En las últimas horas, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha anunciado con bombo y platillo la incautación de tres millones de productos ilegales en Ensenada, Baja California, con un valor estimado de 320 millones de pesos. Este operativo, denominado “Operación Limpieza”, se suma a otros realizados en Ciudad de México, Hermosillo y Saltillo, acumulando decomisos que superan los 500 millones de pesos.
La acción conjunta de autoridades federales y estatales en dos centros comerciales de Ensenada, abarcando 18,000 metros cuadrados, resultó en la confiscación de mercancías provenientes de países asiáticos como China, Indonesia y Bangladesh. Entre los artículos decomisados se encuentran alimentos sin etiquetado, juguetes, perfumes, electrónicos y textiles, muchos de ellos sin registro sanitario ni información nutricional, lo que representa un riesgo para la salud pública.
Si bien estas operaciones buscan combatir la piratería y el contrabando que afectan la economía formal y ponen en peligro a los consumidores, surge la interrogante sobre la eficacia real de estas medidas. La piratería es un fenómeno profundamente arraigado en México, alimentado por factores como la desigualdad económica, la falta de oportunidades y una demanda constante de productos a bajo costo.
Además, la proximidad de Ensenada a la frontera con Estados Unidos plantea dudas sobre la posible reexportación de estas mercancías ilegales hacia el norte, lo que podría complicar las relaciones comerciales y de seguridad con el país vecino. La intervención en plazas comerciales como Max Family y Plaza China, aunque significativa, podría ser apenas la punta del iceberg en una cadena de distribución mucho más amplia y sofisticada.
Es crucial cuestionar si estas acciones son parte de una estrategia integral que aborde las causas profundas de la piratería o si se limitan a medidas reactivas que, aunque vistosas, no solucionan el problema de fondo. La imposición de aranceles de hasta 35% en productos textiles y la cancelación de patentes de agencias aduanales implicadas en prácticas ilícitas son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes si no se acompañan de políticas que fortalezcan la economía formal y ofrezcan alternativas viables tanto a consumidores como a comerciantes.
La “Operación Limpieza” refleja una voluntad gubernamental de enfrentar el problema, pero también pone de manifiesto la necesidad de una visión más amplia y sostenida en el tiempo. Sin una estrategia que incluya educación, desarrollo económico y fortalecimiento del Estado de derecho, estos operativos corren el riesgo de ser percibidos como medidas superficiales que no atacan las raíces de la piratería en México.
En conclusión, mientras las autoridades celebran estos decomisos como victorias en la lucha contra el comercio ilegal, es imperativo reflexionar sobre la profundidad y sostenibilidad de estas acciones. La erradicación de la piratería requiere más que operativos esporádicos; demanda un compromiso integral que transforme las condiciones que permiten su proliferación.