¿La renuncia del magistrado José Luis Vargas a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve la crisis? No.
Esta renuncia es un paliativo para una situación que demanda una solución de fondo. Dicha situación puede tener implicaciones en los 400 juicios derivados de la elección del pasado 6 de junio. El futuro del Tribunal Electoral debe analizarse con responsabilidad y establecerse una ruta para su transformación antes del proceso electoral de 2024, resultaría altamente inconvenientes llegar a esa coyuntura con la máxima autoridad electoral en las condiciones actuales, encaminaríamos a la democracia mexicana hacia un desastre.
El Tribunal Electoral experimenta tres crisis simultáneas. Una momentánea, una coyuntural y una estructural.
La crisis momentánea que vive el Tribunal es, como su nombre lo indica, de carácter breve, de solución rápida, pero de impacto en los medios de comunicación y en la opinión pública. Deriva del comportamiento individual de los magistrados que lo integran, de filtraciones a los medios de comunicación o bien de escándalos en la opinión pública. En una semana el Tribunal experimentó la remoción de su presidente y la renuncia del mismo. En un día, el máximo órgano electoral del Estado mexicano tuvo tres presidentes: José Luis Vargas, Janine Otalora y Reyes Rodríguez Mondragón.
La renuncia de José Luis Vargas, previa intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y de otros oficiosos en la materia, permitieron transitar el momento.
Hay una crisis coyuntural derivada de los conflictos entre los integrantes del Tribunal y de los intereses que cada uno de ellos defiende. La solución a ésta puede tener varios cauces. Van desde la destitución de algunos de los integrantes, ya sea a través del desafuero o del juicio político, según sea el caso, ambos procesos contenidos en la Constitución. O bien, simplemente el paso inexorable del tiempo permitirá la renovación de los magistrados.
La tercera crisis es estructural. ¿Cómo México elige a sus poderes?
El Poder Ejecutivo lo elige el voto ciudadano. El Poder Legislativo depende de la voluntad popular, ya sea de manera directa por la vía uninominal o indirecta por la vía plurinominal. El Poder Judicial es electo por los otros dos poderes. ¿Quiénes eligen a los magistrados electorales? Los propone la SCJN y los designa el Senado de la República; es decir, los grupos parlamentarios. Este diseño constitucional resulta incorrecto, porque los partidos, en última instancia, designan a los jueces electorales, lo que abre la puerta para que los magistrados construyan lealtades y complicidades con personajes y líderes partidarios, no con la institución, la justicia electoral y la democracia.
El diseño constitucional correcto para el Tribunal Electoral sería que el Poder Judicial y la ciudadanía definieran a los magistrados, previa investigación acuciosa de su trayectoria, vid e intereses. Cualquier reforma constitucional a la justicia electoral debe apuntar en este sentido, porque es el camino de la independencia y autonomía en las decisiones de la máxima instancia en materia electoral. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
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