Los primeros siete días del año han sido brutales para Guerrero. Parece que el debate sobre las prerrogativas de la ministra Lenia Batres son lejanos e inclusive, ajenos al verdadero pleito que se vive en el país: crímenes sin control y sin denuncias por el miedo a la represalia. Se ha desdibujado quién es la autoridad y quiénes son los perseguidos, quiénes son los ciudadanos a quienes se debe proteger y quiénes son los criminales. Ahora los multi-delincuentes usan armas con alta tecnología, como si fuesen algún ejército de potencia mundial mientras policías y directores caen muertos o renuncian a la responsabilidad que implica hacer frente a esto.
Bajo el sombrío cielo de Guerrero vapuleado ya por los estragos del huracán Otis, la violencia desenfrenada ha tejido una trama de barbarie que deja estremecida a la sociedad. El jueves pasado, en Heliodoro Castillo, la tragedia se desató cuando los cielos fueron invadidos por drones que arrojaron el luto sobre los pobladores. Las cifras bailan entre 9 y 30 víctimas, un sombrío recuento de vidas segadas.
La fiscalía, en su versión, arroja luz sobre un enfrentamiento entre dos grupos criminales, atribuyendo la pérdida de cinco vidas a ese oscuro conflicto. Sin embargo, enfatiza que no hay heridos, desaparecidos ni personas privadas de la libertad. La brutalidad, en su máxima expresión, desdibuja la realidad.
Hoy, la sinfonía macabra persiste con otra matanza, esta vez durante un palenque en Petatlán. Civiles armados irrumpen en el evento, sembrando el pánico entre los asistentes. El saldo preliminar se tiñe de sangre con al menos 5 muertos y 10 heridos, cuerpos que yacen como víctimas de una danza mortal.
Los heridos, portadores de cicatrices físicas y emocionales, son trasladados a distintos hospitales en busca de salvación. En Chilapa, el espectro de la muerte se cierne sobre más de 40 almas en tan solo dos días.
Feminicidios. Tres hermanas, dedicadas a la venta de pollo, fueron segadas mientras preparaban el nacimiento afuera de su hogar. El “Niño Dios” presenció, impotente, la barbarie que envolvió sus vidas. La gobernadora, Evelyn Salgado, enfrascada en sus redes sociales, lanza mensajes de prosperidad y felicidad, sus videos saturados de filtros reflejan un mundo paralelo, mientras la realidad se desangra.
En Chilapa, el crimen, a las 21:30 horas, cerca de la iglesia de El Calvario, se cierne sobre tres mujeres: una maestra y dos comerciantes. Balazos resonaron en la noche, silenciando sus vidas. Sus identidades permanecen en la penumbra, pero se revela que una de ellas era vendedora de pollo en el mercado municipal. El tejido de la violencia, inescrupuloso, deja una cicatriz imborrable en el corazón de Guerrero.
En el intrincado escenario de la sierra, los ataques perpetrados con drones no son más que la última entrega de la cruenta saga que se gesta desde agosto de 2023. En ese rincón del territorio, La Familia Michoacana despliega su maquinaria en un afán por conquistar la región. El gobierno mexicano señala que es allí donde el Cartel de la Sierra mantiene su férreo dominio.
Guerrero, en este primer compás de 2024, se encuentra inmerso en una espiral de violencia sin respiro. La semana inaugural ha sido testigo de asesinatos que han ensombrecido los escenarios de Acapulco, Iguala y la capital guerrerense, Chilpancingo. La crudeza del crimen no cesa, perpetuando un oscuro capítulo en la historia reciente de la región.
Según la versión de la Fiscalía, los familiares y residentes de la comunidad en cuestión optaron por eludir la presentación de una denuncia formal y renunciaron a someterse a pruebas genéticas para identificar a las víctimas o propiciar nuevas líneas de investigación. A pesar de este mutismo, las autoridades emprendieron una investigación de oficio. El Estado de derecho es el principal amenazado: aún con investigaciones de oficio, no hay reparación ni garantías de no repetición para las familias de Guerrero.
De hecho, reina el silencio pues la misma Fiscalía también aclaró que no se ha logrado recabar información sobre posibles heridos, desaparecidos o individuos privados de su libertad que pudieran arrojar luz sobre la comisión de otros delitos conexos.
“Se tiene conocimiento de que este trágico suceso surgió como resultado de la confrontación entre los grupos criminales de la ‘Familia Michoacana’ y ‘Los Tlacos’, en una contienda feroz por el control territorial”, recitan.
Antes de la confirmación oficial, el hallazgo ya había sido corroborado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Inicialmente, basándose en llamadas de auxilio, había mencionado la cifra de 30 muertos. Sin embargo, tras visitar el lugar de los hechos, en el transcurso de este día, rectificó su versión.
La disputa territorial revela algo peor que la existencia de células criminales con ese altísimo poder: la simple posibilidad de que los gobiernos, de facto, hayan perdido ya el control de esos sitios, la persecución de los delitos, la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y la prevención del crimen. Entonces ¿Qué es el gobierno de aquella entidad si no un simple benefactor que administra eventos oficiales y programas sociales?
Poco o nada importa si los ministros ganan más o menos. Igualmente, estos casos están lejos de llegarles. Dudo genuinamente que siquiera puedan pasar de la Fiscalía. De justicia, ni hablar.