En un movimiento que parece sacado del guion de una película de drama político, un juez de Estados Unidos bloqueó el miércoles la implementación de una nueva normativa de la administración Biden destinada a proteger contra la discriminación por identidad de género en el ámbito de la salud. La medida, que fue finalizada en mayo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), buscaba extender la prohibición federal de discriminación por sexo a incluir la discriminación contra personas transgénero, un esfuerzo encomiable para muchos, pero un anatema para otros.
Los estados opositores, liderados por 15 gobiernos republicanos, no tardaron en levantar sus voces en protesta, argumentando que esta norma obligaría a sus programas de Medicaid a cubrir tratamientos como hormonas y cirugías para personas transgénero, incluyendo menores. Cabe destacar que muchos de estos estados ya han promulgado leyes que prohíben lo que ellos denominan “atención de afirmación de género” para menores, mostrando una vez más su férrea resistencia a reconocer y respetar los derechos trans.
El juez de distrito Louis Guirola, con sede en Gulfport, Mississippi, emitió una orden preliminar alegando que los estados republicanos probablemente tendrían éxito en su desafío, argumentando que la administración Biden había excedido su autoridad al interpretar “sexo” en la ley federal para incluir la identidad de género. Esta decisión es un claro reflejo de la inclinación del juez, nombrado por el ex presidente republicano George W. Bush, hacia una interpretación restrictiva y conservadora de la ley.
La reacción de los demandantes no se hizo esperar. Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee y líder de la demanda junto con su homóloga de Mississippi, Lynn Fitch, celebraron la decisión como una victoria contra lo que calificaron de “la versión más extrema de la ideología de género” impuesta por la administración de Biden. A estos estados se unieron Georgia, Ohio y Virginia, conformando un bloque conservador que se opone firmemente a las políticas inclusivas y progresistas del actual gobierno federal.
Desde el otro lado del espectro, la reacción también fue contundente. Kelley Robinson, presidente de Human Rights Campaign, una organización de defensa de los derechos transgénero, calificó el fallo de “moralmente incorrecto” y una mala política, subrayando que todos merecen acceso a la atención médica necesaria para estar saludables y prosperar.
En documentos judiciales, el HHS defendió la normativa alegando que los temores de los estados eran “especulativos” y que la norma no anulaba el juicio médico de los doctores. Sin embargo, Guirola consideró que el costo de asegurar el cumplimiento de la norma constituía un daño inmediato para los estados, un argumento que parece más alineado con preocupaciones económicas que con los derechos humanos.
No es sorprendente que otros jueces en Florida y Texas también emitieran fallos separados bloqueando la normativa, aunque solo en esos estados y Montana. El juez de distrito William Jung, nombrado por el ex presidente republicano Donald Trump, argumentó que los fallos a nivel nacional por jueces de un solo distrito federal deberían ser la excepción, no la norma, lo que añade una capa más de complejidad y debate a esta controversia.
Esta serie de decisiones judiciales se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara el poder de las agencias federales al dictaminar que los tribunales ya no deben deferir a su interpretación de leyes ambiguas. Guirola, aunque tuvo en cuenta este fallo, concluyó que la ley no era ambigua, reforzando así su postura y la de los estados demandantes.
Esta batalla legal no solo refleja una profunda división ideológica en el país, sino también un choque de trenes entre el progresismo y el conservadurismo, con las vidas y derechos de las personas transgénero colgando en la balanza.
POR CIERTO, esta disposición en plena etapa electoral, en medio de una sociedad que se ha vuelto al conservadurismo en posturas anti migrante, anti aborto y anti LGBTTTIQ, será un digno caso de estudio para toda la legislación que está amparando a las infancias trans.