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Trabajadores de distintos sectores del poder judicial de México iniciaron este lunes 19 de agosto un paro indefinido de labores para tratar de frenar la reforma propuesta por el jefe del ejecutivo federal a la impartición de justicia la cual propone, entre otros puntos, la elección de jueces y magistrados por voto popular. El cese de actividades de los empleados de los tribunales podría ocasionar el que se infrinja un mayor daño a la economía del país del que ya ha causado desde hace varios lustros la ineficiencia de esta institución de justicia.
Magistrados y jueces federales aprobaron el pasado lunes sumarse en el primer minuto del miércoles 21 de agosto al paro nacional, tras obtener 1.202 votos a favor y 201 votos en contra de la suspensión de actividades, según un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, con lo que se ampliará el rezago en la implementación de la justicia en el país y la población seguirá siendo victima de la inseguridad jurídica.
La reforma al poder judicial es urgente ya que la ineficiencia y lentitud del sistema de impartición de justicia mexicano tiene consecuencias negativas no solo en el área penal donde la falta de eficacia de jueces y magistrados dejan en prisión a personas inocentes durante mucho tiempo, sino también tiene efectos negativos en el ámbito económico pues sus decisiones afectan los bolsillos de millones de mexicanos.
La lentitud de los tribunales administrativos, mercantiles y laborales para dictar sentencias y ejecutarlas tienen consecuencias negativas sobre la economía que implican pérdidas millonarias para miles de trabajadores y merman la productividad y capacidad de inversión sobre todo de pequeñas y medianas empresas.
Un claro ejemplo de la lentitud de los tribunales que afecta al erario público, es el fallo de hace unas semanas del décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa que negó el amparo solicitado por Grupo Elektra; reafirmando la obligación de la compañía de pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 2 mil 011 millones de pesos de un adeudo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
La negativa de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego a pagar su adeudo fiscal data de hace 16 años y es apenas ahora que se da un fallo, sin embargo, está resolución no es definitiva ya que los abogados del magnate regiomontano todavía pueden hacer una apelación ante la Suprema Corte de Justicia y el caso se prolongaría más.
El ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar hace unos meses atrajo la petición de amparo del Grupo Salinas, sin embargo, mantuvo guardado el expediente fiscal durante 8 meses, y no fue devuelto hasta que, el impartidor de justicia fue obligado a devolver a otro tribunal colegiado el expediente.
Lo exigido a una de las compañías del empresario regiomontano apenas representa el 3% de todas las presuntas obligaciones tributarias pendientes de Grupo Salinas, esto de acuerdo con lo exhibido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 20 de marzo.
La información del SAT habla que los adeudos tributarios de las empresas de Salinas Pliego son por más de 53 mil millones de pesos correspondientes a juicios fiscales como parte de las auditorías ejecutadas a cuatro empresas por el Servicio de Administración Tributaria entre 2008 y 2018 y más de 10 mil millones de pesos por créditos fiscales.
El sistema judicial no ha puesto un freno al llamado ‘Cártel Inmobiliario’ donde funcionarios de municipios y alcaldías coludidos con desarrolladores inmobiliarios y jueces de varias partes del país y sobre todo en la Ciudad de México, especulan con escasez de terrenos disponibles en áreas centrales y bien ubicadas llevando a un aumento en los precios de la tierra, lo que a su vez impulsa el costo de la vivienda.
Los desarrolladores inmobiliarios, en contubernio con funcionarios corruptos y grupos de interés, adquieren terrenos a precios bajos mediante la coerción, la corrupción o la especulación, y luego construyen propiedades que venden o rentan a precios inflados.
Otro aspecto clave de la corrupción inmobiliaria es la falta de regulación efectiva y la impunidad. Aunque existen leyes y regulaciones destinadas a controlar el mercado inmobiliario y proteger a los consumidores y el medio ambiente, la corrupción y la falta de aplicación de la ley han permitido que los actores del cártel operen sin restricciones significativas.
El Banco de México elaboró un estudio para evaluar los impactos económicos que tiene la ineficiencia de la administración de la justicia en el país el cual fue publicado en junio del 2017 y que fue titulado: “Eficiencia del Sistema de Justicia y Desempeño Económico Regional en México”, el documento fue realizado por Juan Carlos Chávez Martín del Campo, Felipe J. Fonseca y Manuel de Jesús Gómez Zaldívar.
“El estado de derecho es una variable multidimensional que se aproxima regularmente con indicadores de derechos de propiedad, eficiencia e independencia del sistema judicial, tasas de criminalidad, combate a la corrupción, estabilidad política, etc.”
Banco de México
A la conclusión que llega el estudio es que “consideramos que una característica fundamental que limita el crecimiento de México como un todo, y de sus entidades, es la insuficiencia del estado de derecho” y una marcada ineficiencia de la administración de justicia.
El estudio encargado por la institución bancaria muestra una gráfica que ilustra la relación entre tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) promedio de las entidades, en el periodo 2006-2013 y el tiempo promedio, en el mismo periodo, que tomó resolver conflictos comerciales en ellas. “En el cuadro se puede observar una clara relación negativa, y significativa, entre estas dos variables”; mientras hay un mayor tiempo de resolver el conflicto comercial hay un menor crecimiento económico de las entidades.
Durante el periodo neoliberal el desinterés político, social y mediático e, incluso, la falta de atención entre los juristas y los jueces, acerca de la relación entre la economía y las instituciones jurídicas en México, incidió negativamente en la producción y el empleo, además ha sido un factor del aumento de la brecha de desigualdad económica y social.
Sin embargo cuando el poder judicial mexicano quiere ser eficiente y ponerse al servicio del poder económico y político neoliberal la “justicia es pronta y expedita” como cuando en tres horas 25 minutos y prácticamente sin discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló en julio del 2010 la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro al validar las facultades del expresidente Felipe Calderón para emitir el acto administrativo que desapareció ese organismo descentralizado dejando sin empleo a más de 40 mil trabajadores.
A la empresa de origen español Iberdrola, se le otorgaban amparos contra resoluciones de el gobierno federal, al día siguiente que se presentaba la solicitud.
El paro de los trabajadores del poder judicial aumentará los daños económicos que le ha hecho durante varios lustros al país esa institución ineficiente en la impartición de justicia.