El pasado 25 de enero, mientras la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pedía ante legisladores -con un descomunal descaro- la disolución del organismo a su cargo bajo el argumento que es herencia del neoliberalismo y ya no “responde a las necesidades del pueblo”, en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, más de un centenar de países sometían a revisión a México en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante la cual se condenó el proceder de nuestro país y se emitieron más de 300 recomendaciones, principalmente, por el asesinato de periodistas, la violencia contra las mujeres, las desapariciones, la militarización y la crisis migratoria.
De acuerdo con medios de comunicación, más de un centenar de países que participaron en el Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgieron al Estado mexicano a salvaguardar la seguridad y protección de periodistas y defensores de derechos humanos, así como destinar más recursos al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores, investigar asesinatos y llevar a los culpables ante la justicia.
Reino Unido, fue una de las naciones que con mayor dureza expresó su preocupación y recomendó desmilitarizar la Guardia Nacional. En ese sentido indicó: “Nos preocupa la impunidad y la corrupción, así como la elevada tasa de violencia contra mujeres y niñas. Recomendamos lo siguiente: realizar un plan general para desmilitarizar a la Guardia Nacional y trasladar su control a las autoridades civiles. También reforzar las capacidades de la fiscalía encargada de los delitos contra la libertad de expresión, periodistas y defensores’', dijo el representante de Reino Unido.
China exhortó a “fortalecer las estructuras sanitarias para garantizar el derecho de las personas a la salud, luchar contra la trata y los delitos de narcotráfico tomando parte activa en la colaboración internacional’'.
Estados Unidos pidió “seguir con los centros nacionales de identificación humana e identificar como se debe a los desaparecidos, aplicar sanciones más estrictas por delitos cometidos contra las personas LGBTIQ+”. Asimismo, recomendó “investigar como es debido los delitos contra periodistas y les invitamos a proteger mejor al Mecanismo de Protección y a la Fiscalía que investiga estos delitos”.
Canadá mostró preocupación porque “el registro de desapariciones sea exacto’' y recomendó “fortalecer el mecanismo de protección para periodistas y garantizar aborto seguro en todos los estados. Y que a los pueblos indígenas se les consulte en la toma de decisiones antes de adoptar medidas que les afecten’'.
Suiza pidió “transparencia en las tareas civiles del ejército” y, por su parte, Suecia expresó preocupación por violaciones de derechos cometidas por militares.
Costa Rica pidió investigar el uso excesivo de la fuerza y urgió: “investigar y eliminar uso excesivo de la fuerza así como atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden”. En el mismo sentido se pronunció el representante de Países Bajos.
Uruguay recomendó “investigaciones exhaustivas e independientes de todas las desapariciones forzadas y llevar a los autores a la justicia, y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular para sus familiares, además de garantizar que periodistas y activistas puedan realizar su labor en un entorno seguro y libre”.
Para darnos una idea de lo ocurrido en la evaluación a nuestro país, habrá que decir que naciones “amigas” como Venezuela y Cuba, que son tuteladas por mandatarios muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, no lograron abstenerse de emitir recomendaciones.
Venezuela solicitó a México proteger a periodistas e investigar la represión, además, recomendó: “salvaguardar la labor de los periodistas en el país, investigaciones imparciales de la desaparición forzada, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado”. Cuba a su vez recomendó continuar afianzando los logros en educación, y aumentar el nivel de vida de la población.
Otros países también recomendaron mayores acciones para evitar la violencia contra las mujeres y la discriminación.
Investigar feminicidios, trata, así como tomar medidas efectivas para proteger a las personas migrantes, evitar su detención, especialmente la de los niños.
Más recomendaciones estuvieron relacionadas con el uso excesivo de la fuerza militar, el aumento de violencia de bandas delictivas, aumento de masacres, reclutamiento de niños por dichas bandas así como la violencia estructural contra los pueblos indígenas y los derechos de las personas LGBTIQ+.
La delegación de México liderada por Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; trató sin éxito de engañar a los participantes en la sesión, quizá pensando que sin consecuencias se podían mostrar los “otros datos” que AMLO maneja en sus conferencias mañaneras.
Al hacer uso de la voz, Joel Hernández, destacó avances de México en materia de derechos humanos, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad bajo el principio “por el bien de todos, primero los pobres”. Dijo también que “gracias a la política del presidente hoy se está recomponiendo el tejido social y que en la medida en que el Estado mexicano ha invertido en programas sociales, se está abatiendo la pobreza y mejorando las condiciones de seguridad de la población.
Y el colmo, aseguro que en materia de salud, “en México se han fortalecido los servicios de salud públicos y gratuitos. Entre 2018 y 2022, de los 49 millones de personas que solicitaron atención médica, se atendió al 99.6%, es decir, 48.8 millones de mexicanos”.
Además, presumió, “se instrumentaron estrategias orientadas a la prevención social del delito y la violencia, en el ejercicio de una política que pone atención a las causas, con acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno y la participación de la población”.
Ahora bien, hay que decir que México forma parte de los 14 países que están siendo revisados durante la sesión del Examen Periódico Universal (EPU), que tiene lugar entre el 22 de enero y 2 de febrero de 2024.
El grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país.
Los documentos en los que se basan los exámenes del país son: 1) el informe nacional: información proporcionada por el Estado examinado; 2) información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como procedimientos especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU; y 3) la información proporcionada por otros interesados, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.
El EPU es un examen entre pares del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU. Desde su primera reunión, celebrada en abril de 2008, los 193 Estados miembros de la ONU han sido examinados en tres ocasiones.
Durante el cuarto ciclo del EPU, se espera que los Estados expongan de nuevo las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas durante sus exámenes anteriores, y que se comprometieron a seguir, y que presenten los últimos avances en materia de derechos humanos en el país.
Está previsto que el grupo de trabajo del EPU, compuesto por los 47 estados miembros del Consejo de derechos humanos, adopte las recomendaciones formuladas a México entre las 15:30 y las 18:00 horas del miércoles 31 de enero de 2024. El Estado examinado podrá expresar su posición sobre las recomendaciones que se le formulen durante el examen.
Lo cierto es que “los otros datos” no surtieron efecto en Ginebra. Más de 100 países condenaron la situación de los derechos humanos en México y emitieron más de 300 recomendaciones.