La reforma al poder judicial presentada por el poder ejecutivo, se ha vuelto ya una demanda generalizada.
Todas y todos reconocemos la necesidad de una transformación a fondo de todo el sistema judicial en México; la discusión al respecto, no sólo se ha dado de manera formal e institucional en los espacios convocados por el poder legislativo, también las universidades, organizaciones civiles, de derechos humanos, etcétera; y las organizaciones sociales han integrado, a sus discusiones y quehaceres permanentes, la discusión sobre este tema.
Aún cuando, de manera concertada, casi todos los medios de comunicación han generado una sola versión, la que conviene a sus dueños; la referencia que del sistema judicial tiene la sociedad mexicana no se modifica: la ley se ejerce de manera facciosa, ha sido alienada por quien posee el poder económico y está monopolizada por un sector, por una pequeña burbuja de personas privilegiadas.
Hace treinta años Ernesto Zedillo decidió disolver la Suprema Corte de Justicia, reducir el número de ministros y crear el Consejo de la Judicatura.
En aquel entonces, no hubo protestas del PRI o del PAN, y el poder judicial se sometió a lo que entonces sí, algunos analistas consideraron un golpe de Estado del ejecutivo. Tal vez lo único que queda de aquellos días es la reconstitución del sindicato que hoy organiza a los trabajadores del poder judicial.
El sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, fundado en 1938, ha pasado prácticamente desapercibido en la historia del sindicalismo moderno; desde 1938 hasta hoy nada se sabe esta agrupación, nunca se le ha visto en alguna movilización, encabezando algún tipo de protesta, o formando parte de alguna coordinadora sindical, ni siquiera cuando Ernesto Zedillo invalidó la Corte se movilizaron; si acaso, aparece en algunos periódicos viejos en las movilizaciones oficialistas del primero de mayo de los gobiernos priistas.
Un sindicato blanco, un organismo creado para legitimar la burbuja que se fue creando desde entonces en el poder judicial, de la que no sólo forman parte jueces o magistrados; en el sistema judicial cada espacio se acuerda entre el sindicato y los jefes (magistrados) en turno.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de México (JUFED), fue creada como instancia protocolaria para darse palmadas entre jueces y ministros, entregar de vez en cuando reconocimientos y títulos honoris causa a algún político, pero sobre todo es la instancia legitimadora de los abundantes privilegios de sus integrantes.
La semana pasada los trabajadores y trabajadoras del poder judicial se declararon en paro indefinido, hasta que sea retirada la propuesta de reforma judicial; el sindicato, coordinó la toma y cierre de los principales edificios y oficinas de impartición de justicia del territorio nacional.
Días después la combativa asociación nacional de magistrados y jueces de México, sumó a ministros, jueces y magistrados al paro indefinido.
Por supuesto cualquier movilización, protesta u acción que pretenda reivindicar y defender los derechos laborales, siempre debe ser reconocida y apoyada de manera indiscutible por toda persona que se sostenga de izquierda; sin embargo, el paro convocado por los trabajadores y trabajadores poco tiene que ver con sus garantías y derechos laborales, independientemente de la legitimidad o no de sus condiciones laborales y sus contratos vigentes, la reforma judicial no plantea modificar en absoluto ni las conquistas, ni las condiciones de trabajo que actualmente tienen.
Lo que tampoco se plantea, pero evidentemente sucederá, es la transparencia y paulatina desaparición de privilegios que de facto pasaron de ser usos y costumbres a derechos adquiridos, por quienes encabezan los juzgados y las cortes en las entidades y en el país.
El paro de labores en el poder judicial es todo menos un movimiento de reivindicación laboral. Como todos los mexicanos y mexicanas, el sindicato y la JUFED tienen todo el derecho de protestar por lo que les plazca, pero si quieren acercarse a la verdad no deberían mostrarse como trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos laborales.
El paro indefinido en realidad tiene una función de esquirolaje contra una decisión democratica del 60% de las mexicanas y mexicanos, es una reacción ajena a las reivindicaciones y luchas del proletariado mexicano.