Que difícil es para lo ilusos que alguna vez le creímos, el ver como Andrés ha cumplido al pie de la letra los pasos para un régimen tirano.
Antes de terminar su mandato constitucional sentó las bases paranoicas para la militarización, sin garantías y contrapesos, del país.
Uno por uno destruyó la autonomía de los poderes de la unión, empezando por los organismos que hacían de contrapeso institucional y ayudaban a hacer cumplir los principios de la Constitución, como la libre competencia con la COFECE o la transparencia y rendición de cuentas con el INAI, para imponer a un fiscal carnal se opuso a la reforma que haría independiente de la FGR a la fiscalía; instituciones como la CRE, CNH en el sector energético o la CNDH, quitando de tajo la capacidad de los ciudadanos para protegerse de los abusos del gobierno. Le arrebató la independencia y calidad ciudadana del INE para imponer a su gente, empezando por su presidenta Guadalupe Tadei, que tiene a toda su parentela trabajando para AMLO y Morena, y lo mismo pasó con el Tribunal Electoral.
Cuando anunció su famoso plan C en 2021, prometió que ganaría las elecciones presidenciales y la mayoría absoluta en el Congreso y una vez conseguido, sólo necesitaba un mes para imponer su voluntad. Lo cumplió, y ejecutó un golpe de Estado blando.
Sobre todo, con dos reformas constitucionales, la del poder judicial, que consuma la transformación, al quitarle a México su carácter de república y pasar a un poder unipersonal y la segunda, que pone las bases para la tiranía, la reforma que militariza la seguridad pública y la vida cotidiana en el país con la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA.
Un opositor muy crítico
Cuando era oposición AMLO fue muy crítico con sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por recurrir al ejército para enfrentar a los grupos criminales, no le faltaron denuncias de abuso y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, ahora, cínico, perverso y megalómano, se justifica: ”Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”.
Como siempre, por culpa de otros, no cumplió su antigua promesa de regresar a los militares a los cuarteles “en seis meses”.
Siempre engañó con la verdad, siempre hizo lo que negó.
La reforma busca militarizar total y permanentemente la seguridad pública a nivel federal, lo que traerá graves repercusiones en la vida diaria de los mexicanos.
Derechos humanos
El primer gran impacto es contra los derechos humanos. Un riesgo brutal de regresar a los tiempos de la tenebrosa Dirección General de Seguridad, esa que comandaron Fernando Gutiérrez Barrios responsable de la desaparición de miles de jóvenes o Manuel Bartlett, que cuando estaba a cargo se “despacharon” al periodista Manuel Buendía y al agente de la DEA Kike Camarena.
Otro elemento pernicioso de esta reforma autoritaria es que garantiza la impunidad de los gobernantes que podrán hacer y deshacer lo que se les antoje sin rendir cuentas a nadie y quien los cuestione, correrá el riesgo de la represión.
Poco a poco veremos cómo se pierden derechos como la libertad de expresión, de manifestación y de defensa contra actos de la autoridad.
La militarización de la seguridad pública traerá consigo un incremento de la represión y violencia en contra de la población civil, y eventualmente afectará la estabilidad democrática del país.
Abusos e impunidad
El gobierno de AMLO ignoró por completo las sentencias emitidas por la SCJN y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con base en estándares internacionales y nuestra tradición constitucional, sostienen que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles y sólo excepcionalmente las fuerzas armadas colaborar de manera subordinada a éstas.
La aprobación de la reforma no solo conlleva el incumplimiento de obligaciones y compromisos internacionales y confirma la supremacía del poder ejecutivo sobre los otros poderes, también confirma la creación de un régimen tiránico, populista y con una capacidad de represión sin límites.
La reforma rompe con la tradición constitucional, otorgando un gran poder a las fuerzas armadas. La Guardia Nacional podrá investigar civiles, lo que llevará a posibles abusos y se les otorgará fuero militar, abriendo una preocupante puerta a la impunidad.
Derrota moral
Aunque lo niegue el presidente y su sucesora, es una militarización y representa la derrota moral para la izquierda. Las generaciones del 68 y 70, defensoras de derechos humanos, ahora van en sentido opuesto, logrando lo que ni Díaz Ordaz ni Echeverría imaginaron.
El 2 de octubre, se olvidó, ya no es lo que era. Mientras algunos recuerdan los que representaron los hechos en Tlatelolco, otros abandonan el camino que defendieron ¿qué queda de aquel grito por justicia?
X: @diaz_manuel