La democracia constitucional es de mayorías con el concurso de las minorías.
Bajo el principio democrático de la mayoría se ganan las elecciones y el acceso a los poderes políticos –legislativos y ejecutivos– así sea por un voto, solo que esa voluntad mayoritaria no gobierna sola.
Los votantes que pierden, así sea por millones de votos de diferencia, también alcanzan representación en los espacios políticos.
Esta representación minoritaria asegura la pluralidad de voluntades y visiones sobre las soluciones a los problemas públicos que los poderes políticos convierten en leyes, planes y programas de gobierno.
La voluntad mayoritaria en el Estado constitucional contemporáneo debe fijar la estrategia de gobierno en el marco de los objetivos y principios-valor constitucionales y convencionales relevantes.
Estos son aquéllos sedimentados en las instituciones jurídicas debido a las creencias históricas de la sociedad.
No son creencias rígidas sino más o menos dinámicas y cambiantes, al igual que los principios operativos y las reglas que estructuran a las organizaciones que concretan la acción de las instituciones.
Ahora bien, si la mayoría popular otorga un mandato fuerte para modificar de fondo un régimen político, el mandatario debe acatar y cumplir.
Si se excede en su intervención legal unilateral, pues la de nivel constitucional requiere el voto de la minoría, entonces esta puede acudir a los órganos de garantía y control, al tribunal constitucional, para que revise las decisiones de esa mayoría y evalúe si se contradice o no a aquellos objetivos, principios-valor y principios operativos, o bien, si las nuevas reglas disminuyen o no son armonizables con dichos principios que reflejan las creencias relevantes de la ciudadanía.
En la democracia constitucional mexicana el zócalo de la Ciudad de México no es sólo el espacio físico capital del país sino la referencia simbólica al pluralismo mayoritario y minoritario.
De allí que debamos extender la bienvenida a todas las expresiones que concurran al zócalo, como las que han pasado recientemente y las que vendrán.
También debemos confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante las versiones extremas a favor o en contra de las reformas electorales, el llamado Plan B, honre en su momento a la democracia constitucional y a la constitución democrática con una sentencia virtuosa, bien justificada y comunicada a México y la comunidad internacional.