Finalmente, tras un proceso de insaculación, cuatro nuevos consejeros fueron nombrados para integrar el Consejo General de Instituto Nacional Electoral. El organismo será presidido por Guadalupe Taddei, acompañada por Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.
Más allá de la legítima controversia en torno al método de insaculación (el lector recordará que la insaculación es el proceso mediante el cual la Cámara de Diputados a través de una “tómbola” selecciona a los consejeros entre los finalistas) la cual suscita un buen número de cuestionamientos derivados de la falta de seriedad y la ausencia de un análisis más profundo sobre la idoneidad de los candidatos, algunos comentaristas y medios de comunicación han sonado la alarma alrededor de las simpatías y lazos familaires de Guadalupe Taddei.
Según ha trascendido, Taddei tiene lazos consanguíneos con un buen número de simpatizantes de Morena. Si bien esta realidad no la desacredita ni resta legitimidad como futura consejera presidenta del INE, sí que evoca las intenciones de AMLO y de su camarilla de apodararse, mediante el plan C, del órgano director del instituto.
Los mexicanos que creen firmemente en el valor de la democracia jamás olvidarán la embestida perpetrada por el presidente y por sus comparsas de Morena dirigida a elliminar al INE de la Constitución, y luego, tras el fracaso, la reforma contenida en el Plan B, suspendida temporalmente hoy tras la resolución del juez Laynez.
Sí que es pertinente poner el acento en dos elementos. En primer lugar, la ciudadanía, la opinión pública y los analistas políticos deberán seguir cercanamente el devenir del Consejo General del INE, ahora dirigido por Taddei. Esta supervisión ciudadana deberá ser imparcial, sin sesgos partidistas, y únicamente motivada por el respeto a la democracia.
Por otro lado, no se debe echar a un lado el hecho de que el nefasto Plan B no ha sido aún descartado. Es necesario, aún, el voto de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte para declarar su inconstitucionalidad.
El INE, bajo las riendas de nuevos consejeros, deberá ceñirse a cumplir con sus obligaciones contenidas en la Constitución, en las leyes secundarias y en el reglamento del instituto. Si bien la honestidad e imparcialidad de Taddei no debe ser puesta en tela de juicio, y no debe ser descalificada por sus lazos familiares, sí que es necesario que los mexicanos, en tanto que garantes de la democracia, velen por la salud democrática, y denuncien, en todo caso, cualquier acto que contraviniese los valores que encarna el INE.
México debe seguir su curso democrático, con independencia de quien presida el consejo director del INE. México es mucho más que el INE, el INE es más que su Consejo General, y la ciudadanía es más que el gobierno.