El lunes 2 de enero de 2023 se decidió el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que surgió 30 años antes, en el primer mes del sexenio de Ernesto Zedillo.
Ministros y ministras cometieron un grave error: elegir como presidenta del poder judicial a Norma Lucía Piña Hernández, jurista sin duda competente en su especialidad técnica, pero absolutamente ineficaz en la práctica del arte de la política, que si no se domina lleva al fracaso en un cargo como el que ella ha desempeñado.
En política, la negociación con alguien más fuerte exige, para empezar, sutileza en el trato. La ministra presidenta Piña rápidamente exhibió que la tosquedad era la principal característica de su personalidad.
En efecto, el 5 de febrero de 2023, Norma Piña dio el primer paso al abismo. Ocurrió en la ceremonia del aniversario de la Constitución en Querétaro al no ponerse de pie —cortesía elemental— cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda el gobernante más poderoso que ha tenido México en muchas décadas.
Norma Piña se dejó seducir por el canto de las sirenas mediáticas. Recuerdo el artículo de un sirenito —espero no ofender a Rigo Tovar—, Carlos Marín, de Milenio, quien dos días después del evento en Querétaro dijo del gesto descortés de la ministra presidenta que había sido un acto de dignidad, no una manifestación de desdén hacia el presidente de México.
Como Marín, muchas más personas de los medios de comunicación le dieron cuerda a la ministra Piña para motivarla a pelear con AMLO y ella, de plano ñampeada por los elogios, así lo hizo.
En las columnas periodísticas le construyeron una imagen de heroína, y la presidenta de la corte suprema se la creyó. Así, se lanzó con todo a combatir los proyectos del primer gobierno de izquierda convencida de que actuaba para defender la dignidad de la judicatura frente a la barbarie de la 4T —cito palabras, publicadas en Excélsior, de Luis de la Barreda Solórzano, quien ha participado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM—.
Norma Piña no entendió que quienes le daban cuerda, como Carlos Marín y Luis de la Barreda, comodinos guerrilleros de la laptop, no arriesgaban nada al hacerlo, pero a ella la enviaban al sacrificio personal e institucional.
Hechizada por los halagos, la ministra presidenta Piña operó para enfrentar a muerte a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación con alguien mucho más fuerte, AMLO —olvidó la jurista que si entre los perros hay unas razas más valiosas que otras, entre los poderes del Estado hay notables diferencias, precisamente, de poder—.
Hubo un periodo en 2023 en el que prácticamente no pasaba una semana sin que la corte suprema echara abajo algún proyecto de AMLO. Cito algunas notas de los diarios:
- 1. “SCJN invalida decreto que blinda proyectos prioritarios de la 4T”.
- 2. “La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”.
- 3. “La SCJN anula el control militar a Guardia Nacional”.
- 4. “La Suprema Corte declara la invalidez del plan B electoral de AMLO”.
- 5. “Ministro de la SCJN ordenó frenar la distribución de libros de texto gratuito en Coahuila”.
El hecho es que, después de que a la corte suprema la encabezara Arturo Zaldívar Lelo de Larrea —quien tuvo una relación correcta, pero cuestionada, con el presidente López Obrador— lo que se necesitaba al frente del poder judicial era a una persona con conocimientos jurídicos, sí, pero también con vocación y capacidad para la negociación política.
El ideal para el cargo era Alberto Pérez Dayán. En su momento lo dije aquí. Desgraciadamente este jurista no contó con el apoyo que se requería para llegar a la presidencia de la SCJN —hasta lo traicionó uno de sus aliados, Luis María Aguilar Morales—.
Ayer, en el debate en la corte suprema sobre la reforma judicial el ministro Pérez Dayán demostró que, con él en la presidencia, la actual Suprema Corte de la Nación habría sobrevivido.
La complejidad política de este principio de sexenio exigía que al menos un ministro, de ocho inconformes con la reforma judicial, actuara con prudencia para evitar la tan temida crisis constitucional, y don Alberto, pagando el costo de recibir numerosas calumnias, actuó pensando en lo mejor para México y no en la vanidad lastimada de juristas que se dejaron llevar al cadalso por la fallida adalid de la independencia judicial llamada Norma Piña.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, persona de gran cultura y conocimientos de derecho, presentó un proyecto muy inteligente, salomónico, que si hubiese sido aceptado por los poderes legislativo y ejecutivo, habría eliminado el principal de los defectos de la reforma judicial: la inviable elección en las urnas de cientos de jueces, juezas, magistrados y magistradas.
Pero —la realpolitik es la verdadera soberana en los asuntos del Estado— por la razón que hubiese sido la idea de don Juan Luis no recibió el visto bueno ni de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de quienes mandan en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Entonces, la propuesta que se discutió, si se aprobaba, iba a dañar a nuestro país. Lo entendió Alberto Pérez Dayán y no dio su voto. Se ha ido el fantasma de una crisis constitucional que tanto daño iba a provocar.
Como mexicano te doy las gracias, querido ministro Pérez Dayán. Ahora estás en el centro de una tormenta de insultos y calumnias. Resistirás porque actuaste con ética. Nada ensuciará tu nombre —que es el de tu talentoso hijo— ni tu bien ganado prestigio de gente honesta.