Cuando se pregunten qué es el “pacto patriarcal”, bastará ver el acuerdo entre integrantes de la Jucopo, principalmente hombres que representan a las fuerzas políticas mayoritarias del país (Morena/PAN-PRI-PRD), que tiene como objetivo hacer estéril la paridad constitucional eliminando facultades del Tribunal Electoral que anteriormente logró materializarla.
En la reforma político-electoral de 2014 se incorporó por primera vez el principio de paridad en las candidaturas con una reforma constitucional, de las famosas “estructurales” que impuso a los partidos políticos y candidaturas independientes la obligación de postular al Congreso de la Unión y legislaturas locales en 50% mujeres y 50% hombres. Hasta 2019 se aprobó la reforma de “Paridad en todo” para que el mismo principio alcanzara cada uno de los poderes, además del legislativo, y también cada uno de los niveles, además del federal, el estatal y municipal.
La voluntad política fue tan ausente y omisa para cumplir con la presencia de mujeres en sus listas, que nacieron estrategias fraudulentas para dar la vuelta al principio de paridad: Las mujeres fueron llamadas para rellenar listas en espacios finales, colocadas a modo en distritos electorales perdedores, obligadas a renunciar para que fuesen los suplentes hombres quienes accedieran a los cargos y otras mañas que terminaron en Tribunales gracias a mujeres que defendieron su derecho a la participación política. Esas sentencias se convirtieron en mandato y es así como hoy gozamos de un Congreso de la Unión integrado en estricta paridad, mujeres presidiendo la Suprema Corte y el INE, así como mujeres en la mitad de los Consejos y espacios de poder. Sin embargo, algunos desconocen la historia y a otros les ha convenido ignorar el esfuerzo de generaciones de mujeres feministas, sufragistas y académicas por lograr influir para que esto sea una realidad.
Este martes se discutió en la Cámara de Diputados una reforma que pretende derogar la facultad del Tribunal Electoral de hacer valer los principios constitucionales y estatutos partidistas ante las decisiones de los propios partidos políticos que pudieran violarlos. Cada partido esconde su crisis y aquellos choques de poder internos les ha llevado a confabular contra el mandato paritario que ordena mujeres presidentas de partidos, que les obliga a cumplir sus propios estatutos aprobados por la militancia y que les coloca bajo la jurisdicción del Tribunal Electoral para hacer cumplir los principios constitucionales, leyes y reglamentos en la materia.
Entre esos principios constitucionales, el de paridad y representación de minorías. Entre el cumplimiento a los estatutos que aprobaron las militancias partidistas, están las disposiciones que establecen la duración de los periodos para presidencia y secretaría general de los partidos, su método de elección, así como el de candidatos y cualquier otra regla estatutaria vigente. El PRI desea ampliar el mandato de “Alito” Moreno para que sea él mismo y su grupo quien pueda disponer sobre la alianza y sobre el reparto de candidaturas; Marko Cortés se enfrenta a un panismo en crisis con ausencia de mecanismos democráticos y renegado a que sea una mujer la que tome el cargo a su salida mientras que en Morena, Mario Delgado espera también ampliar el mandato que lo obliga a convocar al proceso de renovación este 2023.
Este mismo día, el director de este medio, don Federico Arreola publica en su columna un recuento de las mujeres en espacio de poder entre las que destacan varias que llegaron gracias a resoluciones del Tribunal electoral, como la presidencia de la Consejera del INE, Guadalupe Taddei, la integración en paridad de ese organismo autónomo, las diez gobernadoras y la presidencia de una mujer ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El camino, dice, está abierto para una primera mujer presidenta. Sin embargo, también afirma que todo lo anterior se ha dado porque “Andrés Manuel lo ha hecho posible.” Afirmación que me parece patriarcal y un poco sesgada.
Ni Morena es autora de la paridad ni Andrés Manuel tiene que ver con la lucha transgeneracional comenzada por el derecho al voto en tiempos de Elvia Carrillo Puerto, continuada por las sufragistas y por las paritarias, por las académicas, feministas, mujeres políticas violentadas, mujeres beneficiadas por las cuotas, indígenas hijas de las acciones afirmativas y muchas otras que se atrevieron a luchar legalmente porque nuestros derechos fuesen respetados. De hecho, la paridad en todo, las gobernadoras y las futuras presidentas llegarán a pesar de Morena.
Fue Morena junto con el PAN y el PRI los que se opusieron a que se postulara en 2021 a mujeres en al menos 8 entidades. La propia gobernadora Evelyn Salgado logró llegar al poder gracias al INE y al Tribunal Electoral, no a la voluntad política de los partidos.
Hoy se desnuda también la hipocresía de los defensores del INE, aquellos militantes de la oposición que abarrotaron el Zócalo “defendiendo la democracia” pero que hoy están dispuestos a violarla con tal de que sus líderes repitan mandato. No defienden la democracia, defienden sus privilegios.
Recordemos que fueron las mujeres feministas las que lograron que las listas se integraran de manera intercalada, con las minorías en los primeros 10 lugares: jóvenes, indígenas, comunidad LGBT. Todo lo anterior fue a pesar de los partidos políticos, mismos que tuvieron que acatar por mandato del Tribunal Electoral.
Fue el tribunal el que obligó a terminar con las “Juanitas” y la simulación. Hay presidenta de la Corte por el Ministro Zaldívar y la reforma judicial que pretendía establecer que un periodo corresponde presidir a un hombre mientras el siguiente a una mujer. Hay consejera presidenta del INE gracias a que aspirantes promovieron ante el Tribunal Electoral un recurso que le permitió pronunciarse en ese sentido. Hay mujeres gobernadoras porque el Tribunal Electoral obligó a los partidos a postular mujeres, aún cuando algunos pactaron los fracasos de sus propias compañeras como en el caso de San Luis Potosí. La paridad se ha consolidado por las resoluciones del Tribunal Electoral, a pesar de los partidos y gracias a las feministas.
Mismo Tribunal electoral que hoy buscan amagar con una reforma para que no intervenga en la aplicación estricta de estatutos y decisiones internas de partidos. Habrá paridad en la Constitución, pero sin facultades del Tribunal para hacerlo valer, prácticamente será una “paridad sin mujeres”. En poco o nada servirá que haya una mujer encabezando las encuestas, que pueda ser presidenta si todo el cuerpo democrático quedará a la potestad de quien guste o no respetar la ley, a la decisión de quienes gusten o no respetar sus estatutos, a la ausencia de Estado de Derecho, a las reglas del juego que se mueven a capricho, a la decisión patriarcal que no tiene nada voluntad porque sean más las que lleguen.
Hace décadas, Simone de Beauvoir advirtió atinadamente: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.
A veces, resulta fundamental recordar que las mujeres han luchado desde antes de la llegada de AMLO. Que muchas le apoyaron, que el mismo supo lo fundamental de integrar a la mitad de gabinete por mujeres, pero que ahora también, sus decisiones han unido a millones, pero no por agradecimiento sino por enojo. No tendremos una cabeza visible o una lideresa vertical, pero en el feminismo tenemos una causa transgeneracional que hoy nos junta en el lado opuesto a quienes pretenden cercenar nuestros derechos.