Sumamente importante ha sido la labor que ha venido realizando la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) ahora encabezada para fortuna de nuestro país por la ministra Norma Piña Hernández, de quien se esperaba mucho, pero con creces está demostrando que sus padres le marcaron su forma de vida, su conducta y su actuación en el desempeño profesional desde el momento que eligieron el nombre que llevaría, porque esta mujer, haciendo gala de un enorme aplomo y un respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, nos está otorgando a la sociedad y al pueblo de México, la certeza de que aún no todo está perdido bajo la égida del actual régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Un primer paso fue anular las reformas que empoderaban en demasía a las fuerzas castrenses irrumpiendo excesiva e inadecuadamente en actividades propias de las autoridades civiles, las cuales fueron aprobadas en mayoría simple por los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Sin embargo con los votos de ministras y ministros, etiquetados como sólidos juristas comprometidos con México, y los de otros togados que habiéndoles tenido cierta desconfianza por el origen de su designación se dudaba el sentido de su voto, se sumaron a la mayoría para hacer realidad el desechar las arbitrariedades aprobadas por legisladores morenistas, ya que fueron en su momento demasiado leales al presidente de la república, cacique de Morena.
Y más sorprendentemente favorable fue la última votación por medio de la cual el pleno de la Corte invalidó el famoso y mal llamado Plan B, es decir, el paquete de reformas en materia electoral a diversas normas ordinarias que al aprobarse esas modificaciones de forma ilícita, inmoral y artera, rebasando los límites que le otorga la constitución habida cuenta que una norma ordinaria no puede rebasar lo que marca la Carta Magna, fueron rechazadas, ya incluso con el voto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, anterior presidente de la Suprema Corte, quien previamente había votado a favor de las tonterías presidenciales pero al parecer no quiso quedar en el lado obscuro de la historia, donde por cierto sí quedan las ministras señaladas como lacayas de López Obrador; la plagiaria Norma Esquivel y la sumisa Loretta Ortiz Alfh, ambas llevadas a la SCJN por el propio Andrés Manuel.
Hay que dejar muy claro que esto fue un paso muy importante, más hay un asunto superior, y es que, si bien tendríamos que dar por descontado que también será desechada la segunda parte del Plan B al llevar la inercia del primer rechazo, se enlistará a continuación el tema de la polémica sesión del viernes 28 de abril, esa en la que inadecuadamente llevada a cabo, se aprobaron 20 reformas legales por medio de las cuales se modificaron cuestiones mucho muy importantes, algunas estratégicas y otras no, pero el asunto tiene que ver más con la forma que con el fondo en cuanto a la importancia.
Y digo que la forma se convierte en fondo porque aunque como ya mencionaba hay algunos temas de suma relevancia entre las reformas aprobadas como la desaparición del fracasado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el tema es la forma en que se aprobaron, sin consultar a los sectores afectados, en una sede alterna sin convocar a la oposición, sin pasar por comisiones, sin mayoría, en ocasiones sin quorum y hasta tomando protesta a senadores suplentes porque no se encontraban los titulares.
Fue un acto de brutal opacidad y carencia extrema de apego indispensable a las normativas vigentes, y si la Corte no invalida esto estaríamos ante un precedente mayúsculo, trágico, dramático, porque entonces quedaría ya como precedente que cualquier órgano colegiado de gobierno llámese pleno municipal, Congreso local o las propias Cámaras federales pueden aprobar lo que quieran y eso es muy grave.
De hecho, lo más delicado aún es lo que están ya advirtiendo, el tratar de incoar a ministros y ministras a juicio político desde la Cámara de Diputados o el Senado, sin tener la mayoría necesaria para ello, activando un burdo e ilegal esquema de destitución, y ordenando a la Fiscalía General de la República (FGR), contando además con el apoyo de la Guardia Nacional, separarlos del cargo incluso por la fuerza, sacarlos de su recinto a las y los ministros de la Corte para después declarar que ya no existen esos nombramientos y con esa inexistente mayoría calificada que no la tienen y sin nadie que se los anule, siendo juez y parte designar a nuevos ministros del Alto Tribunal para tener un nuevo Poder Judicial a modo y que este le avale todas sus barrabasadas al sujeto que vive en Palacio Nacional y esto con el apoyo de las fuerzas armadas a las cuales ha venido alimentando, maiceando y sobornando para que estén de su parte en esto que sería ya un golpe de estado fraguado desde el Ejecutivo y con resultantes funestas, entre ellas el evitar la elección y perpetuar en el poder a quien ocupa la silla presidencial en este momento.
Pareciera que esto que se está advirtiendo se tratara de una ridiculez, un exceso de algo que estuviera lejos de la realidad, pero sí se tiene ese gran riesgo y lo que queda es alertar a la gente, resistir, salir nuevamente a las calles a defender a nuestra Constitución, a la SCJN, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad, la vida, la dignidad de los mexicanos y posteriormente soportando esto a pie juntillas, buscar la fortaleza, la unidad entre los partidos políticos dignos, progresistas, de oposición, y sobre todo a la sociedad, para consolidar un gran frente amplio que pueda impulsar una candidatura de unidad sólida, todos juntos y nosotros sí llevar a cabo el Plan V, que en este caso es votar, votar y votar.
Solamente una mente enferma puede ser capaz de pensar en desbaratar de un plumazo toda Institución republicana y federalista para convertirse en un tirano y que no haya nada que se lo impida, a menos que tenga por descontado contar con pleno apoyo de las fuerzas castrenses y con dicho presunto alevoso respaldo, para perpetrar una azonada, y además destituir, perseguir e incluso encarcelar a integrantes de las funciones judiciales y legislativas del poder público del Estado, cumpliendo su sueño para lograr ‘su mundo ideal’ que es convertirse en dictador omnipotente sedicente semi deidad. Pero eso solo sucederá si la sociedad baja la guardia y lo permite.
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