La impartición de justicia en México está en proceso de transformación. La Reforma Constitucional en materia de justicia, publicada el 15 de septiembre de 2024, tiene entre sus objetivos principales acercar al pueblo de México al quehacer judicial y responder a ras de piso sus verdaderas necesidades.
Al día de hoy, han sido más de cinco meses de arduos trabajos para la implementación de la reforma, sin contemplar las acciones y desavenencias que hasta el momento continúan presentándose entre los Poderes de la Unión y los actores políticos que estén en contra o a favor de ella.
La Reforma Constitucional es ya una realidad y, como demócratas, nos corresponde incorporar y asumir los nuevos retos a los que nos enfrentamos y aquellos que están por venir para su total implementación. El Poder Judicial cuenta con la valiosa oportunidad de reforzar su legitimidad a través de la participación ciudadana.
Ese hecho, sin embargo, no puede permitirnos ignorar los sucesos ocurridos a lo largo de este tiempo: desde los cuestionamientos en torno a su aprobación en el Senado de la República, el torrente de amparos y medidas que de una u otra forma paralizaron las evaluaciones del Poder Judicial, hasta las listas de aspirantes y potenciales candidatas y candidatos con errores que podrían poner en tela de juicio la confianza en el proceso.
A las personas que, como demócratas levantamos la mano para formar parte de este proceso histórico, nos toca hacer que se cumpla la Ley, cuidar el proceso electoral que se está escribiendo todos los días a través de las decisiones del INE, y ser un factor que genere confianza y certidumbre.
Como demócrata y como una abogada que durante 35 años de carrera como servidora pública me he conducido con total rectitud y apegada a los valores constitucionales, me preocupa que, en este camino donde todos los días hay definiciones nuevas, los vacíos se aprovechen de manera dolosa para sacar ventaja previo y durante el proceso electoral. Sin embargo, el fondo de la preocupación no se centra en presuntas irregularidades, sino en que esta percepción socave la confianza pública en este proceso de transformación y combate a las malas prácticas que permean a la justicia en México; ahí está el verdadero desafío y por eso tenemos que ser guardianes del proceso.
El contexto en el que nos encontramos actualmente es una oportunidad invaluable para fortalecer el Estado de derecho y justicia mexicana, contrarrestando aquellas acciones que han afectado su credibilidad. Confío en que, con la participación objetiva e imparcial de las autoridades electorales, este proceso garantizará transparencia y certeza en la selección de personas juzgadoras.
A pesar de los desafíos que esta transformación conlleva, es esencial que no permitamos que el proceso se desvíe de su objetivo principal: acercar la justicia al pueblo.
No se trata solo de un cambio estructural en la forma en que se eligen a las personas juzgadoras, sino de una transformación que debe garantizar la independencia, la capacidad y la probidad de quienes imparten justicia. Para lograrlo, es imprescindible que el proceso de selección asegure perfiles altamente calificados y comprometidos con los principios fundamentales del derecho, pues la fortaleza de nuestras instituciones depende directamente de la preparación y la ética de sus integrantes.
Además, este proceso tiene una dimensión internacional clave. Se avecina la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y es fundamental que nuestro país demuestre que cuenta con un sistema judicial robusto, confiable y eficiente.
Cualquier señal de debilidad en nuestro sistema de justicia podría afectar la confianza de nuestros socios comerciales y de los inversionistas. Asegurar que las personas juzgadoras sean seleccionadas con base en su idoneidad y méritos contribuirá a fortalecer la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y a garantizar el respeto a los acuerdos internacionales que rigen nuestra economía.
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es garantizar que nuestro sistema de justicia tenga la solidez y la credibilidad necesarias para resolver las controversias derivadas de grandes litigios, especialmente en materia comercial, para así evitar recurrir a paneles arbitrales internacionales.
La transformación al Poder Judicial representa una oportunidad para consolidar un sistema de justicia que inspire confianza y permita que las resoluciones sean emitidas con transparencia y apego a derecho desde nuestras propias instituciones. Además, es un compromiso con la justicia, con la estabilidad económica y con la confianza del pueblo. Si garantizamos un proceso electoral robusto, transparente, con piso parejo para quienes hemos decidido participar y con instituciones organizadoras que den confianza, lograremos un México donde la justicia sea verdaderamente un pilar de desarrollo y seguridad para todas las personas que habitamos este país.
Zulema Mosri Gutiérrez es magistrada y candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
X: @z_mosri