La figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha cobrado relevancia no solo por su posición al frente del máximo tribunal del país, sino también por sus acciones y decisiones que, en los últimos meses, han tomado un claro matiz político. En una institución que debe regirse por la imparcialidad y la independencia, las recientes posturas y decisiones de Piña han suscitado dudas sobre su compromiso con el equilibrio de poderes.

Desde que asumió la presidencia de la SCJN, Norma Piña no ha dudado en criticar públicamente la política de austeridad promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En varias ocasiones, Piña ha manifestado su desacuerdo con los recortes presupuestarios al Poder Judicial, argumentando que ponen en riesgo la autonomía y eficiencia del sistema de justicia. Sin embargo, estas declaraciones no han sido recibidas como meras defensas institucionales, sino como un posicionamiento político contra una de las banderas más importantes del actual gobierno.

Otra decisión controvertida fue su participación en una cena en diciembre de 2023, en la que se encontró con Alejandro Alito Moreno, líder del PRI. Aunque Piña negó haber invitado a Moreno, su asistencia ha generado especulaciones sobre los posibles acuerdos políticos discutidos en el encuentro. Tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum han sugerido que esta reunión podría ser evidencia de que la SCJN está actuando con fines electorales, una acusación grave para un órgano que debe permanecer imparcial.

El paro nacional del Poder Judicial en agosto de 2024, convocado en rechazo a la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, es quizás la acción más drástica bajo su liderazgo. Este paro no solo interrumpe los procesos legales para miles de ciudadanos, sino que también refleja un conflicto creciente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En contraste, cuando se implementaron reformas que recortaron el número de ministros de la SCJN en 1994, no se vio una reacción tan extrema.

A diferencia del exministro Arturo Zaldívar, a quien se le acusó de partidismo pero nunca realizó acciones políticas desde su puesto, Norma Piña ha demostrado un claro alineamiento político que va más allá de lo que su cargo debería permitir. Piña está utilizando su posición para confrontar directamente al Ejecutivo, un rol que no le fue conferido por la ciudadanía, y cuyas implicaciones pueden ser devastadoras. Al involucrarse en estos conflictos, Piña pone en riesgo la estabilidad del Poder Judicial y, con ello, los derechos y la justicia para millones de mexicanos. La SCJN debe mantenerse como un baluarte de la ley, no como un campo de batalla político.