En toda América Latina en distintos tiempos y a diferentes velocidades se dan conforme a los procesos socio políticos e institucionales internos, en donde la correlación de fuerzas entre los reformadores e impulsores de la transición democrática para desmantelar los aparatos represivos y criminales creados durante las guerras sucias y los autores y ejecutores de estas últimas temerosos de que el tiempo de la justicia verdadera los alcance maniobraban para contener y hasta revertir tal proceso, jugaba un rol determinante. Hablamos de los años 80 y 90 del siglo XX, así como de la primera década de y en algunos casos de la segunda década de este siglo en que tales procesos históricos tuvieron efecto.
Como podemos apreciar estamos ante un largo periodo de 30 años aproximadamente en donde el cambio alcanzó a una parte de las más obscuras de los sistemas y regímenes políticos en el subcontinente: los servicios de inteligencia civil y militar de Estado. La ruta de esta “larga marcha” es con rumbo hacia la transparencia, control y democratización de estos aparatos que forman parte de los mecanismos de dominación y control social y político de los Estados latinoamericanos, durante largo tiempo contrapuestos a los preceptos fundamentales del Estado Constitucional. La tarea es muy ardua y compleja.
En los últimos días, la coyuntura mexicana tiene un componente importante: el cuestionamiento de reporteros y “youtubers” al Presidente de la República sobre las actividades de inteligencia desde su gobierno y a decir verdad el primer mandatario ha se ha mostrado errático y titubeante para responder a los cuestionamientos. Principalmente ha invocado la legalidad de sus actos de gobierno aún en esta delicada materia, y ha afirmado que “no se espía a nadie” y que lo que se desarrolla “es trabajo de inteligencia para la seguridad y contra la delincuencia organizada”.
Como corolario a ello, se dio a conocer un documento titulado “Acciones de Inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad Nacional” fechado el 23 de marzo de los corrientes, como respuesta a tales cuestionamientos, en donde incluso reporteros acreditados en “la mañanera” plantearon la posibilidad de que se presentara en el recinto el Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo cual el presidente atinadamente rechazó. El documento expone las bases legales mínimas de la actividad de inteligencia, a pesar de que el titulo sugiere algo distinto, más concreto.
El tema del marco jurídico-constitucional y reglamentario de esta actividad muy sensible social y políticamente, no ha tenido cambio alguno en un gobierno que se presenta como “transformador de la realidad nacional”. Y no hablamos de cambios constitucionales muy necesarios, sino ni siquiera de cambios en ordenamientos secundarios.
Nunca, lamentablemente, ha sido una de las prioridades del actual gobierno, a contracorriente de distintos gobernantes latinoamericanos provenientes de diversos espectros político-ideológicos: desde Raúl Alfonsín en Argentina hasta Gustavo Pietro hoy en Colombia, pasando por “Lula” da Silva en Brasil, quienes ante las etapas altamente represivas cursadas por sus naciones, y de frente a la aguda crisis de inseguridad y criminalidad transnacional, han hecho de la inteligencia de Estado una materia de urgente atención para mejorar en sus gobiernos, dentro de una perspectiva política igualmente de reforma y transformación democrática.
México se ha quedado atrás en este rubro, porque a pesar de que México no tuvo históricamente una dictadura militar como tal y prolongada, sí tuvo un régimen de presidencialismo despótico y partido de Estado represivo la grado que tuvo su “guerra sucia” hasta llegar al “caso Ayotzinapa” más recientemente, y en los propios gobiernos de “la alternancia” episodios diversos de masacres de civiles vinculados a “la guerra contra las drogas” y en las disputas por territorios, cargamentos y dinero entre organizaciones criminales, ante la omisión y pasividad de las autoridades locales, estatales y federales, como en el caso de la ciudad de Allende, en Coahuila, muy cerca de la frontera con EU, que en estos días se recuerda luctuosamente, acaecido los días del 18 al 20 de marzo de 2011.
Debemos reclamar con toda energía una “Comisión de la Verdad para investigar y sancionar los hechos criminales de Allende, Coahuila”, un poblado de 22,000 habitantes a sólo 300 millas de EU, porque en esta masacre fueron asesinadas, no sabemos en qué condiciones ni por quiénes y exactamente por qué, cerca de 300 personas (oficialmente, 42). Por supuesto que el caso lo amerita. Es de los más grandes agravios que pesan sobre la sociedad mexicana (no el único, por desgracia) y es urgente e indispensable esclarecer responsabilidades éticas, públicas y legales al respecto. Fue un crimen atroz.
Solo hay principalmente versiones periodísticas. Destacadamente, la de una periodista estadounidense galardonada Ginger Thompson y la del mexicano Juan Alberto Cedillo. Por revelaciones de este tipo de fuentes, consideramos que se requerirá después de hacer la tarea interna, una investigación binacional México-EU. Tal vez incluso con el concurso de la ONU. Porque allí hubo un operativo de la DEA llamado “Demasiado legítimo para Rendirse”. Hubo también una fiscalía que hizo una investigación oficial en EU. Nada se sabe de todo ello. ¿Por qué?
Muy complejo investigarlo y deslindar responsabilidades sí, pero 300 muertos civiles del lado mexicano es un agravio nacional muy grande para dejarlo en el olvido y la más completa impunidad. ¿En dónde estaba o qué hacía la inteligencia nacional en los días previos en que masacraron a 300 mexicanos indefensos? ¿Qué sucedió en sus relaciones de información e intercambio con la DEA cuando ésta preparaba el operativo mencionado? ¿Por qué no reaccionó la poderosa Secretaría de Seguridad Pública de México a cargo del súper policía Genaro García Luna si la DEA le dio información al respecto a la Policía Federal? ¿Por qué tantos líderes políticos y militares han callado?
La inteligencia nacional es un espacio público del poder actual que requiere atención y reforma, constitucional o reglamentaria, conforme a la capacidad y correlación actual de fuerzas en el Congreso mexicano y en todo el país. Tanto como el sistema electoral. Un gobernante está obligando a intentar y hacer lo indecible dentro de la ley con tal de mejorar las condiciones de vida y convivencia de los gobernados, más aún, de los más agraviados.
Vean ustedes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, bajo circunstancias durísimas, adentrase en un terreno muy riesgoso, buscando hoy un diálogo con 10 organizaciones del crimen organizado en su país, para mejorar en la medida de lo posible la convivencia nacional, como el presidente César Gaviria dialogó y acordó la entrega de Pablo Escobar, no en la opacidad sino con un mandato legal permisivo.
Dijo el gran escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: “una ley pudo más que 20 años de combates”. No pido lo mismo para México, una medida de tal envergadura requiere de un análisis mucho más riguroso y colectivo, hablo de esfuerzos en distintas direcciones para buscar avances que redunden en el beneficio social. Las esperas muy largas llevan a la desesperación.
Considero que México puede tener un aparato de inteligencia civil –lo militar pueden resolverlo los militares- ajustado para los tiempos de la pacificación mucho más eficiente mediante reformas en el orden jurídico, organizativo y operativo, como enseña la larga y amplia experiencia latinoamericana, y como lo han buscado afanosamente otros mandatarios latinoamericanos que visualizaron una mejor perspectiva para sus pueblos, apoyados en esta delicada área del deber público.