilo sobrio, “no femenino” a criterio del ojo que la juzgó fue una trabajadora social del turno. Ella cuestionó la maternidad de Julissa, señalando las razones de su soltería, su preferencia sexual, el origen de sus recursos y sus actividades económicas. Julissa obtiene ingresos del trabajo doméstico y de sus asistencias en albañilería. Pero en el Yucatán clasista y homofóbico donde sus hijos nacieron, señalaron que “ser lesbiana no era buen ejemplo para los infantes”.
Tras ser dada de alta y sin su hija, le exigieron a Julissa una carta de no antecedentes penales, constancia de empleo, documentos oficiales y otros requisitos que a ninguna otra mujer le exigen al momento de parir. Ella los consiguió y le fue aplicado un antidoping que resultó negativo, Sin embargo, cuando esa visita se daba, el hospital ya había acusado a Julissa de maltrato y drogadicción, enviando a la bebé Génesis al Centro De Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Ese día, Julissa iba acompañada de su hijo de 6 años y se lo arrebataron también. Únicamente le notificaron que al menor tendrían que hacerle un interrogatorio para descartar que fuera víctima de violencia.
Ni una sola molestia en contra de Julissa estaba justificada: el antidoping dio negativo, no había golpes ni moretones en su hijo de 6 años que fueran señal de violencia, no había denuncia previa ni acto distinto que pudiera facultar a las autoridades a realizar lo que hicieron, simplemente fue la discriminación y el odio en contra de Julissa y sus menores. Un detalle más fue determinante: Julissa no tuvo miles de pesos para hacer que el corrupto aparato del sistema se moviera en su favor. Lo único que tuvo fue el apoyo de mujeres feministas y lesbianas presionando por que se resolviera la atrocidad de la que fueron víctima sus bebés y ella misma en manos del Estado.
La Red de Madres Lesbianas de México ha documentado el caso de Julissa desde el inicio y a la distancia, una abogada la defendió pro-bono mientras que activistas de todo el país se trasladaron para apoyarle. El asunto no puede terminar ahí. No hubo una recomendación de derechos humanos al hospital ordenándole reparación y garantías de no repetición, tampoco hubo una disculpa pública por el daño que le causaron. Claramente a Julissa le quitaron a sus hijos como un acto de castigo en contra de sus preferencias y características, un castigo del gobierno conservador de Yucatán por ser mujer precarizada y lesbiana. Probablemente, nunca se imaginaron que Julissa sería respaldada por tantas mujeres pero ni así han garantizado que esto no se repita.
Por el contrario, con los actos de odio han colocado a Julissa en el riesgo de continuar viviendo agresiones ante la lesbofobia de Yucatán. Desde junio se aprobó en el recinto legislativo un paquete de modificaciones al Código Penal de la entidad y a la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para reconocer la violencia vicarial como aquella que se ejerce cuando una pareja o ex pareja por acción u omisión utilice a las hijas o los hijos, familiares, personas adultas, con discapacidad, en situación de dependencia, mascotas o bienes de la víctima, para causarle algún tipo de daño, generando una consecuente afectación psicoemocional o física.
Sin embargo, ante los actos de odio vividos por Julissa, valdría la pena reconocer que este tipo de violencia no solamente puede cometerla una pareja, sino que el Estado, a través de hospitales o juzgados, puede también hacerlo. La pequeña Génesis pudo haber sido protegida mediante la Ley Camila que reconoce los derechos y necesidades tanto de lactantes como de menores en la primera infancia si esta hubiese sido aprobada, pero se encuentra en el Senado de la República, pendiente de trámite para su discusión y aprobación.
Las madres lesbianas viven triple discriminación: ser mujeres, ser lesbianas y decidir maternar, lo que ofende mucho más a la sociedad que los millones de madres solteras por el abandono paternal. Según estadísticas del INEGI, tan solo en 2018 hubo 2.512 matrimonios entre mujeres, cifra que va en aumento. Su visibilidad se mantiene oculta y los derechos más básicos como a la salud, a la identidad de sus bebés en el registro civil, a la seguridad y vivienda siguen lesionándose por la intolerancia. Ser lesbiana no es delito ni motivo de exclusión de las reformas que benefician a la maternidad. Así que el gobernador Mauricio Vila debería apresurarse a emitir disculpas, garantizar que lo sucedido no volverá a pasar, reparar el daño y lo principal: respaldar a las mujeres y parejas lesbianas que deciden criar autónomas reconociéndolas como familia, poniendo un alto total al clima de hostilidad lesbofóbica de las instituciones yucatecas.