Vaya controversia se ha originado recientemente a partir de un tema que tiene impacto estructural a nivel global: el crecimiento y desarrollo sostenible. Y es que, o hay un cambio real en la manera de hacer negocios y de invertir, donde se atiendan criterios mínimos de sustentabilidad, o el Cisne Verde del que habla el Banco Internacional de Pagos (BIS) se nos puede presentar en la forma de una “crisis climática y económica sin precedentes”. Los estándares ESG (por sus siglas en inglés) buscan lograr un cambio en la forma en que los inversionistas interactúan con el ambiente, además de considerar aspectos sociales y de gobernanza. En México, este tema es de particular importancia y se ha puesto de manifiesto con la inversión público-privada en obras como la del Tren Maya, que amenaza los equilibrios de los ecosistemas naturales y de las comunidades de ciertas regiones del sureste del país, por no haber presentado debidamente sus manifestaciones de impacto ambiental.
El acrónimo ESG o ASG (por sus siglas en español), se refiere a las iniciales de los estándares mínimos a los que deben apegarse las empresas para considerarse sustentables, a través de su compromiso Ambiental, Social (comprende varios aspectos de las relaciones con el ecosistema social de cada compañía), y de buen Gobierno (gobierno corporativo), sin descuidar los aspectos financieros. Estos criterios evolucionaron de lo que desde 1960 se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). En 2004 se introdujeron como ESG, cuando el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, llamó a los CEO’s de las 50 empresas financieras más grandes del mundo a incluirlos para el manejo responsable de los negocios. Se relacionan con sus Principios de Inversión Responsable (PIR), firmados en el 2006, del que México es parte, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se aprobaron en 2015, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Han tenido mayor auge a partir de la pandemia de Covid19, y en la actualidad juegan un rol cada vez más importante en las decisiones de inversión.
Pero a últimas fechas han surgido varios cuestionamientos sobre la mejor manera de implementarlos. Aunque en su carta a directores ejecutivos (CEOs) de 2022, Larry Fink, fundador de Blackrock, señaló que “el capitalismo tiene el poder de moldear la sociedad y actuar como un catalizador para el cambio”, y respaldó la necesidad de que las inversiones se enfoquen en los criterios ESG de sustentabilidad; recientemente, por la crisis energética, parece haber cambiado de opinión y ha “flexibilizado” sus criterios de aplicación. Para muchos inversionistas, como Elon Musk, la medición de ESG está en manos de “falsos guerreros de la justicia social” y “son una estafa”. Recientemente, su empresa Tesla fue eliminada del Índice S&P ESG, de la Bolsa de Valores de NY, mientras que la petrolera Exxon Mobile ocupa uno de los primeros 10 lugares en dicho índice. A partir de ahí se ha acrecentado la polémica sobre la manera de calificar y “rankear” a las empresas desde el punto de vista ESG.
¿Por qué importan los criterios ESG?
Para crear, proteger y sostener el valor de una empresa, sus órganos de gobierno deben tomar en cuenta no solo los intereses de los accionistas, sino a todo un grupo de interesados legítimos (“stakeholders” como empleados, clientes, proveedores, comunidad), que pueden verse afectados por las actividades de ésta. Los ESG dentro de una empresa (bien identificados, gestionados y medidos), buscan ser una herramienta para atender los intereses de los “stakeholders”, a partir de lo cual la empresa, entre otras cosas, obtiene el beneficio de alcanzar mayor solidez para atraer inversiones (no necesariamente mayor rentabilidad), y por extensión, influyen en la sostenibilidad en el largo plazo del negocio. Por eso se han vuelto tan importantes.
Los datos sobre cómo una empresa cumple o integra los estándares ESG en el negocio generalmente se categorizan como información “no contable” y no se reportan como parte de la información financiera. Los activos intangibles son parte de la valuación de las compañías y el objetivo es que los estándares ESG den información sobre esos intangibles (como el valor y reputación de una marca), al pretender medir las decisiones que toma la administración de la empresa frente al impacto que tienen en su entorno, que afectan su eficiencia operativa, y su dirección estratégica.
