México tiene una mayor extensión oceánica que terrestre, con aproximadamente 65% de océano y 35% de tierra. Esta extensión se distribuye en los océanos Pacífico y Atlántico, y en los golfos de California, Tehuantepec, México y Campeche. Paradójicamente, aún con los retos que implica el cambio climático y la afectación a las aguas nacionales provocada por extracción de petróleo, pesca ilegal, así como el propio calentamiento global, desde 1986 no se ha reformado ni legislado al respecto.
La Ley Federal del Mar de México define y regula todo lo relacionado con el mar territorial en los artículos del 23 al 33. La ley establece que la nación ejerce soberanía en una franja de mar adyacente a las costas nacionales, tanto continentales como insulares, como a las Aguas Marinas Interiores. La soberanía de la nación se extiende al espacio aéreo sobre el Mar Territorial, al lecho y al subsuelo de ese Mar.
Aquí convergen dos injusticias grandes: por un lado, la amenaza contra las especies animales marinas.
La pesca comercial agresiva con mecanismos como grandes redes que capturan especies en peligro de extinción, como la vaquita marina y la tortuga, en búsqueda de atún, sardina o camarón pasa de noche a la Marina, no hay autoridad que vigile los mares y menos, que persiga estos actos. Durante este sexenio, los recorridos en puertos pesqueros así como en el mar disminuyeron un 75% y las detenciones por pesca ilegal cayeron un 95%. Pescar en la ilegalidad hoy es un acto impune que le ha abierto la puerta a la pesca exótica, inclusive, de piratas internacionales que buscan captar animales considerados como afrodisiacos o especiales.
Nuestro país tampoco cuenta con medidas, normas oficiales ni reglamentos sobre el trato a las especies marinas de consumo humano. Mientras que en otros países, como Japón, se establece un mecanismo de muerte sin sufrimiento para animales del mar, en México sigue siendo una atracción pescar o elegir una trucha o una langosta y lanzarlas, con vida, directamente al agua o aceite hirviendo mientras se escuchan los chillidos del crustáceo o se retuerce de dolor el pez.
La segunda gran injusticia: Manejo de residuos, contaminación de micro plásticos e impunidad en crímenes contra el mar
Más de 10 accidentes se han registrado el último sexenio en plataformas petroleras. Algunos, dejando residuos de petróleo y sustancias letales para el mar. Un pendiente terrible consiste en reconocer al mar como objeto de protección con derechos ambientales, por ende, como elemento a ser protegido, reparado, garantizado y con la obligación a quienes lo dañen de hacerse responsables de limpiar lo que fallas humanas dejan en él.
Agenda por los derechos de los mares avanza internacionalmente
Mediante litigios internacionales, los países que sufren las peores consecuencias del cambio climático promueven que en todo el mundo, sean reconocidos los derechos de los mares con la finalidad de que los Estados tomen acción y responsabilidad por ello. En abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la primera de varias audiencias sobre los derechos de los países más afectados por la contaminación de los mares y gases efecto invernadero que aquellos países industrializados y más adinerados generan.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) recibió el año pasado un asunto en el que se le pide opinión consultiva sobre los deberes jurídicos de los Estados en la emergencia climática, mientras que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es el primero de los tres tribunales internacionales que emite una opinión consultiva sobre el cambio climático.
En un pronunciamiento histórico, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha establecido que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen una forma de contaminación marina. Este dictamen no solo subraya la gravedad del cambio climático, sino que también impone obligaciones legales a los Estados para prevenir y mitigar esta polución “por todos los medios necesarios”. Este fallo tiene una relevancia crucial para México, donde la próxima legislatura debe reconocer los derechos ambientales y legislar medidas urgentes sobre el calentamiento global.
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas celebraron el veredicto del tribunal, destacando su importancia para la implementación del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Este llamado a la acción es particularmente relevante para México, un país vulnerable a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. Vivimos el huracán más violento de la historia mexicana en Acapulco, Guerrero, “Otis”. Nuestro país no solo sufre las consecuencias del cambio climático sino que es una prueba de la desigualdad: Mientras en norte, Nuevo León, Monterrey, industrias contaminan guardando entre sus residentes a las familias más acaudaladas, la debacle climática azota a los más pobres que habitan en las costas del sur.
La decisión del tribunal llega en un momento crítico, en vísperas de la reunión de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Peid) en Antigua y Barbuda, quienes han sido los principales impulsores de este dictamen. Estos países, que contribuyen mínimamente a las emisiones globales, están entre los más afectados por sus consecuencias. La decisión de considerar las emisiones de carbono como contaminación marina enfatiza la obligación de los Estados de realizar evaluaciones ambientales y socioeconómicas de cualquier actividad que pueda causar daño a los océanos.
Para México, esta sentencia debe servir como un impulso para adoptar políticas ambientales más estrictas. La próxima legislatura y el sexenio en sí mismo tiene la responsabilidad de garantizar que se implementen medidas efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestros ecosistemas marinos. Además, México debe fortalecer su cooperación internacional para asistir a los países más vulnerables en su lucha contra el cambio climático.
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó que este dictamen servirá como base para futuros trabajos destinados a “poner fin a la inacción que nos ha llevado al borde de un desastre irreversible”. Este mensaje resuena con fuerza en México, donde la inacción y la falta de políticas ambientales robustas pueden tener consecuencias devastadoras. Sabemos que el medio ambiente no fue agenda de López Obrador pero existe esperanza de que sea importante para Claudia Sheinbaum.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reiterado que los Estados deben garantizar que la contaminación causada por sus emisiones no afecte a otras áreas fuera de su jurisdicción. Además, subraya la importancia de la adaptación y restauración de ecosistemas, la protección de áreas marinas y la creación de áreas marinas protegidas.
Los líderes de los 39 Peid presentarán un nuevo plan de acción para aumentar la resiliencia de sus naciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. México debe seguir su ejemplo y desarrollar un plan integral que aborde la crisis climática de manera efectiva y sostenible, empezando por reconocer a los mares y a sus especies como ecosistemas con derechos, sujetos de ser protegidos.
En conclusión, la próxima legislatura mexicana tiene una tarea monumental por delante: reconocer formalmente los derechos ambientales y legislar medidas urgentes para enfrentar el calentamiento global. El dictamen del Tribunal Internacional del Derecho del Mar debe servir como un catalizador para la acción inmediata, asegurando que México esté a la vanguardia de la protección ambiental y en la lucha global contra el cambio climático.