Hace un par de años que México comenzó a rezagarse frente a países de la región por la falta de regulación, inversión y especialistas en materia de ciberseguridad. La solución que no sorprende dada la tendencia de este gobierno es que lo haga el Ejército. Lo que sea que haya que hacer, el Ejército.
La aprobación de la Ley Federal de Ciberseguridad plantea un dilema fundamental entre seguridad y libertad de expresión. Esta semana, las comisiones unidas de seguridad y ciencia de la Cámara de Diputados aprobaron una ruta para dictaminar la propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad que contiene algunas disposiciones sin límites con que particulares pueden ser rastreados o monitoreados por la Sedena.
En una versión innovadora de “masruguete”, se planea aprobar una propuesta del Diputado Javier López Casarín en “fast-track” y sin tanta discusión. Si bien la seguridad en el ciberespacio es crucial, la concentración de poder en manos militares y la ambigüedad en los delitos informáticos plantean serias preocupaciones.
Desde su enfoque exclusivamente en la seguridad nacional, la ley ignora la complejidad del ciberespacio como un ámbito donde convergen múltiples derechos y libertades. Al asignar a la Sedena y Marina la vigilancia y operaciones cibernéticas, se abre la puerta a la posibilidad de abuso de poder y censura.
La propuesta de ley faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina a “monitorear” y llevar a cabo “operaciones militares” en el “ciberespacio”. Sin embargo, contrario a la legalidad y al principio de taxatividad, la propuesta de ley no define que tipo de “actividades” podrían llevar a cabo las Fuerzas Armadas, si es que un juez u otra autoridad debe autorizarlo para garantizar que no haya abuso de poder, si es que habrá procedimientos o mecanismos de protección de datos, si habrá una temporalidad clara para la medida o un catálogo de acciones de menor a mayor magnitud que pueda tener consecuencias irreversibles.
O sea, prácticamente sin justificar una sospecha válida, solo por decisión de la Sedena, cualquier persona podría ser “monitoreada” el tiempo que sea, pero no solo en sus redes sociales, sino en su cuenta IP, geolocalización de dispositivo, etcétera. Un caldo de cultivo perfecto para que militares no tengan restricciones a la hora de realizar vigilancia con cara de espionaje e intervención de comunicaciones privadas de manera ilegal. Y ni hablar de “ciberactivismo”, que en caso de ser considerado por alguna razón amenazante, podría tener consecuencias fatales en un país lleno de hostilidades para activistas y periodistas.
Un “Big Brother” al servicio de ¿Palacio Nacional?
La propuesta que parece podría aprobarse sin leerse, incluye la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, con amplias facultades de inteligencia, suscita inquietudes sobre la privacidad y el debido proceso. ¿Cómo garantizarán las autoridades el equilibrio entre la protección y el respeto a los derechos individuales?
Prácticamente, esta “agencia” dota de facultades a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República así como a juzgadores a ordenar “dar de baja” direcciones IP, dominios y sitios de Internet (periódicos o páginas) de manera discrecional y unilateral, sin establecer criterios claros o procesos de investigación que permitan conservar un espacio. Increíblemente, si que la censura es inconstitucional, también se debate otra propuesta de ley para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda determinar suspender una ley aún si es contraria a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Además, la ambigüedad en la definición de delitos informáticos podría criminalizar actividades legítimas y restringir la libertad de expresión. La producción de contenidos digitales podría ser objeto de persecución bajo la vaguedad de “incitar hostilidad” o “desinformar a la población”.
Es imperativo que la sociedad civil esté atenta al dictamen final y cuestione la capacidad de las fuerzas militares para liderar la ciberseguridad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar libertades fundamentales en aras de una supuesta seguridad? La respuesta a esta pregunta determinará el tipo de sociedad que construiremos en el ciberespacio: una de vigilancia y restricción, o una que fomente la innovación y la libre expresión.
Híper-punitivismo : cárcel a los bots, a quienes desinformen y a quien se pueda
La propuesta de ley incluye la creación de tipos penales contra del derecho a la libertad de expresión, como el contemplado en el artículo 78, que criminalizaría la producción de contenidos digitales que “inciten” a la “hostilidad” o “desinformen a la población”. Por supuesto que no define la palabra “hostilidad " pero podría alcanzar a englobar todo lo que pone en jaque a un gobierno, así sean críticas por violencia machista, acusaciones de corrupción u ofensas. Pero tantas son las deficiencias que, por ejemplo, no se contempla que pasaría en caso de columnas de opinión como la que usted está leyendo. Si esa ley estuviera vigente ¿vendría a arrestarme la Guardia Nacional por agitadora? O bien, ¿perseguirían al director de este medio, don Federico Arreola para apresarlo por difundir mis letras?
La iniciativa guarda tantísimos absurdos que contempla crear un “Registro Nacional de Proveedores de Tecnología para la Intervención de Comunicaciones Privadas”, o sea, para legalizar que sean intervenidas comunicaciones contrario a lo que dice la Constitución mientras que se queda la puerta abierta en la definición de “Tecnología para la Intervención de Comunicaciones Privadas” permitiendo que casi cualquier cosa, dispositivo, aplicación, red social o página sea considerada una “tecnología " válida para ello. Pues como usted sabe, querido lector, al instalar aplicaciones, brindamos permisos que pueden hasta acceder a nuestros contactos, camara, micrófono, mensajes, localización, etcétera. Una invasión de locura.
Cronograma:
- 19 al 20 de febrero: Reunión con representantes de Sedena, Marina, Hacienda, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
- 20 al 21 de febrero: Circulación del dictamen
- 28 de febrero: Discusión y votación del dictamen en comisiones unidas
¿Y todo? En nombre de la “seguridad nacional”. Cómo si opinar pudiera ser un “acto terrorista”. Organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica, Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y Cultivando Género AC ya advierten los riesgos pero lo que contenga el dictamen en su versión final será planta de “Rey”. Guillotina digital para los herejes y mazmorra.
Así las cosas. Puede consultarse la propuesta completa aquí: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/abr/20230425-II-2.pdf