El World Justice Project es una institución sin fines de lucro sita en Washington D.C. Mediante una serie de análisis pormenorizados por parte de sus analistas, realiza estudios anuales relacionados con el Estado de Derecho (Rule of Law, en inglés) en los países del globo.
En días recientes emitió su informe 2024. En él, a través de su índice, elabora un ranking. De acuerdo al mismo, México ocupa el lugar número 118 de 142. Mientras Dinamarca destaca en el número 1, Venezuela se localiza en el sótano, es decir, en el número 142.
Bien vale señalar, en el contexto del debate en torno a la reforma del Poder Judicial y al juicio histórico al gobierno del expresidente AMLO, que México ha retrocedido 19 peldaños desde el año 2019.
Resulta quizás paradójico, y si se quiere, irónico, que Dinamarca y Venezuela encabecen y cierren, respectivamente, la lista del WJP.
Dinamarca, país que ha sido tomado por el obradorismo como modelo de calidad de salud pública y de bienestar social, contrasta radicalmente, en materia de Estado de Derecho, con la nación sudamericana que ha servido como elemento del discurso de la oposición contra el propio régimen de la 4T: Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro, que se ha caracterizado por un autoritarismo galopante y por la violación sistemática de la ley y de los derechos humanos, ha terminado por hacer sucumbir a un pueblo venezolano que huye del autoritarismo en medio de una pobreza exacerbada.
El caso de México es extremadamente preocupante, pues su descenso de 19 lugares no es más que el resultado del empoderamiento del crimen organizado, de la fallida estrategia de seguridad del gobierno de AMLO, y desde luego, de la reiterada voluntad del expresidente de contravenir la ley, de desacatar resoluciones judiciales y de destruir al Poder Judicial.
Para desgracia del país, el ascenso de Claudia Sheinbaum no anuncia nada mejor. Si bien en su discurso asegura, al unísono con los propagandistas del régimen, que el país se encuentra mejor que nunca, la evidencia apunta hacia una dirección contraria: los carteles de la droga reinan en el territorio, sigue el proceso de militarización del país, el oficialismo se empecina en la destrucción del Poder Judicial, y aun más grave, la propia presidenta luce decidida a encabezar la guerra contra los jueces y magistrados.
La reforma al Poder Judicial amenaza con la profundización de la crisis y de la politización de los impartidores de justicia, lo que se traduciría, a la postre, en un empeoramiento de los índices del respeto al Estado de derecho; amén de la intentona, por parte del oficialismo, de capturar políticamente a la totalidad del poder Judicial.
No se trata, pues, de un ramplón discurso de la oposición o de los críticos de la autoproclamada 4T, sino que deriva de indicadores: México se aleja de Dinamarca y se acerca a Venezuela.