A pesar de la manifestación multitudinaria en defensa del INE, que tuvo lugar el domingo pasado en un buen número de ciudades del país, el presidente AMLO se empecina en lanzar acusaciones contra el organismo y sus consejeros. Nuevamente, en un intento reiterado de manipular la realidad nacional, aseguró que era necesario reducir el salario de los funcionaros que integran el Consejo General.
Huelga recordar que a la luz de cualquier análisis serio, las remuneraciones de los consejeros son in-tras-cen-den-tes. Lo que en realidad importa es que los mexicanos contemos con una institución autónoma que sea capaz de asegurar la organización de comicios limpios, libres de interferencia del gobierno y que garanticen que los votos valgan.
Tras la marcha, AMLO aseguró en su mañanera que tenía “un plan B” para destruir al INE. Sabedor de que la manifestación del domingo habría lanzado el mensaje a los legisladores de que cualquier acción contra la institución tendría gravísimas consecuencias políticas tanto para ellos como para cualquiera que buscase lanzarse en 2024, el jefe del Estado amenazó que encontraría la forma de alterar las leyes secundarias, pues éstas, lo sabemos, no requieren la mayoría calificada en el Congreso, sino apenas la mayoría absoluta.
Recordemos, en esta tesitura, que Morena y sus aliados, léase, el radical PT y el corrupto Partido Verde, no cuentan con las dos terceras partes para realizar en solitario una reforma constitucional.
Sin embargo, en realidad muy poco podría hacer AMLO contra el INE sin una reforma constitucional. El artículo 41 de la Carta Magna consagra todo lo relacionado con esta institución, desde la definición de su autonomía y competencias, hasta la manera en que deben ser designados sus consejeros.
Por lo anterior, un supuesto plan B, y frente a cualquier intento de reforma por parte de Morena y sus aliados a alguna ley secundaria en materia electoral, estaría limitado por el citado artículo y por cualquier disposición contenida en la Carta Magna o en la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte.
En otras palabras, AMLO NO podrá realizar una reforma mayor en materia electoral si no es capaz de negociar el voto de alguno(os) partido(s) de oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En sin duda una buena noticia para los mexicanos, pues la marcha ha enviado un mensaje claro e inequívoco a los legisladores: ni se lanzan contra el INE pagarán las consecuencias en 2024. Ello hará, sin duda, que Morena y sus comparsas no alcancen la mayoría calificada en el Congreso y que los mexicanos continuemos viviendo en una democracia, o al menos, en materia electoral.