“Ordena AMLO a SSPC desobedecer a jueces”. Este es el encabezado de una nota del diario Reforma, por cierto muy destacada este viernes en su página de internet.
Qué inmoralidad de los editores del periódico de la familia Junco. Porque, evidentemente, el presidente López Obrador no ha ordenado a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadano desobedecer —no en el sentido de rebeldía o como paso previo a un conflicto— a ningún juez, a ninguna jueza.
Aunque lo anterior se lee en las primeras líneas de la nota de Reforma, en el segundo párrafo lo que se dice es algo muy distinto: que Andrés Manuel “reveló que ya instruyó a los funcionarios para que contrargumenten las resoluciones de los juzgadores”.
Debe quedar claro que una cosa es desobedecer y otra absolutamente diferente contrargumentar.
Desobedecer significa, según la Real Academia Española, “no hacer lo que ordenan las leyes o quienes tienen autoridad”.
La definición de contrargumentar es otra: “Argumentar como respuesta a una argumentación anterior, especialmente para oponerse a ella”.
La contrargumentación es la esencia del debate, de la democracia, de la sociedad abierta.
Lo único que AMLO ha pedido a la Secretaría de Seguridad es hacer valer razones distintas a las de jueces o juezas que pretendan liberar delincuentes peligrosos con argumentos débiles —o de plano por corrupción—.
Aceptemos la realidad, hay corrupción en el poder judicial. No en la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por hombres y mujeres de primera, como Margarita Ríos-Farjat, una jurista excepcional de sólidos principios éticos; Yazmín Esquivel, con una trayectoria irreprochable y un compromiso social admirable; Alberto Perez Dayán, a quien no es exagerado definir como sabio, honesto y prudente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, erudito y absolutamente comprometido con los derechos humanos…
Del resto de ministros y ministras pueden expresarse opiniones como las anteriores. Los menciono por sus nombres: Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf.
Pero la sapiencia jurídica y la autoridad moral que caracterizan a quienes integran la SCJN no son las de la mayoría del resto de jueces y juezas del sistema.
En honor a la verdad debe precisarse que hay bastante menos corrupción en los juzgados federales que en los locales. De hecho, son minoría los presidentes y presidentas de los tribunales supieres de los estados a quienes se puede calificar de decentes, con sólida preparación y capaces de no caer en las tentaciones de la corrupción.
Una excepción notable es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Quienes integran los juzgados y las salas que dependen de Guerra Álvarez tienen en general más conciencia de la ética que sus colegas del resto del país.
No me parece ni insensato ni autoritario que Andrés Manuel exija a su gabinete contrargumentar todo lo que se pueda —sin violentar el Estado de derecho, obviamente— con jueces y juezas cuyas desiciones parezcan inspiradas en malas interpretaciones de las leyes y orientadas por el dinero de delincuentes con poder y dinero.
Creo que la intención de Reforma, líder intelectual de la derecha mexicana, no es solo presentar una crítica periodística muy amarillista.
Hay algo más en la calumnia de que “Ordena AMLO a SSPC desobedecer a jueces”. Lo que se pretende es poner a la corte suprema en contra de Andrés Manuel, de tal manera de que un criterio informal para elegir al próximo presidente —tal vez próxima presidenta— de la SCJN sea no el de garantizar una adecuada relación institucional con López Obrador, sino todo lo contrario: actuar como enemigo del titular del poder ejecutivo.
Sería terrible para México.