En un nuestro análisis más reciente, exploramos opiniones y realizamos precisiones que se consideran relevantes sobre la interpretación de la ley. Como dijimos, la idea principal es que el Derecho, en general, no es solo una interpretación jurídica estricta y académica, sino también una herramienta política.
La legislación electoral en México ha sido moldeada por los conflictos de poder, donde la oposición que pierde elecciones y quienes ganan por márgenes estrechos han intercambiado reformas y concesiones. Esto ha dado lugar a una democracia fragmentada, más que plural, en la que ninguna fuerza política tenía la legitimidad suficiente para imponer un proyecto político. Las reformas gubernamentales y sus prioridades eran con frecuencia negociadas a cambio de modificaciones en la legislación electoral destinadas a favorecer a las minorías, que acabaron siendo sobrerrepresentadas.
El “espíritu de la ley” es la intención con la que se redacta una norma. Este concepto implica que las leyes deben reflejar no solo el texto jurídico, sino también los valores subyacentes que buscan transmitir. En el contexto mexicano, este espíritu se encuentra en las exposiciones de motivos de cada iniciativa y en los debates del Congreso, que actúan como guías para la interpretación y aplicación de la ley. Imaginemos la redacción de una ley como una obra teatral en la que los legisladores son los dramaturgos que deben imprimir, en cada artículo, no solo el contenido jurídico sino también las intenciones y valores que buscan transmitir a la sociedad. Este espíritu de la ley no es una simple figura retórica; es la guía silenciosa que orienta la interpretación y aplicación de la ley.
Sin embargo, en la legislación electoral mexicana, este espíritu ha sido desvirtuado, favoreciendo la sobrerrepresentación de minorías a cambio de beneficios políticos temporales. Este desequilibrio es comparable a una obra teatral donde los personajes secundarios reciben un protagonismo desproporcionado, alterando la lógica de la obra original.
Actualmente, una fuerza política con mayoría clara, compuesta por Morena y sus aliados, plantea una situación crítica que no puede ser ignorada. La concentración de poder que han acumulado estos grupos exige un minucioso análisis y, en determinados casos, la necesidad de establecer límites para salvaguardar el pluralismo y la vitalidad democrática.
Existen modelos fundamentales de democracia: la democracia de mayoría y la democracia de consenso. Las normas electorales en México han oscilado entre ambos modelos, no por una lógica inherente a la composición nacional, sino debido a las fluctuaciones coyunturales de los partidos en el poder. Esto ha creado una falta de costumbre de reconocer una mayoría cuya representatividad legislativa corresponda con su legitimidad popular, poniendo en riesgo el equilibrio necesario para la democracia. Es una carencia histórica nacida de una transición democrática a menudo negociada bajo presión.
Afirmamos en el pasado texto que, si las autoridades electorales tratan a los aliados de Morena como minorías necesitadas de sobrerrepresentación para lograr una mayoría calificada, surgirá una justificación para criticar esta decisión, dado que las verdaderas minorías serían invisibilizadas. Sin embargo, si Morena y sus aliados han obtenido esta mayoría en las urnas, negársela sería imponer una interpretación discutible sobre la voluntad popular.
Concluimos que las categorías con las que se analiza la realidad política en México requieren ser redefinidas, reconociendo que cualquier exceso de representación en favor de la fuerza gobernante puede socavar el equilibrio democrático, llevando a un predominio que tanto se teme según las enseñanzas de Montesquieu.
En conclusión, las autoridades electorales deben asegurarse de que la fuerza política gobernante no cuente con una sobrerrepresentación que comprometa el equilibrio y la pluralidad de la democracia. Limitar la hegemonía de los actores políticos en el poder no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo cívico necesario para proteger la esencia misma de la democracia. Este “espíritu de la ley”, en principio, es el compromiso con la idea de que la democracia no solo representa la mayoría, sino también el respeto y la inclusión de las minorías. Mantener este equilibrio precario pero vital es el reto más grande y noble de nuestro tiempo.