Las relaciones entre el ejercicio del poder político y el trabajo que llevan a cabo las comunidades científicas siempre han resultado difíciles. El caso reciente (2019-2023) en que se han desarrollado los procesos de cambios al currículo y la renovación de libros de texto para la educación básica en México, no es la excepción.
A propósito de lo anterior, una de las preguntas que me he planteado, y que lamentablemente ha tenido escasas respuestas, es la siguiente ¿existe un registro sobre las relaciones que se han dado entre los políticos o funcionarios tomadores de decisiones, a nivel de políticas públicas educativas (PPE), y los científicos sociales en la actual coyuntura de los cambios curriculares y de libros de texto gratuitos (LTG)?
Pregunto eso sin descartar la participación de otros actores interesados en resguardar sus intereses económicos, políticos e ideológicos a través del debate público y los litigios, como son los casos de los poderes fácticos (entre los que se insertan los dueños de los medios de comunicación más influyentes, ciertas membretes de la “sociedad civil” y las cúpulas de los poderes económicos, entre otros), las dirigencias de los partidos políticos de oposición y algunos sectores del clero.
Sobre ese aspecto Mauro Jarquín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó hace unos días lo siguiente: “…Dichos grupos han formado una coalición discursiva tácita con una diversidad de actores educativos otrora relevantes en el sector (expertos, fundaciones, editoriales y organizaciones de la sociedad civil) hoy desplazados o venidos a menos, los cuales se han convertido –quizás involuntariamente– en sus principales aliados coyunturales.” (Ver el texto: “¿A quién beneficia el rechazo a los nuevos libros de texto?”, La Jornada, 3 de ago., 2023).
En la actual coyuntura, y en el contexto de la reforma educativa iniciada en 2019 (a partir de los cambios al texto del artículo 3º. constitucional), los vínculos orgánicos entre el gobierno federal, hoy con una orientación de políticas públicas educativas “anti neoliberales”, a través de la SEP, y los grupos que han sido responsables de la formulación de propuestas curriculares para la educación básica (en especial de la UNAM y UPN, por invitación de las titulares de la SEP, primero Delfina Gómez y luego Leticia Ramírez), han sido contradictorios, por decir lo menos.
Lo que se ha revelado recientemente es que las tensiones registradas no sólo se han dado entre las altas autoridades educativas y los especialistas en pedagogía y análisis curricular, sino que ello está relacionado con la actuación de grupos de funcionarios de niveles intermedios y personal operativo de la propia SEP, que al parecer ha consistido en presentar resistencias a los cambios propuestos a las autoridades educativas federales por parte de las/los especialistas externos. Dicho esto en otras palabras, los conflictos están a la orden del día tanto dentro como fuera de la SEP.
En una participación del lunes pasado (21 de agosto) el doctor Ángel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), reconoció los riesgos de marginación que enfrentan las y los investigadores en educación durante su intervención en los procesos de formulación de propuestas y la toma de decisiones en el ámbito de las PPE. Además, señaló que entre los equipos de funcionarios y técnicos de la SEP hay resistencias al cambio. (Ver: “Mesas de análisis sobre los libros de texto gratuitos”, canal del IISUE-UNAM, 21 de agosto, 2023, vía YouTube: https://youtu.be/rH0jrLg418Y).
Sin duda, se trata de interesantes revelaciones. Ojalá que algún día las y los miembros de la junta de gobierno del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), hicieran un ejercicio similar.
En ese mismo sentido, Catalina Inclán, investigadora del IISUE-UNAM, declaró lo siguiente: “El INEE tenía una posición política y no está mal decirlo, tenía una posición teórica y un enfoque hacia la educación. No veo la razón de evitar aceptarlo.” (Mensaje por Twitter del 21 de ago., 2023). Y yo agregaría, no existen impedimentos para narrar y publicar algunos episodios de los procesos vividos.
De la misma manera, esas historias aún no contadas sobre la integración y actuación de los grupos de funcionarios, académicos, diseñadores y docentes que se han encargado de editar la nueva generación de libros de textos gratuitos para la educación primaria, no han estado alejadas de tensiones y conflictos. Esto dicho en términos hipotéticos, porque aún no hay narraciones específicas registradas acerca de ello.
También, durante la participación antes referida, el doctor Díaz Barriga habló acerca de una lucha al interior de la SEP y que, ante las resistencias, el grupo de pedagogos (de la UNAM) que ha participado en el rediseño curricular tuvo que hacer alianza con un grupos de profesoras y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para generar y sacar adelante los programas sintéticos previos (2022-2023). O sea, los juegos o fuerzas de poder no están exentos en las coyunturas aparentemente técnico-pedagógicas en las instituciones públicas.
Cabe aclarar que eso no es nuevo ni representa un hallazgo, puesto que esos procesos de tensión o de equilibrio de fuerzas ya han sido estudiados por las ciencias políticas, o por la investigación en administración y políticas públicas.
Aquí surge una segunda pregunta importante: ¿¨Por qué hay resistencias al cambio al interior de la SEP, desde el diseño del currículo escolar hasta el rediseño de los LTG, si las nuevas propuestas están orientadas a superar las limitaciones educativas, pedagógicas y didácticas del pasado? ¿Qué otros relatos o narraciones se han registrado y que dan cuenta de este tipo de contradicciones? ¿Cuáles son las motivaciones de las resistencias al cambio o a la transformación desde dentro de las instituciones públicas?
A la manera de una primera conclusión, coincido con la afirmación que recientemente hiciera el maestro Mauro Jarquín acerca de esta discusión: “Aunque mucho menos explosiva que en el contexto estadounidense, la actual cruzada conservadora contra los libros de texto gratuitos (LTG) en México, encuentra sentido profundo no en aspectos puramente curriculares, sino en el ejercicio del poder y su disputa.” (obra citada) (https://www.jornada.com.mx/notas/2023/08/03/politica/a-quien-beneficia-el-rechazo-a-los-nuevos-libros-de-texto/)
Twitter: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com