Otra entidad pauperizada es Campeche, la gobernadora morenista Layda Sansores San Román se ha encargado de clavar la puntilla donde su predecesor, el priista Alejandro Moreno Cárdenas, aunque este ya había dejado muy avanzado el camino para fastidiar al estado.
Layda es una política de larga trayectoria, sin embargo, su gusto por los reflectores la hace protagonizar cualquier tipo de escándalo, hace unos días ella misma publicó fotografías de su asistencia al Festival Femenil Precarnavalesco en Fracciorama 2000, donde vestía un atuendo inspirado en la aristocracia del siglo XVIII que en redes provocó burlas, críticas y comparaciones con María Antonieta, además de cuestionamientos por algo que no parece importar a la gobernadora, la grave situación de inseguridad y crisis económica de su estado.
Los Sansores
Su padre Carlos “El Negro” Sansores fue gobernador y presidente nacional del PRI. Desde que estudiaba derecho en el Instituto Campechano se le reconocía como un “porro” que incendiaba las cosas si no le daban lo que quería. Creó la Coalición Nacional Revolucionaria de la que se servía para alcanzar posiciones, cargos públicos y legislativos y, como delegado del PRI, muchas veces lo acusaron de vender las presidencias municipales.
Llegó a gobernador, a pesar de tener una orden de aprehensión por el asesinato del presidente del comité municipal del PRI en Dzitbalchel y, como ahora con la 4T, por instrucciones de “arriba”, en ese caso de Echeverría. El gobernador Sansores se enriqueció controlando las gasolineras, se hizo de una poderosa flota camionera, compró una hacienda, acaparó la producción de miel, estafó a los campesinos y saqueó la riqueza forestal del estado con su hermano Ramiro Sansores Ortiz Ávila al frente de sus aserraderos.
Luis Echeverría lo hizo presidente del PRI y desde esa posición apoyó la Guerra sucia y toda la serie de atrocidades del gobierno de Echeverría, junto con Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Gertz Manero, que se encargaba del combate al narcotráfico.
De tal palo
Layda salió muy parecida a su padre. Hasta 1996 fue priista, saltó al PRD, a MC, PT y finalmente a Morena.
Al concluir su cargo como alcaldesa en Álvaro Obregón, su sucesora Lía Limón la denunció por irregularidades administrativas que implicaron un daño patrimonial por casi 120 millones de pesos. Lía presentó siete denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de la exalcaldesa y de servidores públicos de su gobierno. Otra denuncia fue por adjudicar de manera directa tres contratos por casi un millón de pesos a una empresa fantasma denominada Unfigrad. Según investigación de Animal Político, la empresa forma parte del caso develado en el libro la Viuda Negra, sobre una red de desvío de recursos y lavado de dinero a nivel internacional liderada por Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la SHCP.
También la diputada federal de Chiapas por el PRI, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, presentó una queja en contra de la gobernadora por violencia política en razón de género ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Y por si fuera poco, las acusaciones no salen nada más de la oposición, también han salido de casa y esto se vio en la polémica que protagonizaron Ricardo Monreal y Sansores, donde se acusaron de todo y con pruebas.
En plena disputa por la candidatura de Morena a la presidencia de la república, Layda develó las propiedades de Monreal y su vinculación perversa con Alejandro Moreno, y el zacatecano, luego de que se dieran a conocer sus conversaciones con Alito, respondió: “Exigimos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad”.
Un gobierno deficiente y corrupto
Sansores mandó a mujeres policías sin el equipo adecuado a contener un disturbio en un penal donde fueron golpeadas, ultrajadas y abusadas, cuando la secretaria de seguridad Marcela Muñoz Martínez fue señalada como responsable, Layda se negó a removerla del cargo y la defendió, sin importar las víctimas ni la seguridad del estado.
En otro de sus escándalos, nombró como secretario de desarrollo económico al panista José Luis Lavalle, un personaje de una vieja amistad. Eran compañeros en el Senado cuando Lavalle fue acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa relacionado con el caso Odebrecht, delitos por los que estuvo preso en el Reclusorio Norte. Por cierto, Lavalle ayudó a la entonces alcaldesa de Álvaro Obregón en su administración, a través de un despacho contable que la asesoraba en materia financiera.
Son dinastías dañinas capaces de todo por el poder político y económico ¿hasta dónde les permitirán llegar?
X: @diaz_manuel