La votación que tuvo lugar este pasado domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados, respecto de la iniciativa de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo presentó sobre la materia eléctrica, cerró una etapa de especulación hacia el comportamiento del bloque opositor PRI, PAN, PRD, pues se despejaron las interrogantes una vez que dicha reforma fue rechazada, al no obtenerse el número de votos necesarios para ello. Destaca el hecho de que esa sesión, fue la primera en la historia en cuanto a negar una reforma constitucional de carácter presidencial.
De forma insistente se habló de la posibilidad de que el PRI se pronunciara en concordancia con la postura del gobierno, a lo que contribuyó algunos comentarios deslizados desde la administración para anticipar la colaboración del PRI y de su líder, Alejandro Moreno, quien, por su parte, insistió en la necesidad de llevar a cabo un debate amplio, lo que fue definitivo para arribar al famoso parlamento abierto. En ese trance, como es natural, el gobierno se afanó en negociar y cabildear a favor de su propuesta de reforma constitucional, con muy magros resultados, a pesar de que las formas empleadas no siempre fueron las más cordiales y civilizadas.
Quedará como un testimonio de desaseo político, por decir lo menos, la asociación que deja la invitación que anunciara el gobierno para que el exgobernador de Campeche, de origen priista, Carlos Miguel Aysa González, sea nombrado embajador en República Dominicana, con el anuncio de su hijo, en su todavía condición de diputado por el PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, en el sentido de que votaría en contra de su bancada y a favor de la iniciativa presidencial, sin que previamente promoviera una discusión al respecto dentro de su fracción parlamentaria; más que clara la cooptación.
A pesar de lo anterior, se presentó una situación en la cual la oposición se cohesionó al grado que integró en su postura en contra de la reforma constitucional a los partidos PRI, PAN, PRD Y MC, que, en conjunto, sumaron 223 votos; en tanto el gobierno mostró incapacidad para generar las condiciones para ganar los respaldos necesarios. La acción legislativa del gobierno y de su partido lució poco sensible a la formación de consensos previos a la presentación de su iniciativa; exhibió una actitud arrogante o una predisposición autoritaria que, más bien, tuvo éxito en el primer trienio cuando su peso en el Congreso tuvo mejores momios; pero la conformación de la actual legislatura fue un mensaje de acotamiento hacia la fuerza legislativa de los partidos asociados con el gobierno y hacia él mismo, que pasó inadvertido.
Tal vez el gobierno todavía disfrutaba los ecos de la aprobación de su iniciativa de presupuesto para 2022, sin concesiones a la oposición y con una práctica parlamentaria orientada a eludir el debate, negar modificaciones posibles y desgastar a los críticos; pero el imperativo planteado para una reforma constitucional con la exigencia de una votación favorable de las dos terceras partes, junto con la nueva composición de la legislatura en la Cámara de Diputados, postularon condiciones más complejas; el gobierno no atinó a actuar en ese escenario, mientras la oposición sí lo hizo.
El apotegma de “vende patrias” que el gobierno desea acreditarle a la oposición por no haber aprobado su iniciativa de reforma constitucional, tal vez se le puede aplicar a él mismo por el hecho de que si estaba convencido de la conveniencia de las reforma constitucional que formuló ¿por qué entonces no presentó su propuesta en la anterior legislatura cuando las condiciones le eran más que favorables y casi aseguraban su aprobación?, o frente al hecho de no haber consensuado su propuesta con las distintas fuerzas políticas en la presente legislatura y así generar un tránsito más propicio para su aprobación.
Tal vez el gobierno busca observar otro apotegma, ahora de carácter villista, el de “primero matamos y después averiguamos”; aquí se trata de realizar proyectos o aprobar reformas, y después explicarlas; tal y como aparece en el tracto para realizar la obra del Aeropuerto Felipe Ángeles, que primero se llevó a cabo y a posteriori se ha intentado plantear que existieron razones técnicas para hacerlo en sustitución del de Texcoco; no obstante que cuando se pidió una discusión especializada para sustentar la decisión, esta se evadió. En esa misma dirección, se pretendió que primero se presentara la iniciativa y se aprobara y después se discutiera; el orden previsto sólo pudo incorporar el debate cuando la oposición lo exigió, específicamente el PRI.
Mientras la oposición se ha articulado, el gobierno acusa una clara rigidez autoritaria que le impide caminar con éxito en un ambiente en el que se ha fortalecido la pluralidad política.
El gobierno se muestra anclado a un estilo que le fue propicio después de las elecciones de 2018 y que se correspondió con la presencia que este alcanzó en el Congreso; pero la nueva realidad no se acomoda al estilo imperativo del pasado trienio, En contraste, y en tanto, el PRI de Alejandro Moreno se encaminó, ya desde 2020, a realizar las reformas que requería a fin de construir una coalición opositora con el PAN y el PRD y así lo efectuó; los tres partidos se han entendido cada vez más, al tiempo que muestran concordancia para fortalecer sus lazos, en un entendimiento que, por lo pronto, se extendió a MC.