Tras unas elecciones internas en el PAN, Jorge Romero ha sido elegido como líder del partido. Los comicios panistas no han estado exentos de escándalos. Por un lado, Adriana Ávila denunció presuntas irregularidades y una “cargada” del equipo de Marko Cortés en favor de Romero, y por el otro, la presidenta Claudia Sheinbaum no esperó dos minutos para utilizar el púlpito presidencial para lanzar diatribas contra el nuevo presidente de Acción Nacional.

Se entiende bien y resulta natural que Luisa María Alcalde, en tanto que líder de Morena (no, moral, ese cargo honorario lo ostenta otro individuo) haya dedicado espacios de su discurso para denostar a Romero. Se trata, al final, de una disputa política entre partidos, y Alcalde estaría legitimada para señalar lo que ella considera descalifica al panista.

Sin embargo, no aplica lo mismo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella, en tanto que jefa del Estado mexicano, debe ser la representante de todos, sin distingos partidistas, y mucho menos dedicar largos minutos de su mañanera para atacar a la oposición.

Ayer y anteayer llamó a Herrera corrupto y no vaciló en tildarle como el líder del “cártel inmobiliario”. Si estos descalificativos se justifican en los hechos, no corresponde a la presidenta de México emplearlos. Para ello, como he señalado, están Alcalde y la eficaz maquinaria morenista.

Sheinbaum, como hemos visto, luce dispuesta a continuar letra por letra y punto por punto la estrategia de su antecesor. Ha utilizado –y continuará utilizando– la máxima posición pública del país para descalificar opositores, atacar periodistas incómodos y para posicionar a la auto proclamada 4T como los únicos representantes del pueblo de México.

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Por el contrario, México exige la presencia de una presidenta que no se entrometa en asuntos de otros partidos, y que dedique sus talentos a la resolución de los enormes problemas que lastiman a la sociedad mexicana, tales como la violencia, la pobreza, entre otros.

En suma, la elección de Romero como nuevo presidente del PAN ha sido sobremanera controversial y ha sembrado dudas en torno a la viabilidad del primer partido de oposición con miras a las próximas elecciones legislativas. Sin embargo, no corresponde a la presidenta salir a señalar los supuestos actos de corrupción, ni del partido ni de Romero. Ella debe estar por encima de la política. Ella es la jefa del Estado mexicano.