Todos los partidos políticos en México han violado la ley electoral. Ésta se encuentra normada tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. Sin embargo, en tiempos recientes, han sido dos agrupaciones las que sistemáticamente han contravenido nuestras leyes: Morena y el Partido Verde.
La violación a la ley por parte del Verde no es sorprendente. Así como han recibido multas impuestas por las autoridades, estos delincuentes electorales han salido bien librados, pues han sido capaces de evadir la eliminación de su registro como partido político. Esto es algo ¡que sí es reprochable al INE y al Tribunal Electoral!
Y ahora… Morena. La marcha del pasado domingo, encabezada por el mismísimo presidente AMLO y por sus principales “corcholatas” supuso en sí misma una abierta y descarada violación a la ley electoral. Si bien no ha sido comprobado que el alquilar de autobuses fue pagado con dinero público, sí que existen serias sospechas de que fue el gobierno de Claudia Sheinbaum, o quizá, de gobernadores de Morena, el que financió el traslado de miles de personas del interior de la República a la capital del país.
Recomiendo echar un vistazo al vídeo grabado por Xóchitl Gálvez en el metro de la Ciudad de México. En él, la senadora del PAN cuelga un anuncio publicitario al lado de otro que promocionaba la marcha del domingo. Enseguida, un policía le pide retirar las imágenes. Después de unos minutos el material de Gálvez había sido retirado, mientras que la promoción del evento del 27 de noviembre continuaba en su sitio. No tiene desperdicio.
La marcha también representó una extraordinaria propaganda electoral en favor de Sheinbaum. Haberla visto allí, al lado de AMLO, rodeada de gente que no dejaba de adularla, fue una grosera violación del marco electoral. Por un lado, debido a la promoción personal de un funcionario con recursos públicos (prohibido expresamente en el artículo 134 constitucional) y por sus reiterados actos anticipados de campaña.
En este tenor, resulta lamentable que las normas jurídicas mexicanas en materia electoral sean letra muerta y que los partidos políticos, sin el menor miramiento o preocupación por su cumplimiento, las violen flagrantemente.
En suma, la marcha del 27 de noviembre fue un desafío abierto a la oposición y a millones de mexicanos que defendemos el respeto a la ley y que no apoyamos a un gobierno con instintos autoritarios que no titubea para enaltecer la figura de su líder moral, y que no escatimará recursos y esfuerzos de Estado para asegurar la continuidad de su proyecto. Así lo han hecho a lo largo de los últimos años, así lo hicieron el domingo pasado y así lo harán en 2024.