La presidenta tomó una de las decisiones más desafiantes y retadoras al entregar a más de 20 capos del narcotráfico a Estados Unidos este 27 de febrero. Prácticamente en el mes de prórroga concedido por Donald Trump para aplazar la imposición de aranceles que parece seguir firme y comenzar al 4 de marzo, se han acumulado logros históricos en operativos y decomisos de fentanilo, detenciones y ahora extradiciones solicitadas con valor simbólico enorme para los norteamericanos por el caso del agente “Kiki” Camarena, por ejemplo.
El reciente operativo en el que el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes de alto perfil marca un punto de inflexión en la relación bilateral en materia de seguridad y comercio. Entre los extraditados se encuentran figuras emblemáticas del crimen organizado, como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas; Rafael Caro Quintero, histórico capo del narcotráfico; y Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta acción sin precedentes deja abierta la pregunta de si esta estrategia responde únicamente a un compromiso con la justicia o si se inscribe en una negociación política para evitar la imposición de aranceles por parte de Donald Trump.
El logro supera por mucho a los capos entregados por Felipe Calderón y entre las declaraciones más fuertes de la presidenta Sheinbaum, se ha encontrado la acusación de corrupción en el Poder Judicial que ha calificado como “aberrante”. Esta debido que las extradiciones se encontraban frenadas por la tramitación de amparos. Vale la pena reconocer que estos actos sugieren dos cosas importantes. Por un lado, se confirma que cuando existe voluntad política, los asuntos judiciales toman el curso que deberían por encima de tecnicismos y algunas legales. Aunque pareciera algo muy positivo, deja claro al mismo tiempo que aquellos asuntos indigna tes como Debanhi Escobar o asuntos de las madres buscadores, simplemente no avanzan porque no hay alguien con el peso político suficiente qué los considere relevantes... Nadie amenaza con imponer aranceles por la impunidad en los asuntos de las mujeres y entonces, no son prioridad nacional.
Por otro lado, confirma también que los tiempos en que los asuntos se ganaban solo con técnica jurídica nunca existieron puesto que el amparo, como recurso, es una herramienta diseñada para proteger a los ciudadanos de los actos de autoridad. No implica en sí misma corrupción o mal uso de la ley a pesar de que si existan conceptos como “abuso del derecho”. En ese sentido, los casos prioritarios que amenazan la seguridad nacional parecen circunscribirse a un derecho excepcional. Una especie de derecho especial o derecho penal del enemigo que podrá ser un precedente para que criminales tengan limitado el acceso a recursos de defensa que, aunque fundamentales, permitieron retrasar por lustro la entrega a la justicia norteamericana.
El mandatario de Estados Unidos ha sido claro en su postura de condicionar la relación comercial con México a la eficacia en el combate a la criminalidad y el control de los flujos migratorios. A la llegada de su segundo mandato, Trump otorgó un plazo de un mes para que México demostrara avances en estos temas, amenazando con la imposición de aranceles si no se cumplían sus exigencias. Ahora, en el contexto de una posible recesión y la atropellada revisión del T-MEC, la entrega masiva de criminales parece un gesto dirigido a desactivar presiones comerciales antes de que escale el conflicto.
Si bien la extradición de narcotraficantes ha sido utilizada por distintos gobiernos como una herramienta para fortalecer la cooperación con Estados Unidos, el tamaño y la relevancia de este operativo sugieren que se trata de una medida excepcional. La pregunta clave es si estas acciones serán suficientes para frenar las amenazas arancelarias de Trump o si, por el contrario, podrían desencadenar nuevas represalias a nivel interno por parte de aquellos grupos que siguen operando en México pues es sabido que a pesar de que las cabezas de cárteles se encontraban presas en distintos penales del país, su operación criminal continuaba.
Desde el punto de vista comercial, la imposición de aranceles violaría los principios del T-MEC, pues implicaría una medida unilateral y punitiva que afectaría gravemente la economía mexicana. Sin embargo, Trump ha demostrado en el pasado que está dispuesto a tomar decisiones fuera del marco legal con tal de avanzar en su agenda política. Aun si las extradiciones logran calmar temporalmente la presión de Washington, México sigue enfrentando el dilema de cómo equilibrar su política de seguridad con la defensa de sus intereses económicos.
Mientras tanto en el plano interno, la entrega de estos criminales podría generar un reacomodo en las estructuras del narcotráfico, lo que en el corto plazo podría traducirse en un aumento de la violencia en México. La historia ha demostrado que el descabezamiento de cárteles no significa su desaparición, sino que muchas veces provoca disputas internas y la fragmentación de grupos que terminan en guerras territoriales aún más sangrientas.
El gobierno mexicano debe evaluar si este tipo de acciones realmente contribuyen a la estabilidad nacional o si solo responden a presiones externas sin una estrategia de largo plazo. La lucha contra el crimen organizado debe ser una política de Estado con objetivos claros, no una moneda de cambio en negociaciones comerciales. En este complejo tablero, la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente esta entrega para evitar los aranceles o estamos ante el inicio de una nueva etapa de presiones desde Washington?