El camino por recorrer
El acrónimo trae a muchos de cabeza. Por su naturaleza intangible, y porque algunos los califican de “holísticos” y también sugieren que se juntan tres variables (la E, la S y la G) que no necesariamente debieran analizarse juntas, hay una gran controversia de cómo aplicarlos. Deloitte por ejemplo propone la creación de índices organizados y claros para ordenar la información de ESG en las empresas. Otros, como Vivek Ramaswamy, que ha atraído mucha atención en los medios financieros últimamente, de plano se oponen a los ESG y dicen que es una creación de los tres fondos de inversión más grandes en el mundo (Blackrock, Vanguard y State Street) para manipular a los mercados de inversionistas pasivos; y enfrenta lo que él llama el capitalismo “woke”, que se centra en la S de los ESG por promover criterios de inclusión y equidad, a un nueva forma de “capitalismo de excelencia” que no dependa de esos criterios y se responsabilice solo de generar “buenos productos y servicios”. Hay una “guerra” por atraer capital de parte de los manejadores de activos en los mercados.
También, hay quienes destacan la hipocresía corporativa de quienes se proclaman “verdes” sin serlo, y recurren al “greenwashing”, que son las malas prácticas para atraer inversionistas, a partir del engaño de que los negocios aplican los ESG, aunque en la realidad no sea así. Como el reciente escándalo del DWS/Deutsche Bank por denuncias “greenwashing” sobre el propio encargado de administración de activos de la institución.
Por otra parte, hay otros banqueros, como Stuart Kirk de HSBC, que hace unas semanas, a pesar de estar al frente de la dirección global de “inversión responsable”, puso en duda que se tenga que analizar hoy “lo que va a pasar en 20 o 30 años” con el medio ambiente. En una conferencia del Financial Times hizo su ya icónica declaración de que “¿a quién le importa si Miami está seis metros bajo el agua dentro de 100 años?”. Kirk fue suspendido por HSBC, y el banco declaró estar a favor de la inversión responsable.
Finalmente, hay quienes sugieren, como Amrith Ramkumar del Wall Street Journal, que “nuestro portafolio de inversión puede salvar al planeta”. El debate está vivo y lo único cierto es que los ESG tienen aún un largo camino de perfeccionamiento por delante.
México y los ESG
En 2018, 51 inversionistas institucionales en México firmaron una declaración a favor de la divulgación de información de criterios ESG con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) y la llamada Iniciativa de Financiamiento Verde de la ciudad de Londres, “para acelerar el desarrollo de las finanzas verdes y sustentables dentro del sistema financiero mundial, reducir emisiones y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”. No hay aún una legislación específica en materia de ESG en el país, y las empresas listadas en las bolsas de valores emiten informes sobre ESG de manera voluntaria de acuerdo a marcos internacionales del tema (GRI y PIR). Recientemente la CNBV anunció la emisión de una herramienta de autodiagnóstico ESG y riesgos relacionados para las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, que puede ser la antesala de una regulación en la materia. En 2020 se lanzó el Índice S&P/BMV Total México ESG para difundir la importancia de la adopción de los estándares ESG en el ambiente empresarial en el país.
El movimiento que inspira la necesidad de criterios ESG en los negocios llegó para quedarse. Seguramente habrá que hacer correcciones en la manera de implementarlos a partir de políticas públicas y regulaciones que clarifiquen y estandaricen su medición, como un “todo” o quizás de manera separada, en especial para que no haya marcos referenciales y conceptuales diferentes para discriminar a una empresa frente otra, en las decisiones de inversión institucionales. Es un tema sobre la atracción de inversiones que irá cobrando cada vez más importancia a nivel mundial y México no puede quedarse atrás.