La experiencia de los países que realizan elecciones en las que compiten más de un partido político es que deben ser organizadas por una instancia gubernamental, o bien autónoma respecto de gobiernos o partidos, pero que garantice la integridad de los comicios real y perceptiblemente.

Lo anterior significa que el que las elecciones las organice o no el gobierno depende del contexto de cada país y descansa en la credibilidad de la mayoría mas amplia de la población o la ciudadanía en ese mecanismo.

En diversos países europeos (España, por ejemplo) no se exige que las elecciones las organice un ente autónomo porque los españoles le tienen confianza a esa función en manos del Ministerio del Interior, el cual, a su vez, debe atenerse a los criterios que le fija un órgano técnico inserto en la Cámara de Diputados, más las posibles revisiones que a sus actuaciones pueden hacer los tribunales.

En México, las crisis poselectorales condujeron a crear el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990-91 y dotarlo de plena autonomía en 1996.

Además, se creó este mismo año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se reforzaron las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los dos casos con autonomía plena para evaluar y juzgar los conflictos electorales.

A lo largo de la transición democrática de 1997 y hasta 2022, periodo en el que las tres principales fuerzas políticas –digamos: centro-PRI, derecha-PAN e izquierda-PRD-Morena y otros partidos– se han alternado los poderes políticos –legislativos y ejecutivos– en todo el país hemos requerido y asentado en la arquitectura del Estado y en la confianza pública mayoritaria esos organismos electorales.

Bajo un acuerdo político expreso –no firmado por el partido Morena en 2012– conocido como Pacto por México se dio el paso a crear un poderoso sistema nacional-federal-local de organización de las elecciones y de justicia electoral para imprimir el mismo nivel de integridad a todas las elecciones en el país.

Ese sistema ha resultado ser muy complejo a la vez que eficaz en términos de integridad –voto libre, auténtico y periódico– aunque no tan eficiente dado su costo, agravado por el hecho de que los partidos aumentaron su propio financiamiento público y no han abandonado malas prácticas de financiamiento irregular.

Ante el relevo de la presidencia y varias consejerías del INE en los últimos tres años, además de los relevos en organismos electorales locales, Morena ha cobrado mayor influencia en ellos y se razona o teme que aquéllos pierdan su autonomía e imparcialidad.

Hay varias consideraciones que por cuestiones de espacio no puedo abordar aquí. Por ejemplo, si el modelo 1996 o 2014 de organismos electorales sigue siendo justificable; si el contexto ha cambiado tanto que ya no es idóneo; si hay que perfeccionarlo o transformarlo y en qué medida o términos (Plan A, Plan B o alguno otro).

El punto a subrayar es que mientras no exista un nuevo acuerdo político constitucional para tal efecto, o bien que la SCJN no valide cambios legales a algunas de sus partes, dichos organismos, sin menoscabo de la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales (FEDE), deberán continuar jugando el papel de garantes autónomos e imparciales de la democracia electoral en los términos que les confiere el propio texto constitucional y su interpretación valida vigente.

Dado que en los hechos la independencia de los consejeros electorales se juega hasta en cada conversación telefónica o entrevista de prensa o mensajes en redes con sus interlocutores, los cuales también hacen política –sean o no políticos partidistas– lo más aconsejable es que los recién llegados y los que ya están allí asuman y ejecuten su papel de guardianes de la integridad democrática electoral conforme con la Constitución, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las mejores prácticas posibles.

La experiencia revela que, de traicionar ese mandato, los costos resultan mayores para todos, incluidos sus interlocutores autorizados o potenciales interventores con quienes tienen, irremediable y responsablemente, que dialogar y acordar.