La creciente tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos se debe a la omisión (por ambas partes) de entender el papel del otro en una crisis compartida, multifactorial y mal atendida por todos los actores con significación en el tema.

Hace mucho que el problema en México dejó de ser el narcotráfico, para convertirse en un fenómeno amplio del denominado crimen organizado que controla territorio, lava dinero, financia políticos y empieza a cobrar derecho de piso aun en las grandes ciudades. Hace mucho que el problema en Estados Unidos no es de consumo de drogas, sino de intereses en todos los niveles que se benefician de las áreas grises del modelo y que perdieron el control de una distribución referida a consumidores lúdicos porque la distribución masiva de opioides legales dio paso al fentanilo que, es potente y destructivo, fácil de producir y difícil de detectar. En otras palabras, estamos frente a la tormenta perfecta en donde todos son culpables y todos son víctimas.

Los mexicanos hemos visto crecer la descomposición social derivada de la incursión del narco en la vida pública y la construcción de una superestructura de control y dinero que está más allá de mecanismos políticos, y que se disimula de tal forma en la sociedad, acotada en el fenómeno de la narco cultura, que es muy complicado separar a “Tiros de Troyanos”.

En este ambiente, la solución que se impone pasa por un diagnóstico crudo que nadie está dispuesto a hacer porque lo único que evidencia, es que llegamos a una situación que todos contribuyeron a crear y que deja muy mal parado al ámbito institucional de ambos países.

El presidente Trump ha sostenido por lo alto y por lo bajo, que realizará acciones mucho más contundentes contra el crimen organizado en México, empezando por la declaratoria de estos grupos como parte del terrorismo internacional, colocándolos así en una categoría legal que permite al gobierno de Estados Unidos considerar a estas entidades como beligerantes, sin importar los países en donde se encuentren y de los gobiernos que administren éstos.

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Desde esta perspectiva quizá sea conveniente dicha declaratoria pues, permitiría atacar objetivos y detener o eliminar personajes de las cadenas de mando y distribución en cualquier parte del mundo donde se encuentren, dando un tono de contraste a estos personajes que en buena medida, no operan en México.

El problema se presenta en la gama de grises que los gobiernos de las regiones donde el narco prevalece parecen mantener. Por ello, las palabras de Trump despiertan preocupación a entidades públicas que quizá sin otro remedio, han coexistido con estos grupos armados que imponen su voluntad por la fuerza.

Lo recomendable es asumir y enfrentar esta crisis de Estado despolitizándola y graficándola como lo que es: un enorme cúmulo de dinero, armas y actores que, por todos los medios, toman los espacios que a su interés convienen sin que los diversos niveles de autoridad hayan podido contenerlos eficazmente con independencia del partido al que pertenezcan.

La prudencia no es una categoría de pensamiento que aparezca con frecuencia en bandas criminales, sin embargo, dada la enorme experiencia y evolución de estos grupos, podría esperarse que asuman las señales y reconduzcan sus actividades fuera de los ámbitos que mayor costo les traerán; a saber: en Estados Unidos la venta de fentanilo y en México, el cobro de derecho de piso en múltiples regiones de la nación.

Parece poco probable que en el corto plazo las condiciones que han llevado a los republicanos al poder, pudieran modificarse para que estos, por cualquier señal externa o presión diplomática, desmonten sus decisiones encaminadas a desarticular a través de golpes militares la influencia de los traficantes de fentanilo.

Lo que sigue va a depender de cómo se vaya desenvolviendo la toma de decisiones respecto a los objetivos primarios y secundarios, y a la mayor o menor vinculación que las estructuras institucionales tengan con dichos objetivos. Los jefes de Estado, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, deben reservarse como instancia de resolución de crisis desde una perspectiva que implica asumir que la situación que ha traído a este momento deviene, de no haber actuado a tiempo (ni con contundencia), en ambos lados de la frontera.

Hagamos votos porque la capacidad política, la buena fe, el diálogo de fondo y la prudencia, guíen la siguiente etapa de la relación de nuestros países.