La organización “Quinto Elemento” esta reputada y se presenta a sí misma como un “Laboratorio de Investigación” periodística,” independiente sin fines de lucro que busca alentar y realizar reportajes que empoderen a la ciudadanía, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente (….) No tomamos causas ni banderas; no hacemos nuestras batallas de partidos o grupos de interés político.” (https://quintoelab.org/nosotros)
Ahora bien: en su espacio web se encuentra una columna periodística firmada por Silver Meza articulista del periódico El Universal cuyo título es “El gobierno autorizó a la DEA entregas ‘controladas’ de cocaína en México”. Es más que evidente que se refiere al gobierno de México que encabeza el presidente AMLO. Y luego en la entrada a la columna leemos:
“En cartas enviadas por la DEA y el ICE a la Fiscalía de Colombia se asegura que, de 2019 a 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita para realizar transacciones; el objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional.”
Silver Meza
La aseveración es sumamente seria, sin estridencias verbales, grave, con muchas implicaciones de todo tipo, legal, político, económico, respecto de las relaciones bilaterales y hasta hemisféricas. La columna periodística está fechada en la página de “Quinto Elemento” el 13 de diciembre de 2023 en una sección que se llama “Narcofiles”.(https://quintoelab.org/project/dea-mexico-entregas-controladas-cocaina-narcofiles).
Obviamente la organización periodística no es responsable de lo que escriben los periodistas en su espacio, en el caso dado. Se entiende perfectamente bien. Pero una aseveración tan grave debiera ser motivo de una investigación, tal vez dependiendo de cómo la vean y perciban los responsables del espacio, ya que es su espacio y porque se definen “apartidistas” en su trabajo profesional, y esto impacta la política mexicana. De ninguna manera hablamos de que deba ejercerse la “censura”, sino de verificación en un caso de alto impacto, consideramos.
En el texto se lee también:
“Caso 1. New Generation
El agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia. A la operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a los Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.”
Silver Meza
La “carta” está membretada por la “División Criminal del Departamento de Justicia” (del gobierno de los EUA) y la solicitante directa es la agencia antidrogas estadounidense, la DEA (dependiente de dicha instancia de gobierno, o sea, del Departamento de Justicia).
Hasta aquí nuestras transcripciones que son sumamente precisas en su contenido, el cual, refiere el periodista que hemos citado arriba. En la columna se ofrece la foto del documento supuesto que envió la instancia de justicia de EUA, con un sello y una firma dirigida al Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación con sede en Bogotá, Colombia, y fechada el 16 de diciembre de 2020, con el número de oficio “ICD 156/20″.
Adicionalmente se refiere en el texto del periodista Silver Meza:
“Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de diciembre de 2020, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la fiscalía colombiana llenó el formato que se necesitaba para aceptar el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas.
El gobierno colombiano aceptó la incorporación de dos agentes encubiertos miembros del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU (una estructura nacional que opera en apoyo de la DEA en Colombia y otros países), acompañados de dos agentes de control para supervisarlos y apoyarlos. La operación general fue calificada como de riesgo medio, pero el trabajo de los agentes de riesgo alto.”. Hasta aquí lo dejamos, el documento y la página están disponibles.
Obviamente el objetivo era identificar a los integrantes de la organización criminal para detenerlos in fraganti mediante los agentes policiales encubiertos de origen colombiano. Es evidente que esta fue la misma técnica de investigación especial que se usó en la “Operación Rápido y Furioso”, y esta otra “Operación New Generation” parece la “segunda edición” de este tipo de operativos especiales en las que se puede perder el control con relativa facilidad, y en cuyo caso, suelen traer más complicaciones de las que pudiera sospecharse. Además los “carteles criminales” no son infantes, tienen sus propios grupos de inteligencia y contrainteligencia. Suponemos.
Aseverar la existencia de “entregas controladas” es muy drástico. Creo que el gobierno tiene la palabra, Ojalá haya un “oído receptivo”, en Presidencia, en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en Secretaría de Gobernación o de Relaciones Exteriores. Personalmente me parece totalmente inverosímil y habría que checar la autenticidad de los documentos en los que se ofrecen detalles significativos.
A menos que consideren que el asunto no amerita nada desde el gobierno nacional. En contrario consideramos que sí debe haber una aclaración, precisión o abierto desmentido, porque en la “Operación Rápido y Furioso” en su momento (las 2,500 armas que entraron a México y a las cuales le seguían el rastro autoridades estadounidense y mexicanas, rastro que finalmente perdieron) altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón dijeron que ignoraban totalmente dicho operativo, mismo que generó muchos problemas. Hay todavía demandas pénales pendientes por ello y muchas aclaraciones y explicaciones.
En el caso de “New Generation” el gobierno actual quedaría pésimamente parado porque condenó de manera contundente y pidió explicaciones en EUA, y ha manifestado su disposición a actuar penalmente contra sus coautores nacionales. Hay también una investigación internacional se ha dicho. En este operativo hay también –mencionan en el texto citado- millones de dólares americanos que se usaron. Todo ello requiere ser informado o desmentido ante la sociedad mexicana. Aunque lo más seguro es que sean muy pocos los que conocemos el caso a partir de aparecer en el espacio de Quinto Elemento en donde se puede leer la historia completa, aquí, apenas esbozada en sustancia.
Veremos.