Lamentables los acontecimientos suscitados el miércoles de la semana pasada en las comunidades otomíes de Xochimilco y San Pablito, en el municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, en la que tres personas fueron asesinadas.
Dos de ellas murieron en el lugar de los hechos, otra durante el traslado a un hospital local, y la cuarta se debate entre la vida y la muerte en un nosocomio de la capital.
El problema se ha complicado feamente y ha cobrado ribetes políticos por el proceso electoral en curso, en particular el referente a la renovación de la presidencia municipal.
Por tratarse del puesto local más importante, es motivo de grandes pasiones entre los grupos en disputa, pero también por la declarada intervención de la presidenta municipal en el proceso electoral para favorecer a uno de los nueve candidatos.
La muerte de tres personas a plena luz del día
Con el uso de armas de alto calibre, cimbró no sólo a la nación otomí, de cuya etnia eran miembros los fallecidos, sino incluso entre la población de la cabecera, pues hasta donde recuerdan nunca se había presentado un acontecimiento de esa magnitud.
Otro motivo que ahonda el reclamo de los pueblos es la vieja rivalidad entre mestizos de la cabecera y pueblos indígenas. Recrudecido por las acciones clientelares del ayuntamiento, en el que se entregan tinacos, baños, y cuartos de vivienda a los seguidores y se deja afuera a los votantes de otras identidades partidistas.
Además de tratarse de violaciones flagrantes a la constitución (artículos 134 y 41) y a la normatividad electoral vigente, pone en entredicho los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de la elección.
El multihomicidio devino en protesta airada de los pueblos ante el municipio por la inseguridad tolerada, y por la demora de la policía municipal al llamado de auxilio.
Luego se supo que las cámaras de seguridad estaban inservibles o fueron manipuladas previamente para evitar el registro de evidencias.
La gente se enfureció y quemó una patrulla durante la tarde de ese mismo miércoles.
Otras versiones afirman que los desmanes se debieron a la infiltración de personas vinculadas con el ayuntamiento, con el fin de incriminar a los indígenas.
Al día siguiente se presentó el subsecretario de Gobernación, Ardelio Vargas. El gobernador Miguel Barbosa difundió un video en el que aclara que las muertes fueron por narcomenudeo, y no por cuestiones políticas.
El periódico Reforma informó ese mismo día que la causa del multihomicidio se debió a una disputa entre enviados de un candidato particular y personas partidarias de otro.
Aunque la Fiscalía General del Estado todavía no hace su parte, se desvanece esta versión y cobra fuerza la de presencia del crimen organizado, no solo en la cabecera sino en los lugares más recónditos del municipio.
A partir de lo anterior, en las redes sociales y en algunos impresos han aparecido versiones e imágenes que vinculan a personalidades de la cabecera con bandas criminales.
El pueblo sigue enojado
Sospecha que se le engaña, como ha ocurrido históricamente. Pidieron al enviado especial que cortara los apoyos municipales a un candidato en particular, a lo que se negó tajante, de acuerdo a versiones de quienes estuvieron presentes.
La cadena de gobernabilidad sigue rota. No hay seguridad pública, La presidenta se niega a reunirse con los deudos y representantes de los pueblos. Algunas versiones afirman que ya abandonó el pueblo.
Otras dicen que cuenta con todo el apoyo del gobernador del estado y que nada ni nadie la moverá del puesto y que seguirá apoyando a su candidato.
El enojo de la gente se ha incrementado y tensado más la relación. Ahora la demanda se concentra en su separación del cargo, y la presencia del gobierno federal para que de fe.
En ese punto se encuentra trabado el conflicto a la hora que se pergeñan estos apuntes.
En tanto, las campañas electorales prácticamente llegan a su fin esta semana.
Hay nueve candidaturas que urge que continúen con sus ofertas políticas en busca de la confianza de la gente. Porque de eso tratan los procesos electorales y la democracia.
Hay que decir también que de ese número de nueve, a una par de semanas de la elección, éste se ha reducido a tres contendientes. El resto son testimoniales, sin ningún impacto en los electores.
De acuerdo con un estudio demoscópico, de una par de semanas atrás, para el electorado pahuateco lo importante no es el partido, es la honorabilidad del aspirante y sus propuestas.
Sobre esa base tres de cada 4 ya decidieron la orientación de su voto.
Los que se encuentran a la cabeza son Eduardo Romero, Gabino Hernández y Ariana Pérez.
Eduardo Romero tiene influencia en la cabecera municipal, y en las comunidades indígenas y rurales. Sus propuestas de desarrollo económico y acciones de bienestar son innovadoras. Como la descentralización del programa de Pueblo Mágico, mediante un conjunto de acciones concatenadas.
Ariana Pérez de Morena capta adeptos en la cabecera; Gabino Hernández del PES, en las comunidades indígenas.
Sin embargo, el reconocimiento oficial de la presencia de narcomenudistas obliga, antes de emitir el voto, a revisar cuidadosamente el perfil de los aspirantes, no vaya a ser que en una de esas elijan a uno de las mafias.
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