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Trabajadores y empresarios del sector transporte están en riesgo de perder sus empleos y negocios por la negligencia y corrupción de las autoridades federales que norman este servicio y esto se puede convertir en un freno a la inversión de otras industrias en el país.
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) es la responsable de emitir el reemplacamiento de placas, así como la licencia federal para los transportistas terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos, sin embargo este último recientemente transfirió la responsabilidad a la Agencia Federal de Aviación Civil, derivado de la de calificación negativa que emitió la autoridad estadounidense en el periodo que la responsabilidad recaía en la SICT.
Hoy en día existe en México una urgencia extrema de iniciar un programa de reemplacamiento federal del autotransporte, ya que el último que se realizó fue durante el gobierno de Felipe Calderón, lo cual implica una evidente falta de control y supervisión de las unidades de transporte de carga o pasajeros que circulan a lo largo del territorio nacional.
Por otra parte, en la actualidad existe un rezago profundo en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte federal, lo que provoca, que cerca de dos millones de mexicanos que se dedican a esta actividad en sus diversas modalidades, se encuentran operando en la clandestinidad, con la complicidad de las autoridades en la materia. Estas situaciones han sido provocadas por la profunda indiferencia del director general de protección y medicina preventiva en el transporte Guillermo García Pinto y del director de autorización y evaluación a terceros Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez, quienes de manera arbitraria e ilegal están desapareciendo la figura de los médicos terceros autorizados e impactando gravemente al sector transporte y sus usuarios.
Asimismo, se tiene conocimiento que personal de la propia dirección general practican de manera fraudulenta y sin estar facultados para ello, diversos exámenes psicofísicos a efecto de emitir licencias para autotransportistas no aptos, manipulando los sistemas de captura y cobrando moches a los interesados.
Además, se tiene conocimiento que el propio director general Guillermo García Pinto, se ha reunido en diversas ocasiones con el dueño de los laboratorios “SALUD DIGNA”, quien recientemente ha sido señalado por prestar su avión privado al gobernador de Sinaloa, acordando eliminar la figura de los médicos terceros autorizados, a fin de que su laboratorio realice los exámenes médicos, lo cual representa un evidente acto de corrupción que no se puede pasar por alto.
Lo anterior tiene como único objetivo tratar de limpiar antes de que entre la nueva administración, las evidentes irregularidades cometidas por los funcionarios involucrados, además de asegurarse un negocio muy lucrativo durante la próxima administración federal.
La SICT cuenta con una Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) dentro de la estructura de la Subsecretaría de Transporte, además de 48 unidades médicas propias para realizar los exámenes médicos para los aplicantes a la licencia federal, sin embargo, cuenta con un programa de médicos terceros autorizados.
Los médicos terceros autorizados son particulares que solicitan una autorización a la SICT para prestar los servicios de médico dictaminador para los exámenes médicos que requiere la licencia. Este programa ha sido exitoso. Actualmente el 25% de los exámenes médicos son realizados por la SICT y un 75% por médicos terceros autorizados.
Finalmente, cabe señalar que existen diversas cámaras y agrupaciones de transportistas que han expresado su inconformidad con dichas situaciones, sin que a la fecha las autoridades de la secretaría se hayan pronunciado al respecto. Los errores y corruptelas de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) afectan gravemente la actividad económica del sector transportista, de sus clientes y de la misma secretaría.
Como vemos es urgente que se tomen medidas para limpiar de corrupción e ineficiencia a los entes federales que norman al sector del transporte y se ponga en riesgo los trabajos de miles de personas y negocios dedicados a esta actividad económica, y sea un freno para las inversiones ya que el servicio de transportes ya sea de carga o de pasajeros reviste una gran importancia en la cadena de producción.