Con menos de un mes en el poder, el autodenominado “anarcoliberal” (lo que ello signifique), el pasado miércoles 27 de diciembre envió al Congreso argentino un proyecto que propone la reforma de distintas leyes, que conforman la tercera y última parte del plan de reformas liberales con el que planea “dar un punto de giro en la historia Argentina”, giro que ubica al Estado sudamericano cada día más cerca del fascismo.
El presidente llevaba apenas 48 horas de mandato cuando su ministro de Economía, y a ojos de este servidor el “poder detrás del trono” Luis Caputo, anunció 10 “medidas de emergencia” para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación brutal de la moneda, misma a la que hicieron perder la mitad de su valor contra el dólar en un solo día.
En su segunda semana, a través de la cadena nacional, el propio Milei dio a conocer los detalles del polémico “decreto de necesidad y urgencia (DNU)” -sic-, con el que el poder ejecutivo pretende modificar o derogar 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía. Este paquete contiene un “megadecreto” que ha generado cuestionamientos de su constitucionalidad, provocando una serie de “cacerolazos” (protestas de vecinos golpeando cacerolas) y manifestaciones de los sindicatos y algunas organizaciones sociales.
Ahora, en la tercera semana del nuevo gobierno autodenominado libertario, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que se envió al Congreso un “paquete de leyes que será tratado en sesiones extraordinarias, titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” (sic). Milei señaló que este proyecto legislativo es el más profundo ya que contiene “dos tercios” de todas sus propuestas de reforma.
La más llamativa y preocupante, es con la que pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional (seguridad social), de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Un período que “podrá ser prorrogado por el poder ejecutivo nacional por el plazo máximo de 2 años. Si dicho paquete de reformas se aprobaran Milei tendría durante sus cuatro años de gobierno la potestad de decidir sobre todos estos temas sobre los que hoy sólo puede legislar el parlamento.
En otras palabras, tendría en sus manos el poder tanto del ejecutivo como del legislativo, una propuesta controvertida que, en la práctica, tiene pocas posibilidades de ser aprobada por los legisladores del oficialista La Libertad Avanza, que son minoría.
Mientras que el “megadecreto” de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el del trabajo, el comercio, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol, el paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, sólo pueden ser modificadas por el Congreso. “El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, detalló Adorni.
Los más de 600 artículos de la “ley ómnibus” (nombre al que se le denominó al paquete de reformas), proponen modificar una veintena de leyes. Llamando la atención el capítulo dedicado a la reforma del Estado, que propone declarar “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público. Se trata de cerca de 40 compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.
En el capítulo sobre la reforma electoral se incluye la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocidas como PASO, que han sido motivo de controversia desde su creación en 2009. Y se propone cambiar la composición de la Cámara de Diputados, pasando del sistema actual, que determina la cantidad de representantes de forma proporcional con la población, a un sistema de circunscripciones uninominales, que implica la división del país en 254 circunscripciones con un diputado por cada una. Si bien el régimen de Milei asegura que esto pondría fin a las llamadas “listas sábana” donde la población vota a muchos representantes que no conoce, también lo es que el modelo planteado es uno de democracia indirecta, propio de los EE.UU., mismo que en la práctica solo beneficia a los partidos grandes, cerrando la puerta la participación independiente o de minorías.
La propuesta de Milei también incorpora nuevos y protofacistas límites a las manifestaciones, aumentando las penas de hasta de cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpecer la circulación o el transporte público o privado”. La pena será aún mayor si “se extorsiona” a las personas para que asistan a una protesta, amenazando con quitarles la ayuda social.
En tanto, la propuesta del gobierno argentino elimina las penas a quienes utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. En la actualidad el Código Penal sólo permite usar armas a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
Estas aberrantes propuestas, también proponen el blanqueo de hasta 100 mil dólares en activos, beneficiando impositivamente a quienes declaren bienes o dinero efectivo por debajo de ese monto.
Y propone dejar en manos del poder ejecutivo, a través de decretos presidenciales, el aumento de las jubilaciones, que hoy se regulan por ley.
Aunque algunas de las propuestas -en particular la eliminación de las PASO- cuentan con el aval de distintas fuerzas políticas, es probable que muchos de los 664 artículos de la “ley ómnibus” no se terminen aprobando. Es claro, Milei mandó su idea de una Argentina perfecta, pero no tuvo mucho en cuenta la viabilidad política, ya que, aunque ganó la segunda vuelta electoral con casi el 56% de los votos, en la primera vuelta -la que vale para obtener curules en el Congreso- sacó apenas el 30% y quedó segundo, a 7 puntos del kirchnerismo-peronismo, que tiene mayoría en ambas Cámaras.
Con esos resultados electorales, el partido hoy en gobernante cuenta con 40 curules en la Cámara de Diputados y sólo 7 en el Senado. Eso representa un 15% de todo el Congreso, por lo que tendría que contar con todo el apoyo de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, que quedó al borde de la fractura por sus diferencias respecto a su alianza con Milei.
Mientras el Congreso debate el paquete de reformas en sesiones extraordinarias convocadas por el propio Milei hasta el 31 de enero, habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias, a partir de marzo, para saber cómo se expida sobre el “megadecreto”, que entrará en vigencia el 29 de diciembre de 2024, si no es frenado antes por el poder judicial.
A diferencia del paquete legislativo, que se votará parte por parte, el DNU deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad por la mayoría de las cámaras, y con solo tener el visto bueno de una quedará vigente.
Por lo tanto y a nuestra valoración el proceso de lucha del pueblo argentino debe pasar a otra etapa, ya que la defensa de los derechos y las libertades sociales debe de ejercerse en la calle y en el propio parlamento, toda la vulgaridad de la propaganda de la derecha que hizo llegar a Milei hoy se enfrenta con su realidad, dejando la iniciativa en favor de las fuerzas progresistas argentinas, para detengan el avance del fascismo y la ignominia en aquel país hermano.
X: @juanrubiog
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