El Poder Judicial en México ha sido históricamente un espacio donde las decisiones se entrelazan con los pactos de poder más oscuros. La reciente decisión de la jueza Angélica Orduño Suárez, que permitió a Mario Marín, el exgobernador de Puebla, continuar su proceso en libertad tras ser acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, es una muestra de cómo la impunidad sigue siendo la norma para aquellos que detentan el poder.
Mario Marín, quien durante su mandato en Puebla en 2005 ordenó la detención de Lydia Cacho como un favor al empresario Kamel Nacif, se convirtió en un símbolo de la corrupción institucional y de la violencia de Estado contra quienes se atreven a alzar la voz. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo exoneró en 2007, enviando un mensaje contundente: la justicia en México no es para todos, y menos aún para aquellos que exponen las entrañas podridas del poder.
Con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, muchos esperaban que este caso emblemático encontrara finalmente una resolución justa. En 2021, la detención de Marín en Acapulco parecía un avance, pero la reciente decisión de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria demuestra que, cuando se trata de proteger a los suyos, el sistema sigue funcionando con la misma lógica perversa.
Sería ingenuo creer en las defensas a la reforma judicial ignorando que, en los poderes judiciales locales, son los gobernadores los que han tenido el poder de impulsar la carrera de juzgadores, proponiéndoles o apoyándoles para crecer de simples jueces de primera instancia hasta magistrados o jueces de distrito.
El argumento de la jueza Orduño, quien determinó que el delito de tortura “no amerita prisión preventiva oficiosa”, es un insulto a las víctimas de la violencia de Estado y a la lucha por los derechos humanos en México. No sólo porque a pesar de que esta decisión es apelable y podría ser revocada por una autoridad superior, las víctimas están obligadas a sufrir la manera en que sus casos se alargan con la regla de que jamás habrá certeza de impartición de justicia, sino un ambiente hostil en el que siempre se debe de estar a la defensiva pues factores de poder como las elecciones y la llegada del ahijado de Mario Marín a la gubernatura de Puebla por el partido más poderoso de la última década, que es Morena, son capaces de cambiar toda tendencia legal.
Peor en el contexto promocional de una reforma judicial que no tiene a las víctimas en el centro, ni se preocupa por combatir la corrupción de los Poderes Judiciales en las entidades, construidos por lógicas de encubrimiento a las clases políticas dominantes a lo largo del tiempo, o sea, que ni siquiera se trata de expriistas o experredistas, sino de personajes que han logrado encumbrarse en espacios para mantenerse en el poder sin importar de donde vengan. Es una pena que la “deforma judicial” pretenda, en realidad, eliminar lo poco que funciona bien dentro del sistema de justicia del país, que es el recurso de amparo y los mecanismos de control constitucional. Aunque a estas alturas, destacan dos factores: por un lado, la sentencia que se encuentra pendiente en la Suprema Corte en la que se condena de manera final a Mario Marín por la tortura ordenada en contra de Lydia Cacho, por otro, la inminente capacidad económica por sus vínculos con la industria multimillonaria de la trata de menores que permitiría a Marín trasladarse en jet privado a su “chalet” en Suiza o a cualquier lugar. Ese riesgo real de que se sustraiga de la acción de la justicia y de que su liberación sea factor de riesgo para Lydia Cacho.
Lydia Cacho, una de las periodistas más valientes y comprometidas del país, ha señalado que sus abogados exigen que al menos se imponga un brazalete electrónico a Marín. Pero, ¿es esto suficiente? La respuesta es un rotundo no.
Este cambio de medida cautelar no solo es un golpe a la justicia, sino también una lección de impunidad para las víctimas. Es una pedagogía de silencio que enseña a las personas que alzan la voz que el costo de enfrentar al poder es alto, y que aquellos que cometen abusos rara vez enfrentan las consecuencias.
El caso de Lydia Cacho ha sido una batalla constante contra los pactos de poder que se tejen en las sombras. La reforma judicial actualmente planteada reforzará esos pactos y eliminará la posibilidad de las víctimas para sobreponerse a la arbitrariedad pues ¿Qué juez, electo popularmente, se atreverá a condenar a su padrino político que le haya ayudado a llegar?
La liberación de Marín, bajo el pretexto de que no representa un riesgo de fuga, es un recordatorio de que la justicia en México sigue siendo selectiva. Mientras que los ciudadanos comunes enfrentan las consecuencias más severas por delitos menores, la clase política continúa manipulando el sistema a su favor.
Es imperativo impedir que esta clase de decisiones pasen desapercibidas, pues el cinismo contra Cacho amenaza casos emblemáticos como el de Cecilia Monzón. La impunidad en el caso de Lydia Cacho no es solo una traición a ella y a su labor periodística, sino a todos aquellos que han sido silenciados por un sistema que sigue privilegiando a los poderosos sobre los derechos humanos y la justicia. En el caso de López Zavala, “amigo como si fuera hermano” del gobernador electo, Alejandro Armenta y ahijado político también de Mario Marín forma parte de la pandilla criminal de agresores que pudo criar uno de los referentes del peor priísmo de la historia, que ahora están tan cerca de buscar la misma suerte de Marín.
Las víctimas merecen mucho más que la simple esperanza de que algún día se les haga justicia. Merecen un sistema judicial que funcione para todos, sin importar el nombre o la posición de los acusados. Hasta que eso no ocurra, la rabia seguirá justificada, seguiremos siendo testigos de cómo los pactos de poder, nunca resueltos, continúan dictando el destino de nuestros silencios. Sin justicia, el exilio seguirá siendo el único camino de supervivencia y eso debería avergonzarnos.
A PROPÓSITO de la audacia que implica buscar justicia en México, podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer caso de violencia vicaria y violencia institucional por parte del Poder Judicial y las fiscalías en contra de una mujer víctima de Jalisco que ha tenido una lucha titánica por mantenerse viva y recuperar a sus hijos. Se trata de Blanca Paredes, quien acompañada de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad podrían sentar un precedente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha logrado la admisión para análisis en la Comisión Interamericana, donde se verificará con base en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que su asunto nunca podrá ser resuelto en nuestro país por el nivel de influencia de su agresor (que es juzgador) así como a la incapacidad de Jalisco, uno de los peores lugares para ser mujer, de atender y brindar medidas de protección.