PROMETEO
En esta semana se realizaron diversas manifestaciones y un paro nacional por parte del poder judicial de la federación, ello con relación a la desaparición de 13 fideicomisos de 14, por un monto aproximado de 15 mil mdp. El presidente López Obrador insiste que esos fideicomisos solo defienden privilegios, en tanto que el poder judicial lo rechaza y señala graves afectaciones a prestaciones e ingresos de manera general del personal que ahí labora.
Como todo tema que se discute en la agenda de México entra en la opinión pública y se genera debate mediático, para el presidente López Obrador hay beneficio y privilegios, en especial para los 11 ministros en activo y 22 en retiro. En su opinión es lamentable la manifestación en su contra, toda vez que no se afectara a los trabajadores, en su opinión. Son 55 mil trabajadores sindicalizados los que hoy están organizados y en paro hasta este 24 de octubre a reserva que amplíen ese plazo.
La aprobación en el Congreso que elimina 13 fideicomisos aumenta la fricción y tensión con el gobierno federal. La SCJN y el CJF, han señalado oficialmente que los gastos personales a los que hace referencia el ejecutivo y su grupo político no son correctos en relación a privilegios particulares. La disminuida oposición por su parte ya tiene en proceso acciones de inconstitucionalidad para revertir los efectos de esta reforma en caso de que el Senado apruebe la eliminación de los 13 fideicomisos.
Por su parte el presidente López Obrador ya también anuncia que ese recurso violenta el orden constitucional, pues la SCJN no podría ser juez y parte, razón por la cual pide a especialistas en materia constitucional que se pronuncien al respecto. Así las cosas, esta batalla y conflicto entre poderes será un nuevo frente, que es un medio que disfruta el poder ejecutivo.
Por lo anterior también los trabajadores sindicalizados del poder judicial, que representan el 60% de la planta de personal, ya se han manifestado en diversas entidades y principalmente en la Ciudad de México, e iniciaran una cascada de amparos colectivos, ya que para este grupo esos fideicomisos desaparecen derechos laborales como son pensiones, vivienda y cobertura de salud y retiro.
En tanto esto se resuelve o se complica, el pueblo bueno, seguirá solo como espectador pasivo y sin poder acceder a la tan anunciada justicia pronta y expedita y menos gratuita, por lo que sigue siendo un discurso plano en nuestro país. Este debate con el poder judicial le permite al presidente López Obrador sacar del debate mediático los temas de seguridad, las complicaciones de sus obras emblemáticas que no se concluyen y que están desfasadas de manera extraordinaria con relación al presupuesto que el mismo anunciaba hace 5 años y que sin duda son factor clave en el presupuesto de 2024.
Toda persona física o moral deber tener derecho a contar con un sistema judicial eficiente y que garantice la correcta impartición de justicia, imparcial ante los intereses económicos y políticos. La justicia debe ser dentro del plazo legalmente establecido en leyes y códigos federales y estatales. Es un hecho que hay un sentido general de inconformidad con el poder judicial por la corrupción, impunidad y en el mejor de los casos ineptitud que prevalece tanto en federales como en el fuero común, que es donde empieza el derecho en México.
Sin embargo, no se cuenta con estadísticas frecuentes, reales u oficiales que evidencien a situación de la administración de justicia y en consecuencia se incumple, inconstitucionalmente, con la justicia pronta y expedita para todos. En México se admite todo tipo y tramite, sea improcedente o no, lo cual genera excesivos tiempos y costos que afectan a la sociedad en su conjunto. La actual diferencia, no toca en ningún momento esta problemática y posibles acciones de mejora.
El que a los jueces se les revoquen sentencias o resoluciones, no tiene mayor efecto de escrutinio público, no existe sanción para las autoridades judiciales (solo internamente cuando alguno es grotesco o de plano cae de la gracia de los presidentes de los Tribunales en turno) que no realizan su trabajo profesionalmente y que alargan o chicanean los asuntos por meses sino es que años.
El Congreso determinará si procede o no la extinción de los 13 fideicomisos y los 15 mil mdp involucrados, será una dura batalla, que tendrá efectos directos en los asuntos a nivel nacional, ya de por si atrasados, que afectan la seguridad jurídica en asuntos penales, laborales, civiles, familiares, fiscales y administrativos, lo cual deja en vulnerabilidad a los denunciantes y otorga parcialidad injusta en los asuntos por no resolverse en tiempo y forma.
Se verá en esta semana si esta cohesionado o no el poder judicial, si efectivamente los razonamientos del ejecutivo con respecto al gasto son superficiales o si se hizo un correcto análisis de su contenido, y de qué manera se fondearon de origen esos fideicomisos y si realmente son solo en beneficio de una elite o es como señalan los trabajadores, ¿dónde está la Función Pública o la Auditoria Superior de la Federación?
No hay duda de que el presidente López Obrador es un hacedor de obras, ahora falta que las termine bien y funcionen bien. Hábil como pocos para manejar la agenda diaria política económica, sabe dónde están sus grupos de apoyo mediáticos, políticos y sociales, los ha sabido construir y organizar. Por otro lado, es impositivo en sus decisiones y le gusta la obediencia perfecta. Para respaldar ello tiene dos pilares fundamentales el SAT y a los militares que además hoy son un grupo institucional armado y económico preponderante.
Sería deseable una mesa de negociación al conflicto entre los tres poderes, no en la mañanera o en desplegados particulares, que sean contenidos públicos y que se hable también de la impartición de justicia con compromisos. La porra oficialista y la oposición se desgastan en ver quien tiene más likes en redes sociales o quien lleva más gente a las marchas, ese no es el tema, el asunto es revisar con objetividad el tema de los fideicomisos, pero en especial tocar el tema de impartición de justicia que en México es materia pendiente y ello inhibe la seguridad, la inversión y el estado de derecho.
Este tipo de eventos son analizados con detalle por el sector financiero nacional e internacional, de igual manera por parte de inversores privados, para tomar decisiones en materia de inversión contando con la opinión de asesores legales, que ya de por si el sistema judicial en México es cuestionado, otra rayita al tigre promovida por el propio ejecutivo no es cualquier cosa.
La actuación profesional de los abogados debe tener el deber de principios y valores profesionales: diligencia, probidad, buena fe, libertad e independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad y respeto.
X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx