Bertrand Russell detestaba a los filósofos que, antes de empezar a filosofar, ya conocen la verdad: “Encontrar argumentos para una conclusión dada de antemano no es filosofía”.
Russell tampoco simpatizaba con pensadores, como Hegel, cuyas ideas pasaban por ciertas ante el público intelectual solo porque las había expresado con “tanta oscuridad que la gente pensaba que debía ser profundo”.
No se puede dialogar con el dueño de la verdad ni, tampoco, con quien recurre a huecas peroratas para pasar por culto e inteligente.
Se ha abierto la posibilidad de un diálogo —interrumpido desde principios de 2023— entre el poder ejecutivo y el judicial. Lo que debería merecer el aplauso de todos y todas, rápidamente se ha contaminado de fanatismo, ampulosidad y politiquería.
El muy arrogante y todavía más fanático ultraderechista senador Germán Martínez, de plano consideró que:
- “No es admisible un acuerdo entre el presidente de la república y la presidenta del poder judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el congreso secuestró”.
- “Eso violenta el bloque de regularidad constitucional y además podría violentar el bloque de regularidad convencional”.
Una pena que se rechace el diálogo solo por apasionamiento ideológico; doble pena que se haga con tanto engreimiento: ¿”Violentar bloques de regularidad constitucional y regularidad convencional”?. ¿De qué carajos habla el señor Martínez?
Ojalá no aparezcan los fanáticos de izquierda dispuestos a torpedear la posibilidad de que el diálogo entre AMLO y la corte suprema se recupere.
En México, los poderes ejecutivo y judicial dejaron de dialogar cuando Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se fue de la presidencia de la SCJN. Terrible situación, muy dañina para el país, pero ahora mismo parece haber condiciones para restablecer una relación que nunca se debió interrumpir.
Se ha abierto, afortunadamente, una puerta para que el presidente de México y la corte suprema se entiendan de nuevo. Ha ocurrido así por la dimensión de la catástrofe de Acapulco, la primera a nivel mundial totalmente atribuible al cambio climático, que si no lo controlamos volverá a golpear aun con más fuerza a ese destino turístico de playa o a cualquier otro en México o en el extranjero.
Andrés Manuel señaló una ruta para que los poderes ejecutivo y judicial empiecen a “salir del laberinto de la incomprensión”: ¿Qué les propongo a los integrantes del poder judicial? Un acuerdo: que se destinen los 15 mil millones de pesos a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”.
La comentocracia ha personalizado, por así decirlo, la respuesta del poder judicial con la única intención de afirmar que la ministra Norma Piña “le ganó la mano” al presidente AMLO (López Dóriga dixit).
Lo cierto es que nadie pierde —todos y todas ganan— ante la posibilidad de que vuelva a haber diálogo entre los poderes ejecutivo y judicial.
Al aceptar la idea de AMLO, la ministra Norma Piña no se expresó solo en su nombre, sino “en representación del poder judicial de la federación”. A eso se refería cuando dijo: “Quedo en espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.
La ministra presidenta y el resto de las personas que integran la corte suprema saben que participan en un cuerpo colegiado, en el que las decisiones jamás las toma una sola persona.
Cuando Norma Piña llegó a la presidencia de la SCJN escribió en Excélsior:
- “He recibido muchas felicitaciones, sin embargo me parece importante aclarar que estoy aquí porque la mayoría del tribunal pleno así lo determinó”.
- “El techo de cristal lo rompió la mayoría del cuerpo colegiado”.
Antes, en el mismo diario, cuando publicó un artículo en el que daba a conocer su intención de presidir la corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández dijo:
- “Me cuesta citar mis propias reflexiones”.
- “Tal vez es resultado de ser parte de una voz colegiada —en cierta forma no propia— durante tantos años”.
Si la ministra presidenta fue leal a su convicción de que es “parte de una voz colegiada, en cierta forma no totalmente de ella”, tuvo que haber consultado con otros ministros y con otras ministras, inclusive con la totalidad de integrantes de la SCJN, la respuesta que daría al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ignoro cuál deba ser “el canal institucional” para pactar los términos de la muy sensata propuesta de Andrés Manuel. Pero, más allá de eso, el presidente debe abrir la posibilidad de un diálogo personalísimo entre él y once ministros y ministras. Para que nunca jamás se interrumpa.
Hay gente en la corte suprema que ha tratado de cerca a AMLO durante mucho tiempo. Son personas honorables en las que el presidente de México ha confiado, pero a quienes Andrés Manuel ve ahora con recelo porque han votado contra proyectos de la 4T. Me refiero a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Quizá, antes de juntarse con toda la SCJN, sería conveniente una reunión previa de Andrés Manuel con Ana Margarita y Juan Luis; sin agenda, amistosamente, como eran sus reuniones en otros tiempos.
Ríos Farjat y González Alcántara no batallarían para entenderse de nuevo con un viejo amigo y aun aliado que hoy es presidente de la nación. Por lo tanto, podrían en representación de la cúpula del poder judicial acordar las bases para un diálogo de la corte suprema con el ejecutivo que vaya mucho más allá de los fideicomisos.
En el actual contexto de falta de diálogo, el primer contacto del poder judicial con AMLO deberían establecerlo dos ministras que siguen gozando de la confianza del presidente de México —Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— porque no comparten con la mayoría de la corte el reproche frecuente desde la mañanera de que actúan en complicidad con los conservadores al no apoyar iniciativas de la 4T.
¿Y Arturo Zaldívar, también un ministro confiable para AMLO? Este jurista, antes de intentar ser un interlocutor eficaz entre el poder judicial y el ejecutivo, deberá con toda seriedad platicar en la corte con sus colegas más radicales o más de derecha para explicarles algo que a mí me parece obvio, pero que se ha politizado: que cuando dialogaba con el presidente López Obrador no lo hacía en lo personal, sino, como dijo Norma Piña, como parte de una voz colegiada.
Si Zaldívar negociaba para sí mismo sin consultar al pleno —lo que considero dudoso—, la culpa no habría sido tanto de él, sino de sus colegas que lo habrían permitido sin protestar. Porque, que yo sepa, nadie alzó la voz fuertemente en público para quejarse.
No será un diálogo sencillo el de AMLO y la corte suprema. Andrés tendrá que acudir al mismo reconociendo que ministros y ministras actúan de buena fe únicamente interpretando la Constitución. Y los y las juristas deberán aceptar un dato objetivo: que en la presidencia de México despacha un hombre que, por pensar solo en el bienestar de millones de personas en situación de pobreza, no se ha enriquecido a pesar de haber llegado a lo más alto del poder —rara avis en nuestro país—, y que por lo tanto jamás plantea sus proyectos o reformas con el propósito de hacer daño.