Cuando un ciudadano acude a las instancias encargadas de la impartición de justicia, lo menos que espera es un trato imparcial y justo por parte del juez que conozca del caso, y más cuando los ataques al poder judicial se han acrecentado.
En nuestro país la justicia se imparte de manera discrecional en muchas ocasiones o se presta para hacer “oídos sordos” a los alegatos o pruebas de alguna de las partes involucradas en un conflicto. Aquí un caso que lo ejemplifica.
Lo que no debe pasar
Recientemente se dio a conocer un caso que involucra a la juez segundo de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, Miriam Olimpia Lozano Rodríguez, quien, junto con un grupo de abogados, un perito tercero en discordia, actualmente privado de su libertad por delitos cometidos dentro del expediente judicial respectivo y las legatarias de una sucesión, se intenta apoderar ilegalmente de un bien inmueble ubicado en la exclusiva zona de Polanco.
El juicio trata de una sucesión testamentaria, donde de acuerdo con los abogados de la parte afectada, la jueza ha incurrido en actos no apegados a la correcta impartición de la justicia que, entre otras cuestiones, pretenden otorgar un beneficio indebido en favor de las sucesoras testamentarias y en perjuicio de la única heredera, al grado de ordenar la ejecución de actos contrarios a la propia legislación civil.
Los abogados de la albacea de la sucesión testamentaria ya presentaron una denuncia en contra de la juez, por hechos que la ley señala como delitos y están solicitando al Poder Judicial de la Ciudad de México, que la jueza Miriam Olimpia Lozano Rodríguez se excuse o abstenga de seguir conociendo del juicio testamentario dada su notoria inclinación en favor de una de las partes.
No es la primera vez que la juez Miriam Lozano es señalada por actuar en contravención a la ley, ya en octubre del año pasado, integrantes de la Barra de Abogados Independientes del Valle de México, hicieron del conocimiento público que la mencionada jueza, se negaba a liberar cheques por la venta de una casa habitación que tiene en resguardo desde hace más de siete años, con la intención, según los propios denunciantes, de obtener una cuota millonaria antes de liberar dichos cheques conforme a la ley.
Cuando los jueces fallan
Y es que bien podría decirse, el juez es la parte central de la procuración de justicia. Su papel fundamental es el de actuar con apego a la ley para dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad cumpliendo con la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa y gratuita, su quehacer no únicamente se circunscribe a esa actividad inmediata que realiza, sino también a las funciones de la justicia que se producen como efecto de las resoluciones que pronuncian, mismas que tienen importantes implicaciones para la sociedad en su conjunto, no solo para las partes que se encuentran en una disputa en particular.
Es decir, la actuación de un juez puede contribuir a generar un ambiente de confianza, estabilidad y equilibrio social, de certeza y seguridad jurídica, y contribuir de manera directa y destacada en mantener la paz y la tranquilidad social.
El juez debe, como conocedor de la ciencia jurídica, limitarse a emitir responsablemente fallos apegados a la ley y conservando una conducta altamente ética, con principios y valores mínimos indispensables.
Pero ¿qué pasa cuando el sistema de impartición de justicia falla? Es decir, cuando la resolución de un juez, como en el caso que describo afecta a una de las partes injustificadamente, sólo porque la jueza Miriam Lozano, en lugar de cumplir con la función primordial del cargo público que ostenta decide, arbitrariamente, ejecutar actos que parecerían salir de una ley que no existe y que se aplica solamente para afectar a una de las partes, en este caso la legítima heredera de un bien inmueble.
¿Cuántos casos habrá como este? Donde la aplicación de la ley no llega de manera imparcial, o donde los jueces se sirven del poder de sus resoluciones para obtener beneficios para una de las partes o peor aún, para los propios.
Para quienes estamos convencidos y comprometidos en la defensa de la división de poderes, y en particular de la SCJN como máximo órgano y por ende de los órganos jurisdiccionales, que pensamos que ahí deberían estar las mejores mujeres y hombres con valores y principios para ejercer la labor judicial, es difícil entender que no siempre es así, porque lo mínimo que deberían tener como cualidades para ocupar esos cargos es objetividad, imparcialidad, honradez e independencia, sin ello, no hay ni habrá confianza.
X: @diaz_manuel